Cadena de la felicidad en pleno cepo
En tiempos de Alberto Fernández y Sergio Massa, empresas accedían a divisas subsidiadas que luego vendían en el mercado informal
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Todavía de modo incipiente, y sin que el tema haya tenido un avance similar o proporcional en la Justicia, una investigación interna del Banco Central (BCRA) acaba de arrojar luz sobre uno de los puntos más oscuros de la gestión del gobierno de Alberto Fernández: las operaciones con el dólar oficial autorizadas discrecionalmente por la entidad monetaria mientras regían restricciones cambiarias muy duras para la ciudadanía.
El relevamiento consta de la apertura de cuatro sumarios ya presentados en la Unidad de Información Financiera (UIF), que los convirtió a su vez en una denuncia que cayó en el juzgado de María Romilda Servini, y una investigación complementaria del ente monetario que podría sumarse e involucra a 9 bancos, 90 casas de cambio y 200 personas físicas.
La simple mecánica del proceso descrito en la causa expone, por lo pronto, un compendio de arbitrariedades quizás solo comparables a las que esa administración que se fue en diciembre de 2023 ejerció con el aislamiento social durante la pandemia: cuando vastos sectores de la vida económica, incluido el de la salud, estaban impedidos de importar insumos, y mientras, por ejemplo, las entidades de cardiología difundían comunicados dando cuenta de falta de contraste para operar en los quirófanos, un elenco de empresas, bancos y casas de cambio privilegiadas obtenía lo imposible, acceder a divisas a un valor subsidiado que, a los pocos minutos, y aprovechando una brecha en muchos casos superior al 100%, cambiaba por pesos en el mercado informal.
La jugada, solo posible gracias al favor arbitrario de funcionarios y miembros del directorio del Banco Central, donde ejercía una influencia decisiva el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, era un negocio millonario que, según cálculos preliminares, fácilmente superó los 1400 millones de dólares solo en el lapso comprendido entre 2022 y 2023.
La operatoria en cuestión es escandalosa por varios motivos. En primer lugar porque, según la investigación, la mayoría de esos movimientos no partía de la necesidad de importaciones, sobre las que se llegó a generar a fines de 2023 una deuda de 45.000 millones de dólares que todavía hoy gravita sobre el dinero circulante y dificulta el combate contra la inflación, sino de simples compras que bancos y casas de cambio requerían para tenencia o pago de préstamos mutuos de ahorristas en medio del cepo. Y en segundo lugar, porque parte de esos dólares oficiales terminaba en manos de agentes que no solo no contaban con fondos suficientes ni atributos financieros para la compra sino que, de acuerdo con lo recabado preliminarmente por la Unidad de Información Financiera (UIF), podrían haber oficiado de “prestanombres”. El detalle de los relevamientos internos del BCRA habla por sí solo: hay monotributistas que hicieron compras por hasta 415.000 dólares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que accedieron a 150.000 dólares.
Llama la atención que la causa, que se encuentra desde hace más de un año en el juzgado de Servini, haya tenido desde entonces escasos avances y casi ninguna filtración hasta que la reveló LA NACION, y que lo más relevante haya sido hasta ahora un pedido de requisitoria que el fiscal Carlos Stornelli, que no tiene delegada la investigación, le hizo al juzgado sobre una lista de dueños de casas de cambio sospechosas con contactos en la política -principalmente con el massista Frente Renovador- y cuyo entramado societario muestra claramente una interconexión de lazos empresariales y familiares.
Esta es tal vez la razón por la cual el BCRA analiza presentarse como querellante en la causa para aportar nuevas pruebas que le den un nuevo impulso. Es una condición institucional muy relevante que, lamentablemente, la UIF, ámbito natural de estas presentaciones, perdió en 2025 mediante el decreto 274, que eliminó la facultad de intervenir como parte actuante en causas de lavado de activos y corrupción. Una decisión que se tomó en medio de una interna por la relación que el gobierno de Javier Milei debía tener con los funcionarios investigados en los años del kirchnerismo y que le habría costado en enero de este año el cargo a Ignacio Yacobucci, reemplazado en abril por Paul Starc. Una muestra de que los resortes institucionales no fueron pensados de manera antojadiza y de que removerlos por estrategias partidarias solo conduce al deterioro de la república. Es de esperar que se activen todos los mecanismos para llegar a la verdad y sancionar a los responsables.
Tipo de trabajo:
opinión
