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Podría decirse que la reciente media sanción del proyecto de ley contra la ludopatía infantil y juvenil por parte de la Cámara de Diputados de la Nación ha sido un primer paso tendiente a enfrentar un flagelo que afecta a cada vez más familias argentinas. Sin embargo, es preciso avanzar mucho más frente a un problema que ha tenido como cómplices a no pocos representantes de la dirigencia política que han apañado a una nefasta industria del juego, y a algunas figuras de relevancia pública que han contribuido a su crecimiento exponencial.
La Cámara baja aprobó anteanoche un proyecto que, además de prohibir el acceso de menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, propicia limitar fuertemente la publicidad de esos sitios online en redes sociales y medios de comunicación, como también el esponsoreo a equipos de fútbol por parte de empresas de aquel rubro.
Lamentablemente, no existió la necesaria voluntad política para que todas las principales fuerzas con representación parlamentaria se unieran en pos de un proyecto común. De este modo, la iniciativa, con 139 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones, solo fue apoyada por los bloques de diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y otras expresiones menores. Tanto La Libertad Avanza como Pro y la UCR defendieron un dictamen minoritario.
El tratamiento de la cuestión en la Cámara de Diputados se produjo luego de que las nuevas autoridades de la Comisión Episcopal de Pastoral Social enviaron al presidente del cuerpo legislativo, Martín Menem, y a los titulares de los bloques una carta para pedir el urgente tratamiento de la cuestión. En julio último, el documento pastoral titulado “Apostar no es un juego” ya recogía esa inquietud. También el papa Francisco abordó el tema en el reciente libro La esperanza no defrauda nunca, donde distingue entre juego y adicción, y plantea que el ciberjuego es una falsa ilusión de salvación individual en medio de contextos de crisis cada vez más extendido.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha informado que al menos el 36% de los 2765 menores de 18 años de 25 escuelas secundarias porteñas encuestados admiten haber apostado en sitios oficiales.
Se trata de un problema transversal a todos los niveles socioeconómicos, con mayor presencia entre varones (71%). Casi el 40% de los chicos consultados no distinguen entre sitios oficiales o ilegales de apuestas, lo que revela un preocupante desconocimiento que se agudiza a edades más tempranas.
Lo cierto es que mientras las plataformas legales de apuestas online aseguran tener rigurosos sistemas de validación de identidad para que no puedan jugar los menores, la realidad confirmaría la ineficiencia de esos procedimientos.
Consultados acerca de las motivaciones a la hora de apostar, la mención de ganar dinero (67%) daría cuenta de la rápida autonomía económica que persiguen. Solo el 25% expresa que lo hace para entretenerse y pasar el tiempo, y habría que ver qué tanto hay de cierto en esas afirmaciones.
Un dato no menor es que uno de cada cuatro jóvenes llega a las apuestas de la mano de algún influencer o de publicidad directa. Se trata de un insumo que nos obliga a reflexionar y a redoblar el compromiso de todos los actores involucrados para combatir de manera integral e interdisciplinaria estos peligrosos consumos digitales, para asegurar un uso mayoritariamente seguro y responsable. Fomentar una comunicación familiar y escolar preventiva más abierta y ahondar en el control parental es asimismo fundamental.
Nuestros representantes políticos no pueden ser cómplices de la instigación a la ludopatía. Lamentablemente, en demasiados casos, no solo son cómplices, sino que han sido y son actores principales y responsables del crecimiento de este flagelo que socava los cimientos de nuestra sociedad y que urge detener.
Frente a un problema cuya gravedad se acrecienta minuto tras minuto, no se puede seguir jugando con la vida de nuestros hijos.
