Con las manos en el trapo
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Causa particular irritación la presencia de quienes ofrecen en la vía pública servicios de custodia o limpieza de vehículos a cambio de dinero. La tarifa, que a veces se propone inicialmente como “a voluntad”, vira rápido hacia una amenaza, un insulto o un ataque a la persona o al vehículo de quien no accede a las demandas.
La proliferación de esta actividad puede explicarse en la liviandad de las penas para los infractores, tal como fija el artículo 92 del Código Contravencional de la Ciudad, siempre y cuando no incurra en otros delitos que los comprometan penalmente, con castigos más graves. Baste mencionar los de amenazas o amedrentamiento, coacciones, o contra la propiedad como cuando se obliga a entregar dinero tomando la forma del delito de extorsión, casos en los que la denuncia de la víctima no siempre se concreta.
Sucede que las contravenciones o faltas administrativas conllevan penas leves, con multas o arrestos que rara vez se cumplen.
El gobierno nacional presentó un proyecto antibarras para ser tratado en el Congreso. Son muchos los integrantes de barras bravas que ejercen su actividad sin autorización en las inmediaciones de los estadios, por ejemplo. La iniciativa contempla “prisión de uno a dos años a la persona que, en ocasión de un evento deportivo, ofreciere servicio de cuidado de vehículos sin autorización, con pago a voluntad, en las inmediaciones del estadio donde se desarrolle el espectáculo deportivo”. Si se exigiera una suma de dinero fija o variable, la pena va de tres a cinco.
El jefe de gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto para endurecer las penas, que pueden llegar a 45 días de arresto, y que multa la participación directa o indirecta de personas vinculadas a un club, institución u organizador, con posibles clausuras.
Recientemente, la policía porteña labró 645 contravenciones, de las cuales 185 fueron a “trapitos”, en los alrededores de la Bombonera y del estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores. A lo sumo se los demora unas horas mientras se hacen las averiguaciones, pero no quedan detenidos. Si se reitera la falta dentro de las 48 horas, se considera el delito de desobediencia, con eventual apertura de un sumario penal, pero en la mayoría de los casos se suele ordenar la liberación.
Así como deseamos una ciudad sin manteros ilegales ocupando el espacio público o sin piquetes que traben la libre circulación, nos ilusionamos con imaginar un espacio público sin “trapitos”. Reforzar las leyes y los controles es solo el primer paso.
