China, ley de tierras y soberanía
Resulta contradictorio que, tras ceder al Estado chino una porción de la Patagonia, el kirchnerismo pretenda dictar cátedra oponiéndose al proyecto oficial
6 minutos de lectura'
La profundización de las relaciones entre China y la Argentina, fundamentalmente durante las gestiones presidenciales kirchneristas, no solo derivó en un intenso intercambio comercial, sino también en la posibilidad de que el territorio argentino se convirtiera en una suerte de enclave para la proyección militar de la potencia asiática. Resulta paradójico que, después de semejante cesión de soberanía, desde el kirchnerismo se cuestione ahora el proyecto oficialista de ley de tierras y la ampliación del cupo sujeto a extranjerización.
A lo largo de décadas, se pensó que, en el contexto de globalización económica, China solo podía representar el rol de una fábrica barata, capaz de proveer artículos de baja tecnología. Pero, con el paso del tiempo, se ha consolidado como la segunda economía mundial y el principal motor de fabricación, comercio y cadenas de suministro mundiales, transformándose en el principal socio comercial de más de 140 países y en el mayor exportador de bienes del planeta, liderando la producción de vehículos eléctricos, baterías y paneles solares, además de destacarse por sus innovaciones en materia tecnológica, redes 5 G e inteligencia artificial.
Sin embargo, su régimen autoritario, basado en un sistema de partido único, alejado del respeto por los derechos humanos y de todas las libertades, al igual que su elevado peso militar y el crecimiento exponencial de su desarrollo tecnológico, han convertido a la República Popular China en un peligro global a juicio de muchos observadores internacionales. La insistencia del gobierno chino en absorber a Taiwán mantiene bajo constante amenaza bélica a una de las zonas comerciales y de fabricación de chips más relevantes de la Tierra. No menos inquietud internacional provocan las operaciones de flotas pesqueras de origen chino, muchas veces ilegales, en aguas territoriales de América del Sur y en áreas protegidas, con dañinas consecuencias para el ecosistema.
La instalación en Bajada del Agrio, en pleno desierto neuquino, de la cuestionada base aeroespacial bajo control de las fuerzas armadas chinas ha provocado no solo advertencias a nivel nacional, sino también señales de preocupación en el gobierno de los Estados Unidos. Basta recordar las declaraciones, formuladas en 2024, por el entonces embajador norteamericano en la Argentina, Marc Stanley, sorprendido de que nuestro país permitiera que las fuerzas armadas del gigante asiático operaran en Neuquén, “en secreto, haciendo quién sabe qué”.
El acuerdo para la instalación de la estación china se remonta a julio de 2012, cuando la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC) firmó un convenio con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de nuestro país. Cinco meses después, el gobierno neuquino celebró un segundo acuerdo con los citados organismos.
Se trató de la primera estación aeroespacial instalada por China fuera de su territorio, en un predio de 200 hectáreas cedido por 50 años. Allí se levanta una antena de 35 metros de diámetro, capaz de explorar distancias superiores a los 300.000 kilómetros desde la Tierra. Las sospechas sobre el empleo de esa base por China con propósitos militares surgieron desde un principio, ya que podría constituir una herramienta estratégica frente a una hipotética guerra de satélites en el firmamento austral. En ese sentido, según especialistas, la base neuquina podría servir para inutilizar y destruir satélites, dado que su antena podría actuar como una enorme aspiradora de información, al permitir no solo el rastreo de satélites de uso civil y pacífico, sino también usos militares y de espionaje, tales como la intercepción de comunicaciones sensibles.
Que China procure hacerse de materias primas esenciales para su economía en esta parte del mundo no es objetable, pero sí resultaría inadmisible que pretenda sumar enclaves para su proyección militar o para actividades de pesca ilegal depredatoria
Resulta claro que, sin renegar de las vinculaciones comerciales con el país asiático, el gobierno de Javier Milei ha intentado dar señales geopolíticas muy fuertes de acercamiento a la administración de Donald Trump, que han sido apreciadas por el gobierno estadounidense. En esa dirección debe entenderse la decisión del gobierno de Milei de incorporar aviones F-16, provenientes de Dinamarca, con el aval de Estados Unidos, dejando de lado las gestiones que se venían haciendo durante el gobierno de Alberto Fernández para comprar cazabombarderos de origen chino, como los JF-17 Thunder.
No puede perderse de vista que, en el actual contexto internacional, el cielo es un activo geopolítico demasiado importante. Como señalan especialistas en defensa, los ojos de cualquier guerra están en el firmamento o, más específicamente, en los satélites. De ahí que la base neuquina manejada por los chinos despierte tantas suspicacias.
Ha sido bienvenida la resolución adoptada el año último por el gobierno argentino para que sea el Ministerio de Defensa el organismo que deba intervenir en la aprobación previa de cualquier proyecto de instalación de radares, estaciones terrestres y observatorios aeroespaciales en el territorio nacional, en procura de prevenir riesgos estratégicos ante infraestructuras de posible uso militar. Esta medida contribuyó a frenar obras como un radiotelescopio chino-argentino en San Juan.
No obstante, las conjeturas de que la base china en Neuquén pueda ser utilizada con fines militares ante un hipotético conflicto internacional representan un dilema frente al cual las autoridades argentinas deberán exigir de los responsables de esa estación la máxima transparencia. Y de proseguir las sospechas, no se debería dudar en renegociar o rescindir el acuerdo.
Nadie puede ignorar que, en el marco de la por momentos feroz disputa comercial que existe entre los Estados Unidos y China, América Latina puede convertirse en un campo para esa batalla. En cualquier caso, es deber de las autoridades argentinas velar por los intereses de nuestro país. Que China procure hacerse de materias primas esenciales para su economía en esta parte del mundo no es objetable, pero sí resultaría inadmisible que pretenda sumar enclaves para su proyección militar o para actividades de pesca ilegal depredatoria en territorio marítimo bajo soberanía argentina.
Cabe reiterar, por eso, la necesidad de que, en materia de relaciones exteriores, prevalezca siempre la defensa de nuestros intereses estratégicos por sobre cualquier posición ideológica o interés particular, como los que, lamentablemente, predominaron durante la era kirchnerista.
Las autoridades argentinas deberán siempre velar por la protección de activos estratégicos, identificando recursos e infraestructuras de interés nacional, y preservando sobre ellos la capacidad soberana de decidir. Cualquier cesión de soberanía, por 50 años como en el caso de la base china o por el tiempo que sea, no debería estar contemplada bajo ningún concepto.
