Cuando faltan muy pocos días para el 16 de este mes, cuando está previsto que el Tribunal Oral Federal 3 dé a conocer el fallo en la causa por el delito de defraudación al Estado que se le imputa al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa, se observa una fuerte arremetida de medios de prensa cooptados por el oficialismo en defensa de quienes están siendo juzgados, al tiempo que se ataca con dureza, aunque sin razones –y mucho menos pruebas– al periodista denunciante, Hugo Alconada Mon, de LA NACIÓN.
Se trata de la causa conocida como Oil Combustibles, en la que Echegaray está acusado, junto con esos dos empresarios, de haber otorgado planes de pago de manera irregular a la referida petrolera para beneficiar a firmas del Grupo Indalo.
La investigación fue iniciada por el periodista hace ya varios años y sigue teniendo derivaciones. La última nota publicada por Alconada Mon, daba cuenta de que la actual AFIP tomó represalia echando o asignando a funciones inferiores a 40 funcionarios y empleados que habían declarado en contra de los imputados en esa causa o habían investigado a la familia Kirchner.
Alconada Mon ha denunciado públicamente en reiteradas oportunidades haber sido perseguido, tanto él como su familia, como consecuencia de las investigaciones periodísticas que realiza. Resulta de una gravedad extrema que medios periodísticos ideológicamente afines al poder –cuando no sostenidos económicamente por el Gobierno– y varios funcionarios se hayan dado a la tarea de deslegitimar el trabajo profesional de un periodista y de intentar, una vez más mediante ese tipo de ardides, silenciar a la prensa independiente.
Detrás de la burda mentira del lawfare se cobijan quienes, en vez de atacar la libertad de prensa, deberían estar mostrando las pruebas de su supuesta inocencia y no gestionando perdones grotescos como sobreseimientos apresurados para aprovechar la permanencia de algunos jueces evitando así tener que afrontar un juicio oral.
Es tarea de todo periodista consultar la mayor cantidad de fuentes posibles, contrastar la información, evaluarla debidamente y publicar el resultado de ese proceso de investigación. Incomodar al poder no es lawfare, sino el resultado de la actividad profesional del periodismo independiente en su relación con los gobiernos de turno. Por el contrario, congraciarse con el poder, avenirse a sus deseos y ser funcional a sus infames objetivos, es el antiperiodismo, es un mero canje de favores al que está dispuesto a entregarse cierto sector de la prensa que suele anteponer eventuales beneficios propios a la búsqueda de la verdad.
Desde estas columnas, volvemos a levantar las banderas del periodismo independiente y condenamos todo intento de ponerle un cepo a la libertad de prensa, amedrentando a periodistas que han dado sobradas muestras de seriedad en su trabajo cotidiano.
