Causa Cuadernos: un juicio histórico en modo “foto carnet”
Lamentablemente, tras la feria judicial, todo indica que la mayor denuncia de corrupción de la historia seguirá a paso lento, lo que favorece la impunidad
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Cuando concluya el receso judicial de enero y los tribunales reabran sus puertas, regresará a escena el juicio oral por los Cuadernos de las coimas, la investigación sobre corrupción más importante de las últimas décadas en nuestro país.
Lamentablemente, todo indica que el proceso tendrá el mismo ritmo que viene demostrando desde el año pasado: se continuará con dos escasas audiencias por semana, por Zoom, una plataforma que flaco favor le hace a un proceso de estas características.
Por tratarse de un juicio histórico, lo ofrecido por la Justicia para su rapidez y acceso público sigue siendo muy poco. Febrero será igual de mezquino. La oralidad, uno de los pilares del derecho penal acusatorio, se mantendrá “tercerizada” a través de una plataforma digital, una pantalla, dividida en unos 16 pequeños rectángulos tipo carnet que sirvieron hasta ahora de excusa perfecta para los 70 imputados que pudieron escudarse en el anonimato que le permitían las otras “pestañas” del navegador que el tribunal nunca mostró. Siete decenas de personas no aparecieron en cámara y tampoco lo harán.
Hay todavía un agravante mayor respecto de lo que sucedió en noviembre y diciembre últimos, primeros dos meses del proceso. En su momento, el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 esgrimió razones de infraestructura a la hora de justificar el juicio por Zoom. Entonces, se terminaba de remodelar la Sala AMIA, un espacio ubicado en Comodoro Py, en el que se llevó adelante el caso de la tragedia ferroviaria de Once. El mes pasado concluyeron los arreglos, pero, por ahora, los 87 imputados en el caso y la fiscalía no tienen ninguna novedad respecto de su utilización y de la posibilidad de aumentar la frecuencia de las audiencias.
La causa Cuadernos, la denuncia sobre la red de sobornos y asociación ilícita que se habría gestado y hecho funcionar durante el kirchnerismo, se sustanció en 2018 después de una investigación periodística. Por los personajes involucrados, entre ellos, la expresidenta Cristina Kirchner, rápidamente se convirtió en un proceso de fortísimo impacto en la opinión pública. Por primera vez en la historia, la Justicia fue a un mismo tiempo detrás de los que cobraban los sobornos como también de los que los pagaban. Exfuncionarios y empresarios empezaron a declarar abiertamente sus delitos.
El proceso judicial se convirtió así en un hecho de corrupción a cielo abierto. Los protagonistas contaron dónde, cuándo, a quiénes y cuánto pagaban. Opusieron alguna que otra explicación, muchas chicanas y excusas como supuestos aportes de campaña, pero la gran mayoría, arrepentidos o no, relataron cómo hacían negociados con el poder.
La causa tomó cuerpo de la mano de los 160 recursos, apelaciones y oposiciones que interpusieron las defensas. Para que empezara esta etapa hubo que resolver cada uno de esos planteos en varias instancias, entre ellas aquella en la que debió intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, entre otras cosas, sostuvo la legitimidad, legalidad y constitucionalidad de la declaración de los arrepentidos.
Semejante proceso generó la mirada de los medios de todo el mundo y el retrato que se han llevado, tras el inicio de noviembre, ha sido pobre: un juicio histórico en modo “foto carnet” y en cámara lenta.
La cuestión toma otra dimensión por el tipo de proceso del que se trata y por la imagen que proyectará nuestra Justicia. El asunto generó preocupación entre los jueces de la Corte, en el Consejo de la Magistratura y en la Cámara de Casación, que le hicieron saber a los jueces que así no se podía seguir con el juicio de corrupción más importante del país. La valiente fiscal de la causa, Fabiana León, también reclamó que el juicio se realizara con mayor frecuencia.
A mediados de noviembre pasado, los presidentes de las salas del tribunal de Casación citaron a los jueces del caso. Fueron Enrique Méndez Signori y Fernando Canero y allí expusieron que venían pidiendo ayuda desde 2019, pero que no los escucharon, y señalaron que necesitaban que les aliviaran el trabajo que tenían por delante.
Entonces, los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky resolvieron darles facilidades para que aceleraran el proceso. Resolvieron poner a disposición del TOF 7 la Sala Auditorium, que es como se conoce al recinto donde se desarrolló el primer juicio por el ataque a la AMIA.
La sala está disponible con una frecuencia de tres jornadas semanales y durante días y horas inhábiles. También se podrá utilizar en futuras ferias judiciales.
Por otro lado, los jueces de Casación eximieron al tribunal oral del sorteo de nuevas causas por el término de seis meses, para garantizar así “la eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación en la celebración del juicio”.
Sin embargo, está por concluir la feria judicial de enero y todo se mantiene como entonces. La oralidad -que esta vez se dejó de lado- significa que las actuaciones, especialmente el juicio, deben realizarse de manera oral, inmediata y pública para privilegiar el contacto directo entre el juez, las partes y las pruebas. En palabras simples, la verdad y la decisión judicial deben construirse al escuchar y ver directamente a las personas en audiencia, no solo leyendo papeles o reproduciendo escritos. Nada de esto sucederá al retomarse el caso Cuadernos, tal como está previsto hasta el momento.
La ciudadanía exige celeridad en el abordaje de una causa paradigmática. Solo la Justicia administrada en tiempo y forma podrá terminar con la impunidad.
