Colombia: niños soldados

Los colombianos tienen pruebas suficientes de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue reclutando niños y jóvenes para involucrarlos en acciones violentas y delictivas, enseñándoles tácticas de terrorismo y crimen. Seducidos por las armas, por el poder que piensan que otorga un uniforme, huyendo de un hogar familiar desestructurado o violento, o reclutados a la fuerza, los menores de edad que entran a formar parte de los grupos armados se convierten en víctimas.

Resulta aberrante que un niño se incorpore a esa guerrilla cuando, por su condición, debería ser preservado de todo tipo de violencia -incluso, en contra de su propio deseo- porque sus derechos están por encima de los de todos. Más todavía en situaciones en las que su vida y su integridad física y psicológica se ponen en riesgo.

El ELN se encuentra en una supuesta negociación con el gobierno colombiano para acogerse a un acuerdo de paz. El presidente Gustavo Petro debería condicionar la continuación de las conversaciones a que la guerrilla respete los principios esenciales del Derecho Internacional Humanitario, libere niños a los que tiene reclutados y cese todo acto de violencia contra la sociedad colombiana.

Cabe señalar que el ELN no es el único actor armado que engrosa sus filas mediante el reclutamiento forzado de menores de edad. También lo hacen las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras bandas criminales.

Los grupos armados han venido utilizando a los niños desde siempre como informantes. Con la evolución de ese tipo de conflictos se han hecho evidentes nuevas formas de abusos; por ejemplo, vincularlos con la cadena de siembra, procesamiento y comercialización de coca. También en economías ilegales, el cobro de extorsiones y el transporte de armas.

El daño causado a estos menores de edad, a sus familias y al país, al convertirlos en máquinas para matar, es incalculable. Se trata de pequeños a los que les ha sido robada su infancia.

Los niños deben estar en las escuelas formándose y desarrollando su potencial, no acompañando actividades de grupos armados. Los esfuerzos del Estado deberían estar dirigidos a garantizar la presencia de las instituciones en zonas donde es más frecuente el reclutamiento de menores de edad, con programas de trabajo social y mayores garantías de seguridad.

Colombia no puede dejar que, nuevamente, el reclutamiento de menores ocupe un lugar preponderante en la historia del país. Los hechos que confirmaron que los grupos armados ilegales continúan forzando a niños y adolescentes a incorporarse a la guerra deben motivar un esfuerzo coordinado de todas las áreas de gobierno, de autoridades locales y de la comunidad nacional e internacional para terminar con este delito aberrante.