Ascensos militares y política partidaria

La Constitución nacional establece que el presidente de la Nación puede, por sí solo, conceder ascensos en el mismísimo campo de batalla, tal como hizo Domingo Faustino Sarmiento al promover a Julio Argentino Roca a general tras la Batalla de Santa Rosa, en 1874. En situaciones de paz, los ascensos de los oficiales superiores necesitan el acuerdo del Senado. Esto implica la aprobación de dos tercios de los senadores presentes, situación que también alcanza a los jueces y los diplomáticos.

Como ya planteáramos desde este espacio recientemente, este año se han registrado anomalías en la aplicación de la normativa dentro del seno del oficialismo. En el caso del Ejército, a la lista de diez ascensos a generales propuesta por la Junta de Calificaciones del Ejército, el poder político sumó cinco nombres más: dos coroneles de caballería y dos de intendencia para el ascenso a general, y un teniente coronel para el ascenso al grado superior. Desde la jefatura de la fuerza se puso en evidencia su oposición a que se agregara por amistad o conveniencia política a oficiales que no habían superado los filtros institucionales. La relevancia de los méritos profesionales de toda una carrera cede terreno ante lo que sucede en el oportunismo del contexto político, por fuera del sistema militar que histórica y naturalmente debiera ser el que los califica para el ascenso.

El Senado trató en el seno de la Comisión de Acuerdos las propuestas de ascenso de las tres fuerzas; esto es, las correspondientes a coronel y general en el Ejército, almirante y capitán de navío en la Armada, y brigadier y comodoro en la Fuerza Aérea. Nueve de los candidatos enviados oficialmente ya con la aprobación del ministro Jorge Taiana y del propio Presidente fueron objetados en la comisión presidida por Anabel Fernández Sagasti, muy cercana a Cristina Kirchner: cinco del Ejército, dos de la Armada y dos de la Fuerza Aérea. La decisión fue irreversible e incluyó a un general de brigada y a un contraalmirante que ocupan funciones relevantes en sus respectivas fuerzas, propuestos para ascender al grado inmediato superior.

Los argumentos para esta exclusión no surgen con claridad. Se ha objetado el ascenso de un coronel a general de brigada, hijo de un militar juzgado por cuestiones de derechos humanos. La objeción interpuesta por “ser hijo de”, con numerosos antecedentes en la gestión de Nilda Garré, había sido hasta ahora corregida por la actual administración. No ha habido reparos para el resto de la lista, de aproximadamente doscientos oficiales de las tres fuerzas.

La Comisión de Acuerdos del Senado está ejerciendo su competencia, pero no se han explicitado las causas de estas exclusiones que entran en conflicto con lo propuesto por la Junta de Calificaciones de las fuerzas. Fernández Sagasti se habría limitado a decir que quedaban en comisión para mayor estudio, lo cual en buen cristiano equivale a decir que quedan “cajoneados”. Nuevamente, la situación remite a lo político partidario.

El caso del teniente coronel que fue jefe de la Casa Militar durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y que no fue ascendido en su momento por estar involucrado en una causa judicial explica por sí solo el problema. Desde sectores políticos del oficialismo es ahora propuesto para ascender a coronel y, eventual y retroactivamente, para su ascenso a general de brigada. Cumplía funciones como jefe de seguridad de la Casa de Moneda, un área estatal ajena a las Fuerzas Armadas. Se trata, sin dudas, de una situación anómala que involucra la intervención de un senador del oficialismo empujando esta propuesta de ascenso.

Falta un año para la elección presidencial. Con estos antecedentes, los militares pasan a estar más atentos a lo que suceda en el ámbito político para definir su futuro que a lo estrictamente militar, politizando indebidamente las fuerzas que integran.

Quien vea postergadas sus aspiraciones, ante la asunción de un gobierno de otro signo, merced a la búsqueda de influencia política podría intentar revertir una decisión que considere injusta. De ahí en más, la relación con un determinado senador, sea del oficialismo o de la oposición, pasa a ser determinante para la proyección de una carrera militar.

La ideologización y partidización política de las instituciones castrenses es la consecuencia inevitable de esta situación. Con anomalías e interferencias en los ascensos militares como las referidas, las Fuerzas Armadas pasarían a dividirse entre simpatizantes del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio o de La Libertad Avanza, con los múltiples efectos negativos que ello conlleva. Imaginemos, por caso, cómo modifica cualquier escenario que, contando con la aquiescencia ideológica de las Fuerzas Armadas, un régimen autocrático opte por involucrarlas a la hora de imponer y mantener un statu quo por fuera del libre ejercicio de la democracia y el respeto a la Constitución. Latinoamérica brinda claros ejemplos de ello.

El poder político debería evitar interferencias sobre los ascensos militares que, por simples caprichos ideológicos, desconozcan la voluntad del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo resuelto por la Junta de Calificaciones, al tiempo que favorezcan la desprofesionalización de las fuerzas y las alejen de su principal misión.