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Auditoría General de la Nación: un control descontrolado
Resulta tan escandalosa cono inaceptable la forma en que Diputados eligió a tres de los miembros del órgano parlamentario que ausculta al sector público nacional
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La conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN) debería ser uno de los actos más cuidados del Congreso. Se trata del órgano que asiste técnicamente al Poder Legislativo en el control externo del Estado. Por eso, la intempestiva sesión nocturna, sin debate ni dictamen, con que la Cámara de Diputados avanzó en la designación de tres de los auditores configura un escandaloso proceder parlamentario que erosiona la institucionalidad que urge respetar y defender.
La AGN ya tomó juramento a los auditores designados: Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, vinculada políticamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y exfuncionaria del gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Resta ahora que el Senado nombre a sus tres representantes y que ambas cámaras acuerden el presidente del organismo. Más allá de la resolución de este espinoso desarrollo, el daño ya fue hecho al integrar a parte del organismo mediante un procedimiento consumado mediante atajos, chicanas y opacidades.
Es obligación de los partidos políticos cumplir con el deber cívico de elegir como integrantes de la AGN a los profesionales más preparados técnica y moralmente y no transformar semejante acto institucional en un reparto por devolución de favores por servicios prestados o por mera pertenencia partidaria.
El artículo 85 de la Constitución nacional es explícito. Dispone que es una atribución propia del Congreso el control externo del sector público nacional. La ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional establece que integran la AGN siete miembros, seis designados por el Congreso más un presidente propuesto por el principal partido de oposición. No se trata solo de cubrir vacantes, sino de garantizar pluralidad, equilibrio político y capacidad técnica. De allí la importancia de la cláusula que ordena observar la composición de cada Cámara al momento de efectuar las designaciones.
Hoy, La Libertad Avanza es la primera minoría en Diputados, con 95 legisladores, Unión por la Patria cuenta con 93 y Pro, con 12 bancas. Quienes cuestionan la decisión adoptada denuncian la existencia de un acuerdo político espurio entre el oficialismo y la principal oposición, dejando fuera de esa representación a otras fuerzas políticas como Pro, que presentó un amparo ante la Justicia para declarar inconstitucionales las designaciones. Otros, en cambio, sostienen que el malestar de Pro es por el incumplimiento de un supuesto convenio con el Gobierno para sentar en una de las bancas de la AGN al ex ministro macrista Jorge Triaca.
Sea como fuere, el mayor reproche no se agota en el resultado, sino en las formas. La sesión durante la que se votó la terna de auditores fue un compendio de malas prácticas. La propuesta se introdujo de improviso cerca de las 3 de la madrugada, sin despacho de comisión, sin que se conocieran los antecedentes de los candidatos puestos a consideración y sin el necesario debate parlamentario. La moción fue presentada y votada en bloque, en un clima de desconcierto que derivó en el retiro de legisladores de Pro, de la UCR y de otros bloques. Nada de eso se condice con la relevancia institucional de la decisión adoptada.
En cuanto a si procedía realizar esa elección durante el actual período de sesiones extraordinarias, expertos en Derecho no se ponen de acuerdo. Así como hay quienes alegan que la designación de auditores no constituye actividad legislativa y que, por lo tanto, puede tratarse durante todo el año, otros se inclinan por considerar que solo debe ocurrir durante las sesiones ordinarias.
La Constitución y la ley no solo fijan competencias, también imponen estándares de conducta. La AGN debe ser un ejemplo de institucionalidad, no el producto de un bochornoso proceder parlamentario consumado en las tinieblas de la política. Si el Congreso no respeta los mecanismos institucionales, difícilmente pueda exigirle cuentas al resto del Estado.
Tipo de trabajo:opinión
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