Consolidar la paz interior

Ciertas actitudes recientes de los tres poderes del Estado han removido o reabierto conflictos y enfrentamientos sociales que en nada contribuyen a la pacificación nacional. El primer impulso hacia esta lamentable tendencia lo brindó una orden judicial proveniente del exterior; tras ese reclamo sobrevino el oportunismo de varios jueces federales de nuestro país y, posteriormente, sucesivas decisiones equivocadas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La anulación de las leyes de amnistía que en su momento intentaron cerrar el oscuro capítulo de violencia de los años 60 y 70, las reiteradas expresiones descalificatorias o agraviantes contra personas o sectores que tuvieron protagonismo en el pasado reciente -y contra franjas enteras de la actividad económica y social del país- y las indebidas injerencias de los poderes políticos en cuestiones propias de la esfera judicial, por mencionar sólo algunos de los gestos altisonantes que retumbaron en las últimas semanas en el ámbito público, han generado reacciones que amenazan con provocar nuevas rupturas o desgarramientos en el tejido social argentino.

Tal vez sea el momento de recordar que entre los principios básicos que el Preámbulo de nuestra Constitución enumera como los fines u objetivos fundamentales a los que debe tender el conjunto de la Nación figura el de "consolidar la paz interior". Quienes conducen hoy los destinos de la República deberían tener en cuenta la imperiosa necesidad de preservar ese supremo valor que es la paz social interior, sin el cual no es concebible la existencia de una comunidad sustentada sobre un espíritu firme y genuino de unión nacional.

Más allá de las connotaciones históricas que gravitaron para que los constituyentes de 1853 otorgasen a la paz interior el carácter de un objetivo de decisiva importancia, es necesario señalar que la defensa de ese valor central de toda sociedad ha seguido teniendo vigencia y la seguirá teniendo, seguramente, cualesquiera sean las alternativas que deba vivir el país. La paz es un ideal inherente a cualquier concepto civilizador basado en el respeto a la dignidad esencial de la persona humana. Y es misión ineludible de la autoridad política, en toda época y circunstancia, fortalecer la convivencia armoniosa y pacífica de todos los sectores y de todas las personas que integran una comunidad.

Si en el siglo XIX los argentinos veníamos de una larga y extenuante guerra civil, por medio de la cual se debatía la forma de Estado que debía adoptar la Nación, con el endémico enfrentamiento entre unitarios y federales, en la segunda mitad del siglo XX se vivieron también sangrientos choques, que alcanzaron su culminación en la violencia desbordada y cruel de los años 70, que todavía hoy provoca divisiones en el cuerpo social, que conspiran contra la paz interior de la República.

Es cierto que. en muchos casos, las actitudes del Poder Ejecutivo están orientadas a eliminar focos de corrupción enquistados en la vida nacional y a instar a la Justicia para que los delitos y los crímenes perpetrados en el pasado no queden impunes. Pero las autoridades deben comprender que esos fines pueden ser perseguidos sin necesidad de provocar enfrentamientos y tensiones que alteren la paz social. Deben entender también que la loable finalidad de afianzar la Justicia y eliminar la corrupción no debe ser usada por quienes ejercen el poder como pretexto para obtener ventajas políticas o para edificar protagonismos desmedidos que dañen la relación entre los poderes del Estado o perturben el equilibrio sobre el cual reposa el orden institucional de la Nación. Lo que determina que un presidente se eleve a la condición de estadista es, justamente, la capacidad para percibir con claridad esos matices.

Bien está que el Poder Ejecutivo impulse, en la estricta esfera de sus responsabilidades, las acciones que juzgue convenientes para el robustecimiento de la administración de justicia y es comprensible que exprese su pensamiento y hasta su disidencia respecto de la forma en que fue gobernado el país en las décadas anteriores. Pero ello no puede ni debe servir de excusa para reavivar enconos y crear focos de división que deterioren o degraden la paz social; y menos para dejarse llevar por el impulso de quienes, por falta de madurez emocional o por lo que fuere, tienden a asumir actitudes irracionales y hasta delirantes.

Es necesario y urgente que el Gobierno dedique de aquí en más sus esfuerzos a restablecer la serenidad y el buen juicio y a pacificar los espíritus. Y que renuncie a toda pretensión de acrecentar poder mediante el peligroso recurso de agudizar los conflictos y los enfrentamientos que subyacen en el seno de la sociedad argentina.

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