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Chicos de la calle: drogas y desamparo
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De tan acostumbrados que estamos a no verlos parecen formar ya parte del paisaje. Pero los niños que viven y duermen en la plaza San Martín y a todo lo largo de la avenida 9 de Julio -los que identificamos como "chicos de la calle"- no sólo existen, sino que deambulan por la ciudad, sin vivienda y sin conciencia del peligro.
Para mostrárnoslos sin eufemismos están las fotografías y los artículos que publicó este diario la semana última. En una de ellas, un joven de unos 14 años aspira pegamento de una bolsita de plástico, mientras otros dos lo acompañan con sendas bolsitas en sus manos, listas también para ser usadas. Pero ésta no es la primera vez que una imagen semejante aparece en las páginas de un diario; para el caso, existe una fotografía casi idéntica, tomada en octubre de 2000, cuando se repartía la Constitución de la ciudad de Buenos Aires en la Plaza de la República, enfrente del Obelisco.
La situación de estos chicos de la plaza San Martín ha sido reiteradamente denunciada por vecinos de la zona de Retiro ante la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño, sin recibir más respuesta que la aparición de unos asistentes sociales que trataron vanamente de convencer al grupo, integrado por unos doce chicos, para que fuera a un hogar de tránsito. Tambien los vecinos informaron que "hay una persona mayor que les trae las bolsitas con pegamento, cigarrillos y cerveza".
Esta dramática realidad abarca a unos 554 niños que duermen en las calles porteñas, según un recuento hecho por agentes de la Dirección de Niñez y Adolescencia del GCBA en diciembre último -especialistas del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), calculan esa cifra en 3500-, pero durante el día ese número se triplica, porque muchos de ellos, casi el 85 por ciento, vienen del conurbano bonaerense, escapados de sus casas porque son maltratados o viven situaciones de extrema pobreza.
Si no hay una denuncia hecha, el defensor público de Menores ante los juzgados de primera instancia -en este caso, Atilio Alvarez- no puede actuar. Pero, aunque los operadores del Gobierno no pueden llevarse a los chicos por la fuerza, sí tienen la obligación de denunciar su situación, y también pueden hacer eso los vecinos.
Finalmente, el jueves último, un ciudadano presentó un recurso de amparo en los tribunales administrativos de la ciudad, solicitando una solución para estos menores, sobre la base del artículo 39 de la Constitución porteña, que detalla que "la ciudad garantiza a los niños, niñas y adolescentes su protección integral", por lo que puede pensarse que la situación de estos niños en particular podrá empezar ahora a encarrilarse.
Ni las autoridades ni la sociedad deben desentenderse de este problema que, como ya lo mencionamos, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. La comunidad tiene para con estos pequeños ciudadanos un deber ineludible: velar por su seguridad y por su educación, además de reinsertarlos en un ámbito familiar adecuado. Recientemente ha sido promulgada la ley de protección integral de la minoridad, por la cual los niños son considerados "sujetos de derechos", es decir, con los mismos o aún más derechos que los adultos, y que vela para que un niño en estado de abandono reciba, en primer lugar, el apoyo de su familia nuclear, mediante programas de ayuda, incluso económica. Ha llegado el momento de hacerla cumplir.
Y está el omnipresente tema de la droga, a la cual son inducidos los menores por narcotraficantes que los convierten, muchas veces, en vendedores en sus propios barrios. Además de sancionar drástica y ejemplificadoramente a quienes les facilitan los distintos tipos de drogas, nuestra comunidad debe considerar a los niños parte importantísima de un fenómeno social que demanda sensibilidad, solidaridad y compromiso.
