Bingos y tragamonedas hasta 2021
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EL gobierno bonaerense renovará y unificará hasta el año 2021 las licencias de los 46 bingos que funcionan en la provincia, a cambio de un canon extraordinario -además del habitual- de 1430 millones de pesos, de los cuales 430 millones serán pagados por las salas de juego durante el año actual y los mil millones restantes en 60 cuotas mensuales. En tanto, el canon habitual seguirá siendo del 34 por ciento de la recaudación de las 10.546 máquinas tragamonedas que explotan los bingos, pago que por este año rondaría los 520 millones de pesos y para el cartón del bingo continuará el 17 por ciento.
La cuestionable decisión de prorrogar las concesiones actuales fue adoptada tras la firma de un preacuerdo entre los empresarios del sector y el gobierno provincial, según el cual los bingos deberán abonar a la provincia un importe fijo inicial que se calculará sobre la base promedio del canon mensual pagado durante 2005, multiplicado por la cantidad de años por los cuales se renueva la licencia de cada sala. Por otra parte, los nuevos contratos preverán que los concesionarios podrán solicitar al Instituto de Lotería autorización para trasladar las salas. También se autorizará, en los supuestos de sustitución de entidades de bien público (que son las formales propietarias de las licencias de los bingos), a mantener con el concesionario (los empresarios encargados de la explotación del juego) las mismas condiciones que el contrato sustituido.
Los bingos y las máquinas tragamonedas representan una fuente de ingresos muy importante para las arcas provinciales. Así lo ha reconocido el ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, quien señaló que el acuerdo con los bingos "es una buena alternativa para mejorar los ingresos" provinciales y destacó que "si bien no aporta todas las soluciones que necesitamos, ayuda a financiar el déficit". La negociación en curso confirma que la provincia de Buenos Aires atraviesa por una situación fiscal tan delicada que no puede recurrir sólo a fuentes más convencionales en busca de financiamiento.
La emergencia obliga, entonces, a un procedimiento tan oscuro como el de extender concesiones en el tiempo a aquellos que ya las poseen, como si se tratara de un derecho adquirido. En una época en la que tanto se declaman las virtudes de un Estado severo para controlar a la actividad privada, semejante defección se vuelve más escandalosa.
La decisión de prorrogar a ciegas todas las licencias no se corresponde con principios elementales de sana administración. El Estado provincial renunciará con ese acto a examinar la calidad con que se prestaron los servicios concesionados durante todos estos años, premiando a todos por igual con una extensión "graciosa" de la licencia. En cualquier actividad se trataría de un desatino. En un sector tan delicado como el de los juegos de azar, donde los procedimientos de los funcionarios deberían ser más puntillosos, sólo alimenta suspicacias.
Los bonaerenses tienen derecho a que se les informe con transparencia cómo se llevó a cabo la negociación de la que resultará semejante beneficio para los empresarios del juego.
Por otra parte, poco importan a la hora de recaudar las advertencias cada vez más frecuentes que, desde la Justicia y desde el campo de la salud, se formulan con relación a las gravísimas consecuencias que ocasiona la industria del juego.
En efecto, hace pocos días se conoció el fallo del juez en lo civil y comercial de Mar del Plata, Enrique Arbizu, quien dispuso que las máquinas tragamonedas deberán exhibir folletos en los que no sólo se expliquen las instrucciones de los aparatos sino que también se ponga sobre aviso a los jugadores acerca de los "posibles peligros para la salud" que pueden ocasionar. En caso de incumplimiento, habrá una multa de dos mil pesos diarios que serán destinados a organizaciones de Mar del Plata cuya actividad sea el tratamiento y la prevención de los ludópatas.
Ante la decisión de renovar las licencias, parece que estuviéramos ante un Estado jíbaro que permite que su pueblo se envicie, se arruine, se corrompa, sin importarle su salud ni ofrecerle alternativas. Y que lo único importante para el gobierno es conseguir los ingresos que ayuden a maquillar la situación económica de un pueblo necesitado de educación y trabajo, más no de una ludopatía adictiva y dañosa.
Sabido es que alrededor del juego, principalmente de casinos, bingos y tragamonedas, coexisten muchas otras circunstancias que pueden llevar al jugador compulsivo, o al que cree que jugando puede salvarse de una condición económica angustiante, a situaciones extremas como suicidios, desequilibrio mental, adicción, separaciones, desesperanza, quiebras, ruina, autodestrucción, violencia intrafamiliar, actos ilegales, frustraciones y enfermedad. Desde esta realidad y con una mirada puesta en el futuro, cabe preguntarse si, con medidas como la comentada y el estímulo oficial a la industria del juego, se está transitando por el camino correcto.
