Colombia: minas antipersonas

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11 de octubre de 2020  • 00:05

La estrecha relación entre el conflicto armado colombiano y el narcotráfico ha favorecido el uso de minas antipersonas para controlar el territorio y permitir el cultivo, el procesamiento y la distribución de narcóticos. Las medidas adoptadas por el gobierno colombiano para restringir el narcotráfico, incluyendo la erradicación manual de cultivos y la destrucción de laboratorios de procesamiento, han precisamente provocado el aumento de artefactos explosivos que los grupos armados no estatales usan para proteger ambas actividades.

Según el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja, publicado en marzo, después de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las víctimas de minas antipersonas y artefactos explosivos en 2017 fueron 57; en 2018, 221, y en 2019, 352, casi una por día, mayormente civiles.

Grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional declaman paz en sus discursos, pero en los territorios siembran minas antipersonas. El regreso a estas funestas y aterradoras prácticas por parte de las disidencias de las FARC llevó al gobierno a solicitar un nuevo plazo a la Convención de Ottawa, vigente desde 1999, para lograr un país sin estos artefactos explosivos. La solicitud fue hecha a través del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien aseveró que "los retos para Colombia en la descontaminación del territorio dependen de la ubicación y limpieza de las minas antipersonas de naturaleza improvisada, de las exigencias de las condiciones topográficas y climáticas, de los grupos ilegales que siguen instalándolas y de la sostenibilidad financiera del desminado humanitario".

Con el proceso de paz concluido en la presidencia de Juan Manuel Santos , bajó la intensidad de los enfrentamientos en los territorios castigados por la guerra y fue posible empezar a cumplir la promesa de liberar a Colombia de las minas. En las negociaciones de aquel acuerdo con la guerrilla fue crucial comprometerse a adelantar los programas de limpieza y descontaminación de los territorios tanto de esas minas como de artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar.

En un avance significativo, con el trabajo de militares y civiles y un presupuesto millonario que incluye aportes de la comunidad internacional, 16 nuevos municipios colombianos se sumaron recientemente a los 113 desminados en los últimos dos años, totalizando el 73% del territorio nacional libre.

Las minas, cuya peligrosidad reside en que su fabricación artesanal incrementa los daños y en que pueden permanecer enterradas activas durante décadas, son eficaces centinelas que no distinguen entre civiles y militares. Lograr la prohibición de uso, producción, almacenamiento y tráfico, así como la destrucción de esos artefactos explosivos, es, sin duda, un objetivo imperioso al que activamente deberían adherir todos los países.

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