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Colectivos asesinos
Se aspira a reducir la velocidad de los colectivos y a sancionar las infracciones de sus conductores
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Mientras las autoridades no logran encarrilar la necesidad de sancionar directamente a los conductores de colectivos que incurran en infracciones de tránsito merced a la impunidad de quienes los manejan, amparados por las empresas de transporte, estos vehículos siguen poniendo en peligro las vidas de sus pasajeros y las de los peatones. Es necesario que el Estado nacional respalde esa intención, dejando de lado cualquier objeción u omisión políticamente interesadas.
Una perspectiva positiva radicaría en la intención del gobierno porteño de restringir al tope de 40 kilómetros por hora la velocidad máxima de los colectivos que circulan por su jurisdicción. Se trataría de una medida para hacerle frente a la violación sistemática de los semáforos en rojo y los excesos de velocidad diarios de los colectivos.
Desde septiembre de 2008 hasta la actualidad, el transporte público de pasajeros acumuló 60.000 multas por infracciones de tránsito. Los colectivos, según comprobaciones de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del gobierno local, están dando lugar a la confección diaria de un promedio de 82 actas de comprobación de infracciones. De esas boletas, 41 denuncian la violación de semáforos en rojo, o sea, el 50 por ciento del total, y 27 han sido emitidas por exceso de velocidad, es decir, alrededor del 30 por ciento.
Durante la última quincena de agosto fueron confiscados 50 registros profesionales de conductores de colectivos que incurrieron, justamente, en exceso de velocidad. Y desde que son realizados controles en los semáforos, sobre 119 licencias habilitantes retiradas a sus titulares, siete eran de colectiveros.
Las empresas de transporte de pasajeros, receptoras, junto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), de la mencionada nómina de los 60.000 vehículos infractores, rechazan identificar a sus conductores: abonan las multas, más un recargo por esa actitud entorpecedora, ya que los responsables de haber incurrido en tres o más infracciones anuales pueden ser inhabilitados.
Es cierto que las condiciones de trabajo de los colectiveros no son las mejores; no obstante, nada justifica o excusa la falta de respeto por la integridad ajena, el descontrol del tránsito urbano y las muertes: hasta ahora, a lo largo del año actual han perecido 21 personas bajo las ruedas de otros tantos colectivos.
No es admisible ni sensato que la mayor parte de los casi diez mil colectivos que circulan por la ciudad de Buenos Aires y los 22.000 choferes que los conducen en forma alternativa tengan que ser considerados enemigos por el público. La reducción de la velocidad máxima puede ser un avance en la tarea de prevención, pero la colaboración de las empresas, de los propios colectiveros y del Gobierno sería indispensable si es que se alienta la sincera intención de poner freno a los colectivos desbocados.
