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Cómo jerarquizar la función pública
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La jerarquización de la función pública no solamente implica premiar la honestidad y la vocación por servir a la comunidad y procurar la eficiencia, sino también retribuirla adecuadamente. La propuesta gubernamental de elevar el tope para los sueldos de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de 3000 a 6000 pesos resulta una medida lógica y saludable, siempre y cuando se presente en un contexto donde la eliminación del gasto público improductivo y la transparencia sean objetivos ineludibles.
Diferentes estudios sobre la corrupción coinciden en señalar que los bajos niveles salariales constituyen un incentivo para que las personas incurran en comportamientos irregulares tanto en el sector público como en el privado. Es cierto también que la fijación de sueldos elevados no evita necesariamente la corrupción gubernamental. Pero algo que resulta indudable es que un sueldo tope de 3000 pesos, como el que existe hasta hoy, implica una traba para la llegada de los más capaces a cargos de alta responsabilidad en la administración pública.
Es verdad que en prácticamente todos los países del mundo occidental suele ser grande la brecha entre los salarios que abonan las empresas privadas a sus ejecutivos y los que paga el Estado a sus funcionarios de alto rango. Pero si tal diferencia es excesivamente marcada, se corre el riesgo de que la marcha del sector público no quede, precisamente, en las mejores manos, más allá de la gran cantidad de agentes idóneos y honestos que se desempeñan actualmente en la administración pública.
Años de sueldos bajos han generado distintos tipos de vicios, entre los que cabe mencionar el pago de sobresueldos en negro o los gastos de representación o viáticos poco claros, los fondos de libre disponibilidad y los tristemente célebres gastos reservados. El uso abusivo y poco ético de tales prácticas ha ido desvirtuando su finalidad original que justificaba su existencia.
Corresponde, entonces, como ha propuesto el gobierno nacional, que se establezcan sueldos dignos para los funcionarios, que guarden relación con la jerarquía, la dedicación y las responsabilidades inherentes a los cargos que ocupan.
La administración pública no puede quedar reservada para personas con una sólida posición económica ni puede privarse de contar con profesionales de primera línea. Mucho menos puede arriesgarse a quedar en manos inescrupulosas.
De cualquier manera, es mucho lo que resta por hacer para mejorar el sector público. Es imprescindible una reforma administrativa que tienda a jerarquizar a los funcionarios al tiempo que a dotar de eficiencia a las distintas dependencias públicas, eliminando privilegios absurdos, terminando con superposiciones de funciones y con el gasto improductivo. También es imperioso que se practiquen modernas y efectivas políticas de administración y capacitación de los recursos humanos que contemplen premios para los mejores agentes públicos, fijando estándares que éstos deban seguir, códigos de ética y mecanismos para desalentar las corruptelas.
Este proceso debería estar acompañado por la promoción de un sincero debate acerca del financiamiento de la actividad política.
Sin la postergada reforma integral del Estado, nuestro sector público seguirá teniendo el nivel de los más atrasados países del planeta.
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