Contra la corrupción

El 9 de diciembre fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Internacional contra la Corrupción para crear conciencia sobre este complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Paradójicamente, en la semana en que se conmemoraba tan importante fecha, se sucedieron tres importantes acontecimientos que honran tan noble y necesario combate.

En un fallo histórico, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos luego de que la Justicia la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por favorecer al pseudoempresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Es la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción en ejercicio del cargo. El tribunal dispuso, además, el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados cuando el fallo quede firme.

Los gobiernos kirchneristas montaron una inmensa maquinaria de corrupción, minuciosamente organizada por Néstor Kirchner y alimentada durante los dos mandatos de su esposa gracias al manto de impunidad que propiciaron algunos jueces y fiscales corruptos y militantes enquistados en el sistema judicial.

En su alegato, el fiscal Diego Luciani resumió la trama con prístina claridad: “Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.

En Perú, el presidente Pedro Castillo, acorralado por un inminente juicio político, intentó disolver el Congreso horas antes de enfrentarse a un tercer intento de destitución promovido por legisladores opositores, basados en su “permanente incapacidad moral”, una figura constitucional que ya derivó en la salida otros dos mandatarios desde 2018.

Castillo, acusado de actos de corrupción, incompatibles con el ejercicio de la presidencia y envuelto en escándalos por la mala gestión de su gobierno, optó por dar un golpe de Estado, actitud que nuestro país, junto a Bolivia, Colombia y México, utiliza ahora para victimizarlo en lugar de defender el Estado de Derecho .

En el caso de Guatemala, la Justicia condenó a 16 años de prisión al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas, que lo obligó a renunciar en 2015. Pérez resultó ser penalmente responsable en concurso real con los delitos de asociación ilícita y complicidad en defraudación montada sobre un sistema de evasión fiscal. El caso fue destapado por la fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, una entidad de las Naciones Unidas que apoyó el combate a estructuras criminales dentro del Estado.

Un estudio de US News señala que 131 países no lograron progresos en la lucha contra la corrupción. En ellos, como es dable esperar, crece la falta de confianza en los gobiernos.

Los delitos de corrupción política cometidos por gobernantes que abusaron de su poder e influencia para sacar partido de los recursos financieros y humanos del Estado deben ser ejemplificadoramente castigados. Lejos de acostumbrarse a ellos, las sociedades deben combatirlos duramente para preservar la calidad del sistema, evitando que socaven las instituciones democráticas.