Conflicto mapuche: violencia y anomia
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LA NACION
Resulta inadmisible que, ante la violencia reiterada y la violación de nuestra soberanía, algunos funcionarios actúen como cómplices de quienes delinquen
Un grupo que se atribuye antepasados mapuches se instaló en un predio cercano a Villa Futalaufquen y ocupó tierras del Parque Nacional Los Alerces. Se trata de la agrupación autodenominada Pailako Lof, que tomó tierras en la seccional de guardaparques conocida como El Maitenal, en una acción que derivó en denuncia penal del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina.
La citada agrupación reivindicó la ocupación a través de sus redes sociales en un tono que refleja preocupantemente el nivel del malentendido. "Desde el territorio recuperado a Parques Nacionales, comunicamos a la sociedad en general que hemos ocupado de forma permanente la seccional El Maitenal. Ante las intenciones de Parques Nacionales de querer ubicar un nuevo guardaparques en este lugar, manifestamos que esta vivienda se encuentra dentro del territorio de Pailako", aseguraron. Es en el área donde hace tres meses, durante una recorrida de rutina, dos guardaparques sufrieron un ataque con piedras por parte de encapuchados. Con similar justificación, hace ya tres años, fue ocupado violentamente el Parque Nacional Nahuel Huapi, en villa Mascardi.
Gustavo Machado, jefe de guardaparques del Parque Nacional Los Alerces, quien con buen juicio había considerado inadecuado negociar con los intrusos para esperar que la Justicia los desalojara, se vio obligado a renunciar. No es extraño: el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, y el presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma, responsables de la protección de nuestro patrimonio natural, paradójicamente, encuentran persuasivos los argumentos de este grupo de delincuentes que reiteradamente violan la soberanía de nuestro país. Luego de una vasta trayectoria en Parques Nacionales, el desencanto de Machado no necesita explicaciones, habiéndose desempeñado en el Parque Nacional Los Alerces, en el Parque Nacional Nahuel Huapi y en el Parque Nacional Iguazú.
Tampoco sorprende que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, se abstenga de exigir el cumplimiento de la ley. Las "mesas de dialogo" parecen ser la especialidad de nuestras autoridades, absolutamente dispuestas a entrar en conversaciones con quienes han demostrado solo conocer el lenguaje de la violencia. Cuando se propone encarar una negociación es precisamente porque no existe una regla fija y eso es lo que se busca consensuar. No es claramente el caso de la soberanía de nuestros Parques Nacionales, que no admite discusión alguna. Se recurre a un eufemismo para no cumplir con el deber de desalojar del territorio argentino a intrusos violentos que no acatan las leyes que rigen en nuestro país. El respeto a la ley nunca será negociable.
Pese a los reiterados reclamos desde hace ya muchos años, los vecinos han debido resignarse al desamparo en que han quedado toda vez que los funcionarios se desentienden de las consecuencias de su propia inacción cuando reniegan de su obligación de mantener el orden legal y la paz social, rechazando como corresponde cualquier amenaza a la soberanía y a la vida de los ciudadanos.
Recientemente, la Policía Federal, con el apoyo de la Gendarmería, cumplió la diligencia judicial solicitada por la fiscal federal subrogante de Bariloche, Sylvia Little, de constatar los daños que la comunidad Lafken Winkul Mapu viene ocasionando en el edificio de Parques Nacionales, donde iba a funcionar la Escuela de Guardaparques. Los uniformados fueron recibidos con piedras por envalentonados encapuchados que ni siquiera ensayaron un repliegue. Luego de unas horas, la policía abandonó el sitio con algunos aspavientos de humo, pero sin efectivizar cambios. No es un detalle menor que la toma de Mascardi haya cumplido tres años y que nuestras autoridades, ante cuyas narices los delincuentes perpetúan sus correrías, sigan apostando a perpetrar una tan inexplicable como insostenible situación a la que nos hemos referido reiteradamente desde este espacio. Ya son dos los Parques Nacionales tomados ilegalmente por la fuerza y en ambos casos sin mayor resistencia que la que pudieron ofrecer los pobladores cercanos que defendían sus propiedades. Ninguna legislación será suficiente al momento de resguardar nuestro patrimonio natural y cultural cuando los encargados de hacerla cumplir renuncian a sus deberes.
A pocos días de la apertura de la temporada turística nacional los reiterados cortes de ruta y actos de violencia han alertado a uno de los sectores que prometía ser el motor para movilizar la dañada economía. Se han destruido propiedades, construcciones y arboles añosos y los usurpadores, amparados por autoridades que defienden un falso indigenismo, ponen en ridículo al sistema jurídico y pisotean la soberanía de nuestro país. A decir verdad, poco hacen también por incluir verdaderamente a las comunidades originarias en el contexto económico y social, perjudicando a aquellas que tienen la voluntad de convivir en armonía como integrantes de la nación de la que forman parte. Lo verdaderamente revolucionario y trascendente sería la promoción de acciones y valores de convivencia e integración de las distintas etnias en un tan necesario destino común.
Es casi elemental resaltar que el accionar de violentos encapuchados que invocan falsos derechos no constituye una reivindicación legítima. Estamos en presencia de delincuentes. Y lo que se espera de la autoridades es que hagan cesar esas acciones, expulsen y sancionen a los intrusos y procedan rápidamente a la restitución de los bienes por medios legales. Es absolutamente indispensable el respeto por un pensamiento diferente en una sociedad moderna e inclusiva. Lo que no resulta admisible es que, ante la violación reiterada de nuestra legislación y nuestra soberanía, los responsables de proteger nuestros recursos y velar por el cumplimiento de la ley no promuevan una verdadera paz interior. Por el contrario, aferrados a una ideología contraria al ser nacional y enarbolando una supuesta nueva ética, se han transformado en cómplices. No nos cansaremos de denunciar estos procederes por parte de nuestros funcionarios que, lejos de servir al bien común, terminan al servicio del delito y ponen en riesgo, una vez más, la institucionalidad y el patrimonio de todos.
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