Asegurar la independencia del Banco Central
Sería conveniente modificar la cláusula de la carta orgánica de la entidad monetaria que permite remover a su presidente por decreto
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Es concebible la supresión de un Banco Central, aunque de lo que un país no puede prescindir es de las funciones que habitualmente cumple una entidad de ese carácter. La emisión de moneda podría teóricamente no ser una tarea del Estado. Esto podría ocurrir ya sea por dejarla en manos de emisores privados (free banking), o por utilizar moneda de otro país, como con una dolarización, o mediante la participación en una unión monetaria de naciones. Aun fuera de estos casos, el gobierno también podría emitir moneda sin tener un Banco Central, pero en el mundo real de nuestra historia política sería como darle las llaves de la bodega a un alcohólico.
Concentrar la atribución de emitir dinero solo en una entidad independiente funciona para los gobiernos como un cinturón de castidad. Aunque esta poderosa razón para disponer de un banco emisor independiente pueda perder entidad cuando un gobierno hace del equilibrio fiscal una regla absoluta, no puede descartarse que en el futuro se pierda esa disciplina.
La precaución y la prudencia hacen conveniente mantener la capacidad de emitir dinero fuera del gobierno. El caso del Perú es un buen ejemplo. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, lleva dos décadas en ese cargo mientras han pasado varios presidentes, gran parte de ellos de corte populista. La exigencia de la aprobación parlamentaria para su remoción y el cumplimiento estricto en las reglas y límites de emisión monetaria, le han permitido a Perú conservar la estabilidad de su moneda a pesar de la inestabilidad de su vida política.
Hay otra función que habitualmente cubren los bancos centrales pero que no forma parte del manejo de la política monetaria. Es la de superintendencia de entidades financieras. Se refiere al control del cumplimiento de normas, la autorización de nuevas entidades o la liquidación y otras. Esta función no requiere ni tiene por qué estar unificada dentro de un banco central. Tampoco sería imprescindible un banco central para la función de prestamista de última instancia. Esta puede ser desempeñada por un fondo especial operado con la información de superintendencia.
Distinto es el caso del manejo de la política monetaria y cambiaria. Si bien es una función que teóricamente pudiera no requerir de un banco central, la inmediatez de las decisiones, la confidencialidad, y la agilidad en el empleo de fondos en la operatoria monetaria son características incompatibles con la complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos presupuestarios. Lo mismo ocurre con la administración de las reservas internacionales o con el manejo de la tasa de interés. Por otro lado la más amplia desregulación y libertad de estos mercados no evitaría situaciones con riesgo de corridas, huida del dinero como consecuencia de hechos políticos y derrumbes circunstanciales de la confianza. En la Argentina estos son hechos recurrentes.
La teoría liberal explica cómo estos desvíos se corrigen sin intervención, sin embargo, tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, que sostienen con razón una concepción liberal, han mantenido en vida al Banco Central (BCRA) con responsabilidades en el manejo monetario y cambiario. La dolarización, que hubiera permitido una reducción sustancial, y la supresión del BCRA, han quedado por ahora archivadas para mejor oportunidad.
La estabilidad de la moneda es el primer objetivo del presidente Milei y también el de la carta orgánica del BCRA. La última reforma introdujo límites rigurosos a los montos y plazos de devolución de los adelantos transitorios que el Banco Central puede hacer al gobierno nacional. Actualmente esos límites no son alcanzados. Sin embargo, si bien el equilibrio fiscal es defendido estrictamente y el Estado no está requiriendo emisión para solventar déficit presupuestario, subsisten riesgos políticos endógenos y exógenos al gobierno nacional.
La dificultad para reducir el riesgo país a pesar de un buen cuadro macroeconómico, habla por sí sola. Parece necesario consolidar el rol del Banco Central como estricto vigilante de la estabilidad de la moneda y asegurar su plena independencia. En este sentido es plausible la iniciativa de PRO de destrabar en el Senado la aprobación del pliego de su presidente, Santiago Bausili, que desde el inicio de su gestión sigue designado provisoriamente. Debería, además, revisarse el artículo 9° de la carta orgánica del BCRA, que permite la remoción de su presidente por decreto, requiriendo solo un consejo previo, pero no vinculante, de una comisión presidida por el presidente del Senado e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de ambas cámaras. Para asegurar la independencia del presidente y de la entidad bancaria debería requerirse para su remoción un acuerdo del Senado del mismo nivel y carácter que para su designación. Cuando la confianza se muestra debilitada, cualquier mejora institucional que permita afirmarla será en beneficio de todos.
