Caso Noble: otra prueba de manipulación judicial

Dos de los principios supremos del sistema republicano consisten en que el Poder Ejecutivo no debe entrometerse en el desarrollo de las causas judiciales y que los jueces deben ser independientes de aquél. Ambos principios han sido groseramente ignorados en el caso tramitado contra la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, acusada de la apropiación indebida de sus dos hijos adoptivos. En efecto, la escandalosa actuación de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado resulta demostrativa de la vulneración de los mencionados principios republicanos. Su falta de independencia fue palmaria durante todo el trámite judicial.

Días atrás, esa magistrada, en la misma línea, rechazó el pedido de los defensores de la señora de Noble por el que solicitaban dar por concluida la investigación penal promovida en su contra, que lleva ya más de diez años de trámite. En fecha reciente concluyó la última etapa del examen de ADN ordenado sobre la base del material aportado por sus hijos adoptivos, Marcela y Felipe, por el que se concluyó que los nombrados no guardan vínculo genético con los grupos familiares que dejaron oportunamente muestras para su comparación en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Como sucede en estos casos, esa comparación se hizo respecto de todos los grupos que la permiten. De manera que si respecto de algún caso determinado de todos los sometidos a examen no resulta posible efectuar un cotejo apto, la conclusión será que no existen evidencias para sostener la imputación que se ha efectuado respecto de la señora Noble, por lo que corresponde dar por concluida la investigación y cerrar la causa. Caso contrario, mantener a una persona permanentemente sospechada de la comisión de un grave delito a la espera de eventuales elementos de cotejo, cuando se han agotado los mecanismos razonables para obtenerlos, viola todos los principios procesales que obligan a estar a las constancias de la causa y respetar la presunción de inocencia. Y, al mismo tiempo, concluye por transformar a esa persona en un auténtico rehén del aparato judicial pasible de ser utilizado con fines políticos por los gobiernos de turno, como ha ocurrido hasta ahora.

En el caso de la directora de Clarín, la situación es aún más grave, pues es conocida la forma con que el Gobierno buscó denodadamente señalarla como autora de delitos de lesa humanidad. Además, esa persecución se desarrolla dentro de la campaña de constantes ataques y hostigamientos que hasta el día de hoy lleva adelante el oficialismo contra el periodismo independiente y contra los miembros del Poder Judicial que no le son adictos.

La Presidenta y algunos ministros se refirieron en varias ocasiones al caso Noble cuando estaba aún en período de investigación y los medios de propaganda oficiales destinaron innumerables recursos para alimentar la teoría de la "apropiación" ilegítima. Marcela y Felipe Noble Herrera, por su parte, fueron también objeto de una vil persecución judicial y mediática que incluyó numerosos allanamientos y extracciones de sangre.

Esa abusiva actuación respecto de dos personas que habían consentido hace muchos años los exámenes ordenados y sólo cuestionaron cuál debía ser el organismo que los llevaría a cabo es reveladora de la sesgada política de derechos humanos que el Gobierno exhibe con un sentido de la conveniencia rayano en la hipocresía. La sectaria utilización de la defensa de los derechos humanos de algunos combinada con la intencionada interpretación autóctona de los delitos de lesa humanidad son algunas de las herramientas que utiliza el poder político para perseguir a quienes señala como sus objetivos políticos.

Impedir el cierre de la causa Noble cuando ha quedado acreditado que Marcela y Felipe Noble Herrera no tienen vínculo biológico con familiares de desaparecidos y mantener abierto eternamente este pseudoproceso judicial constituye una muestra más de falta de independencia judicial, cuyos nefastos efectos se proyectan sobre toda la ciudadanía.

El caso Noble Herrera quedará registrado en la memoria colectiva de los argentinos. La mentira oficial fue flagrante, el afán de denigrar a la principal accionista de Clarín fue evidente y la violación de los derechos humanos de ella y de sus hijos fue alevosa.

De a poco se fue advirtiendo que se estaba ante dos hermanos sometidos a una situación de acoso, vejamen y vergüenza sin límites. El entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien dijo que esa causa no debía cerrarse, no tuvo empacho en dar indicaciones públicas a la jueza que con anterioridad había dado señales de parcialidad y falta de independencia.

Es evidente que el fin perseguido por el proceso no era determinar la culpabilidad o inocencia de la persona imputada o averiguar la verdad de los hechos, sino mantener vivo el reclamo con fines extorsivos. ¿Quién se ocupó, entretanto, del sufrimiento de los dos hermanos y su madre adoptiva? Son ellos inocentes víctimas de la explotación política de una situación de la cual han sido cómplices algunos caracterizados organismos de derechos humanos. La larga persecución política de la que son objeto se ha convertido en otro claro termómetro de la falta de independencia de parte de nuestra Justicia.

Si el Poder Judicial se aparta de su misión para responder a espurios intereses y se convierte en herramienta contra quienes considera adversarios del Gobierno, si en definitiva obedece al poder político y no a la ley y el derecho, el principio constitucional de la división de poderes queda, una vez más, gravemente bastardeado y el régimen republicano seriamente amenazado.