Banquinas improductivas
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Nuestro país cuenta con una de las redes viales más extensas de América Latina, con más de 36 mil kilómetros de rutas pavimentadas, de los cuales apenas el 10% son de autovías. Sus banquinas podrían sumar valor económico.
La ley nacional de tránsito, sancionada en 1994, establece que la vía pública y sus zonas adyacentes deben destinarse prioritariamente a la circulación y a la seguridad vial. La franja de seguridad que bordea la cinta asfáltica ocupa de 3 a 5 metros luego del talud y la cuneta de desagüe y sirve como escape de emergencia o zona de detención de vehículos, por lo que debe siempre encontrarse en buenas condiciones de mantenimiento y desmalezada. Pero lo cierto es que en muchos casos hay varios metros adicionales de superficie disponible hasta el alambrado en distintos tramos. Se trata de áreas totalmente desaprovechadas.
En países de escaso territorio, cultivar esas áreas es una práctica común. Entre nosotros, recordamos la contribución de Eduardo Rapoport, quien cultivó más de 13 especies de “malezas” consideradas alimentos en banquinas y baldíos de la Patagonia.
Convenios puntuales a partir de una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad de 1997 habilitaron el uso de esas llamadas zonas de préstamo para entidades de bien público a cambio de un canon, respetando la franja de seguridad y solo para cultivos bajos, que no superaran los 60 centímetros, como la soja, la avena, la alfalfa, el lino o el trigo, contemplando que no entorpecieran la visión. En 2008 ese mismo organismo desactivó arbitrariamente todos los convenios vigentes y volvió a prohibir sembrar en las adyacencias de la red nacional vial. Aquella arbitraria medida fue fruto del enfrentamiento entre Cristina Kirchner y en medio de la controvertida resolución 125. Una estúpida venganza.
En las rutas provinciales se dan situaciones diversas. En Santa Fe, desde 2011, se prohíbe el uso con fines agrícolas de las banquinas, aunque la norma – actualmente en revisión- no se respete en rutas de menor relevancia. En Córdoba, aun cuando la prohibición está igualmente vigente, hay quienes cultivan de prepo dichas zonas.
La Dirección Provincial de Vialidad entrerriana está autorizada por ley provincial a otorgar permisos “precarios y onerosos” para el aprovechamiento de las zonas marginales de las rutas y caminos de la red provincial, donde, por sus características y dimensiones, pudieran sembrarse pasturas, cereales y oleaginosas. Pero la complejidad del trámite es tal que en la práctica casi nadie gestiona las autorizaciones.
Una ley paraguas bonaerense autoriza a los municipios a otorgar permisos renovables de un año para la siembra, respetando las superficies reservadas por las normas vigentes y prohibiendo el pastoreo de hacienda.
Miles de hectáreas hoy están desperdiciadas. Con normas claras y racionales, respetando la franja de seguridad, el beneficio de cultivar esos sectores tendría un fuerte impacto económico, valioso para contribuir a sostener distintas iniciativas locales de bien público, por ejemplo, y sumando un ingreso adicional para el fisco. Modificar la ley respecto de las rutas nacionales impulsaría también a las provincias a seguir por la misma senda. El gobierno nacional debería rever sin demoras esta situación nacida de una insensatez que buscó perjudicar al campo.
