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Balbucear para la victoria
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LA NACION
Mientras los funcionarios cosen y zurcen para controlar el dólar y el índice de inflación, simulan no ver los elefantes que les pasan por delante
Es una lástima que funcionarios con sólida formación económica, muchos de carrera, que han estudiado teorías del crecimiento, en español y en inglés, ahora deban dedicarse a tareas menores de cosido y zurcido para controlar el dólar y el índice de inflación. Como les diría algún exprofesor benevolente: "Amigos, ustedes están para más".
Forzados por la bajada de línea política, que les obliga a emitir para subsidiar y subsidiar para ganar elecciones, despliegan artes ajenas a su formación académica, como el sofisma, la argucia y la sarasa para justificar lo injustificable.
Imaginamos que los más serios hacen esfuerzos ingentes para contener la risa en público, evitar el tartamudeo o algún parpadeo delator. El síndrome de Hernán Lorenzino cuando balbuceó: "Me quiero ir", ante una pregunta de una periodista de la TV griega sobre la inflación argentina, continúa vigente.
En nuestro país, el problema no es la puja distributiva a través del sistema de precios, sino la puja retributiva, negociada a través de la política
No merece más que un párrafo descalificar la teoría de la puja distributiva o la inflación importada para explicar el aumento del costo de vida en la Argentina. Claramente, el poder de compra de los salarios cae por emisión monetaria en exceso de la demanda de dinero. No aumentan los precios, bajan los salarios.
La tesis de la puja distributiva se inspira en un marxismo obsoleto, al congelar la economía en un cuadro de suma cero, como en la Edad Media. Los propietarios se adueñarían de la plusvalía creada por el trabajo y el proletariado solo recibiría salarios de subsistencia. Como la mismísima China lo prueba, el capitalismo es dinámico y su virtud es la permanente creación de valor para sacar a millones de personas de la pobreza. Ello permite financiar la educación, la salud, la infraestructura y los gastos sociales gracias a aumentos de productividad por la mayor inversión. Las cosas son menos caras – en la Argentina o en China– si los salarios reales aumentan de verdad, no con vacuos "impulsos al consumo" que son huídas del dinero ante el flagelo inflacionario.
En lugar de esas minucias del zurcido, los expertos en prohibir y controlar deberían levantar un poco la mirada, como lo aprendieron en la universidad, y advertir que, en la Argentina, la gran exacción de recursos colectivos no ha ocurrido en el mercado, sea este mini, maxi, super o chino. Ha ocurrido y ocurre en los despachos oficiales, desde tiempo inmemorial.
Mientras que nuestros costureros se distraen con los precios del pan, las verduras o la carne en góndolas o mostradores, cifras muchísimo más grandes se pierden (y se desvían) a través de decretos y resoluciones; grandes capítulos, pequeños subtítulos o minúsculos incisos.
En nuestro país, el problema no es la puja distributiva a través del sistema de precios, sino la puja retributiva, negociada a través de la política. No en el toma y daca de proveedores y clientes, sino entre grupos corporativos y funcionarios con lapiceras solícitas. Que las licencias no automáticas, que el régimen de Tierra del Fuego, que el compre nacional, que los fideicomisos para tal o cual cosa.
Las reformas estructurales no son solamente ajustes en el empleo público, sino eliminar las distorsiones que bloquean el crecimiento
En un país que carece de ahorro interno, de moneda, de mercado de capitales y de crédito bancario, todo es válido para lograr alguna rentabilidad. Para eso están las cámaras, los sindicatos y los colegios profesionales. Basta armar una plantilla Word, elegir las razones y redactar la norma retributiva correspondiente.
Argumentos siempre han sobrado: liberación o dependencia, interés nacional, sustitución de importaciones, ahorro de divisas, ocupación territorial, creación de empleo, visión geopolítica, razón estratégica, competencia desleal, industrias incipientes, insumos básicos, jerarquización profesional, justicia social y muchos etcéteras.
La palabra soberanía ha sido combinada en interés de sectores, con notable creatividad: naval, aérea, atómica, pesquera, ferroviaria, siderúrgica, petroquímica, automotriz, celulósica, informática y otras. Actualmente, se usa un vocabulario más progresista: así como hay grupos sociales "vulnerables", hay sectores productivos "sensibles" que obtienen beneficios a costa de los demás.
No nos referimos a los casos de corrupción puntual que deben juzgarse en Comodoro Py, sino a las burdas transferencias de ingresos que dañan la estructura productiva argentina al otorgar privilegios a sectores, creando mercados cautivos, peajes regulatorios, rentas extraordinarias o créditos regalados a favor de quienes tienen gravitación en los círculos del poder.
¿Saben acaso quienes zurcen y cosen, que las mayores fortunas se hicieron a través de contratos con YPF, Entel, Gas del Estado, Segba, Obras Sanitarias, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles, YCF, Somisa o Aerolíneas Argentinas, entre otros? Nada de eso ha cambiado y cada empresa estatizada es una caja política para crear nuevos ricos a través de retornos en compras y contrataciones.
¿Averiguaron cómo son los regímenes de aranceles de las profesiones colegiadas en las provincias, que implican costos desmesurados al Estado y a los particulares con escalas de honorarios porcentuales, de orden público e irrenunciables? Los políticos provinciales son parte de esas cofradías que esquilman a unos y a otros.
Los bancos de fomento siempre han sido concesiones de la política a sectores organizados, a costa del bienestar general. Cuando el Banade fue absorbido por el Banco Nación, tenía una cartera de créditos incobrables a empresas fundidas de accionistas ricos. Sobre la base de esas experiencias nefastas, ¿se les ocurrió fiscalizar la banca oficial, incluyendo al Banco Nación, el BICE y el grupo Bapro, para ver adónde van los dineros del Estado?
¿No les preocupa que el 40% del empleo en la Argentina sea "en negro"?
No tiene solución el gasto jubilatorio mientras no se incorporen más personas al empleo registrado. Para ello, se debe reducir el costo laboral y eliminar la "industria del juicio", enfrentando al poder sindical y el "lobby" de quienes abusan del derecho laboral.
¿Se interesaron quizás por auditar a las obras sociales sindicales, que desvían fondos públicos a redes de prestadores amigos o en sobreprecios en la compra y refacción de inmuebles, en las mismísimas barbas de la Superintendencia de Servicios de Salud?
Las reformas estructurales no implican solamente ajustes en el empleo público, sino también eliminar las distorsiones que bloquean el crecimiento y cuyos beneficiarios se alían al poder político para retener sus privilegios.
Mientras los funcionarios cosen y zurcen para controlar el dólar y el índice de inflación, simulan no ver los elefantes que les pasan por delante. Hasta las próximas elecciones deberán balbucear, tartamudear o parpadear para la victoria.
LA NACION
