Cine: no más burocracia ni censura
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La única limitación natural y razonable que tiene la exhibición cinematográfica aquí y en cualquier sociedad abierta pasa por la protección de los menores. A lo largo de la historia, la propia industria del cine se preocupó por crear mecanismos que eviten su exposición a los contenidos elaborados exclusivamente para el público adulto. Este espíritu inspiró los sistemas de calificación por edades que rigen, con leves matices, en todos los países liberados de la censura o cualquier otra restricción aplicada a los estrenos de cine.
La Argentina es uno de ellos. Pero esa libertad que se ejerce ininterrumpidamente desde el regreso del Estado de Derecho no pudo evitar la caída en una maraña burocrática a la que una decisión oficial acaba de poner fin. A través de un decreto, el Gobierno disolvió la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, que desde 1984 decidía a qué edad alcanzaba la autorización para ver cada nuevo film que se sumaba a la cartelera de los cines de nuestro país.
A partir de ahora, la habilitación de cualquier novedad cinematográfica surgirá de un simple y acto administrativo mediante el cual el Incaa homologará automáticamente la calificación que la película obtuvo en su país de origen. De hecho, las nuevas categorías del sistema argentino de calificación cinematográfica por edades son muy parecidas, con pequeñas diferencias, a las que rigen en los Estados Unidos desde 1968.
El sistema estadounidense que se aplica hasta hoy fue instaurado por los propios creadores de contenidos, agrupados en la Motion Pictures Association of America, entidad integrada por los más importantes estudios de Hollywood. Es decir que la propia sociedad, representada por el sector privado, ejercía esa función. Aquí, en cambio, durante los últimos 40 años la calificación de películas estuvo a cargo de una comisión integrada por tres funcionarios públicos, un abogado (representante del Ministerio del Interior), un psicólogo, tres representantes de credos religiosos y un crítico de cine. Este organismo, uno más en la sobredimensionada estructura burocrática estatal, se mantuvo activo mucho más allá de lo que aconsejaban el sentido común y las vertiginosas transformaciones de la industria audiovisual y el consumo cultural. Una de las grandes certezas de los últimos tiempos es el hecho de que hay muchos más estrenos de cine en las plataformas de streaming que en las tradicionales salas. Pero la Comisión Asesora calificaba solo estas últimas. ¿Qué sentido tendría mantenerla en funcionamiento?
La realidad, como ocurre en tantos otros órdenes, deja al descubierto la naturaleza de las cosas que en este caso nos dice que la facultad de decidir qué ver y qué se deja de ver en el caso del cine corresponde al ejercicio de una libertad responsable por parte de cada uno de los miembros de una sociedad. Y en el caso de los menores, a sus padres.
Ninguna organización burocrática o estatal interviene en la calificación de las películas que se van sumando a los catálogos de las plataformas de streaming. Al comenzar cada una de ellas aparece en pantalla una lista de advertencias relacionadas al contenido, que en el caso de las películas para adultos hacen directas referencias a ciertos temas específicos: escenas violentas, imágenes o lenguaje explícito.
Los padres tienen aquí una primera instancia de orientación para tomar la decisión de qué pueden y quieren ver solos o junto a sus hijos. Y al mismo tiempo cuentan con los llamados “filtros parentales” como herramienta adicional para evitar todavía más que los menores accedan a contenidos no recomendables para ellos.
En cambio, nunca supimos con qué criterio el Consejo Asesor ahora derogado calificaba las películas que llegaban a los cines. Hasta ahora, las placas que abren cada proyección incluyen en cada caso solo la autorización o restricción por edades (apta para todo público, mayores de 13, 16 o 18 años) y esa falta de explicaciones más de una vez terminó abriendo la siempre peligrosa puerta de la discrecionalidad.
Hace tiempo que una nueva realidad, bien distinta a la de 40 años atrás, exigía un cambio profundo de sistema como el que acaba de instrumentarse. No parece razonable sostener una estructura burocrática como la del Consejo Asesor para terminar convalidando en la mayoría de los casos la misma calificación que recibió la película en su país originario. Y la propia razón de ser del organismo pierde todavía más sentido cuando la mayoría del cine que vemos llega ahora directamente al hogar, completamente ajeno a sus dictámenes.
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opinión
