Nicolás Petro junto a su padre, Gustavo, presidente de ColombiaPresidencia de Colombia
El hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro, diputado por el Departamento del Atlántico y acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fue detenido junto a su exmujer, Daysuris Vásquez. Fue ella quien aseguró que Nicolás recibió dinero indebido como aporte a la campaña presidencial de su padre, hecho que conmovió la escena política del país.
En una entrevista con la revista Semana la exesposa lo había acusado de tener vínculos con narcos y contrabandistas, además de recibir dinero para la campaña presidencial de su padre que, en realidad, usaba para pagarse una vida lujosa, según ella, a espaldas del primer mandatario. El medio publicó la transcripción de distintas conversaciones de WhatsApp entre la entonces pareja en las que hablan de movimientos de grandes sumas de dinero.
Si bien en una primera instancia Nicolás Petro había negado los cargos que le imputaba la Justicia de su país, en un sorprendente giro en el caso, el hijo mayor del presidente le dijo a la Fiscalía que a la campaña presidencial del Pacto Histórico habían entrado dineros que no fueron reportados a las autoridades electorales y ofreció pruebas de esa supuesta financiación ilegal.
Según reveló el fiscal Burgos, el hijo del mandatario indicó que recibió altas sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, quien cumplió 18 años de cárcel por tráfico de drogas en Estados Unidos, y de Alfonso “el turco” Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios.
La supuesta financiación ilegal de la campaña pone al presidente Gustavo Petro en una difícil situación política no solo por ser la primera vez en la historia del país que el hijo de un presidente en funciones es detenido, acusado de recibir fondos ilícitos, sino también por tener que empezar a dar explicaciones ante instancias como la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral.
Por otro lado, no está claro cómo este cataclismo impactará en el gobierno colombiano teniendo en cuenta que faltan menos de tres meses para las elecciones municipales y regionales de octubre y que, además, carece de mayorías legislativas para lograr la aprobación de sus reformas en el Congreso.
Gustavo Petro, que el pasado 7 de agosto cumplió un año en el poder, ha tenido que enfrentar situaciones en las que no han faltado los escándalos. Desde un supuesto abuso de poder que le costó el cargo a Laura Sarabia, jefa de Gabinete, y a Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, hasta una reestructuración de su gabinete por el estancamiento de sus principales reformas sociales.
La relevancia de este caso, en el que por ahora se ven involucrados el hijo del presidente y su exnuera, pone al país y a sus más altas autoridades en una situación que requerirá actuar con la máxima responsabilidad, independencia e imparcialidad, con total apego a las normas constitucionales de Colombia.
