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Caso Gerez: ineficacia e imprudencia
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Un cuando debe celebrarse la aparición con vida de Luis Gerez, el testigo clave del caso Patti que estuvo desaparecido durante 48 horas, es menester que las autoridades nacionales y bonaerenses extremen los esfuerzos para capturar a los responsables de su secuestro, en lugar de buscar un rédito para compensar, quizá, la falta de resultados en la búsqueda de Jorge Julio López, el testigo de la causa Etchecolatz desaparecido hace más de cien días.
Hasta estas horas, de nada pueden vanagloriarse nuestros gobernantes ni los responsables de la seguridad. Gerez apareció porque sus secuestradores lo soltaron y no porque alguno de los numerosos efectivos policiales utilizados lo haya encontrado.
En cambio, cuesta creer que, pese a que todo el aparato de la seguridad del Estado lo estaba buscando y a los numerosos operativos de rastrillaje en la zona de Escobar, todavía no se tenga la más mínima pista sobre los delincuentes cinco días después de la aparición del albañil no muy lejos de allí.
Las declaraciones del ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, en las que vaticinó un final feliz unas tres horas antes de que Gerez fuera encontrado por vecinos de la localidad de Garín, aumentan la confusión y las dudas. Juicios semejantes indicarían que los secuestradores podrían haber estado cercados; sin embargo, nadie fue detenido.
La utilización de la cadena nacional de radio y televisión por el presidente Néstor Kirchner pocos minutos antes de que apareciese el testigo desaparecido generó no menos dudas, al tiempo que debe lamentarse que, sin mayores pruebas, el titular del Poder Ejecutivo haya aludido a sectores parapoliciales o al propio ex subcomisario y ex intendente de Escobar Luis Patti, como supuestos responsables de la desaparición de Gerez.
Resulta más que preocupante que en los últimos días las encuestas de opinión pública den cuenta de las enormes dudas que ha sembrado el caso en la población y que en ciertos sectores se sospeche hasta de una operación política.
La probable existencia de grupos que pretendan silenciar a eventuales testigos en causas judiciales vinculadas con violaciones de los derechos humanos en los años 70 obviamente genera tanta reprobación como espanto. Pero mucha más inquietud que la permanencia de esos grupúsculos, seguramente muy minoritarios, debería provocarnos la percepción de un Estado que se muestra incapaz de garantizar la seguridad de la población.
A solucionar esa falencia debería dirigirse la acción de quienes nos gobiernan.
Entretanto, cualquier intento de utilización política de hechos con características trágicas, como los comentados en esta columna, debería ser evitado. Hoy, más que nunca, debe exigirse de nuestras autoridades prudencia y eficacia.
