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Discriminar no es cuidar
Ha sido un paso en falso la pretendida medida del gobierno porteño de limitar la libertad de los adultos mayores como modo de protección
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LA NACION
Porque te quiero te aporreo", reza un viejo refrán hoy caído en absoluta y merecida desgracia frente el avance, entre otros, del movimiento #NiUnaMenos. Ni Oscar Wilde podría a estas alturas sostener, sin riesgo de ser reprendido, aquel "todo hombre mata lo que ama. Unos lo hacen con una mirada cruel. Otros, con una palabra halagadora".
Los excesos de cuidado no pueden ser usados como justificativo para conculcar libertades. Parece haberlo entendido ahora el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No parecía entenderlo así el viernes último, cuando anunció que los mayores de 70 años iban a tener que tramitar un permiso especial para trasladarse fuera de sus viviendas so pena de ser multados. O, si lo entendía, no fue comunicado de la mejor manera.
Muchísimos adultos mayores se sintieron profundamente ofendidos, cuando no dañados. Lo que pudo haber sido una medida razonable para asistir a ese grupo etario en el que el Covid-19 viene haciendo estragos se transformó en un ataque a sus derechos individuales, consagrados constitucionalmente, y a su dignidad.
Fue, sin dudas, una medida desproporcionada. Hubo quienes, como el reconocido jurista Alberto García Lema, calificaron el contenido de aquella disposición de Horacio Rodríguez Larreta de una discriminación contraria a la igualdad real de oportunidades y trato afirmada en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución nacional, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Distintas voces críticas convencieron al jefe porteño de dar marcha atrás con el anuncio del viernes. Se llegó así a una resolución mucho más suave. Si bien la medida no se levantó a pesar de la rápida decisión del juez en lo contencioso administrativo porteño Lisandro Fastman de declararla inconstitucional, los mayores de 70 pueden ahora salir de sus casas como lo venían haciendo: sin una autorización previa, tomando todos los recaudos necesarios para no contagiarse ni contagiar, pero en libertad de decidir qué hacer de sus vidas, por dónde circular y en qué momentos.
"Somos grandes, más que grandes, y sabemos lo que tenemos que hacer (...) Por un lado, nos aíslan y por el otro nos mandan a largas filas para vacunarse o cobrar las jubilaciones (...) No nos pongan rejas en la puerta. La locura puede ser tan peligrosa como un virus", sostuvo, molesta, la escritora Alina Diaconú.
Un grupo de renombrados intelectuales suscribió, incluso, una carta a Rodríguez Larreta en la que repudiaban la medida por considerarla discriminatoria y maltratadora, con aires de bondad enmascarados en una abierta pseudoprotección.
El jefe de gobierno tomó nota del profundo malestar generado y explicó que el objetivo no había sido "subestimar ni hacer sentir mal a nadie, sino evitar la mayor cantidad de muertes posible".
Ahora, los adultos mayores -si es que así lo desean- pueden llamar al teléfono 147 y dar aviso de que van a salir o pedir algún tipo de asistencia, que el gobierno local se ha comprometido a seguir proveyéndoles.
Ha sido un paso en falso de las autoridades porteñas, rápidamente corregido, el que muy probablemente no haya tenido como objetivo coartar la libertad, pero que ha producido el efecto contrario.
No se trata de una cuestión de mayor o menor sensibilidad en la reacción de una porción de la ciudadanía que precisamente porque ha vivido mucho valora tanto la libertad. Se trata de la igualdad de derechos ante la ley.
Nos encontramos en una situación crítica, producida por la actual pandemia de coronavirus. Eso hace que se tomen medidas excepcionales, como las adoptadas por el gobierno nacional respecto del aislamiento social y preventivo para toda la población, con las salvedades ya conocidas para los casos de quienes brindan servicios esenciales.
Aun así, hay que ser muy cuidadosos de que la excepcionalidad no se convierta en la regla y, menos aún, en un salvoconducto para coartar derechos.
Proteger a un sector de la población que ocasionalmente se presenta como más vulnerable requiere de una planificación muy prolija y de un mensaje muy claro. No son sus miembros culpables de contar con una determinada edad ni de que, por distintas razones, el sistema de salud no esté debidamente preparado para asistir en una eventual emergencia.
Detrás de cada estadística hay personas con necesidades. Mucho se ha dicho de lo importante que es para el adulto mayor mantenerse en movimiento, no abandonarse, ser socialmente activo. Condenarlo al encierro absoluto y haber pensado en algún momento en sancionarlo excede cualquier intento de protección. El gobierno de la ciudad ha comprendido que no fue la suya la mejor manera de demostrársela.
Las estadísticas oficiales dicen que en poco más de un día se recibieron en la línea 147 alrededor de 30.000 llamadas, de las cuales unas 12.000 eran de personas de más de 70 años que dieron aviso de que saldrían y otra cifra similar aceptó la ayuda que les provee el distrito para que voluntarios hicieran por ellos determinados trámites. El resto pertenecía a casos exceptuados del aislamiento social y preventivo. Una operatoria que pudo haberse estructurado de esa forma desde el principio, sin herir a ningún sector.
Es de esperar que de aquí en más cada disposición para enfrentar esta particular crisis sea adoptada pensando en que, como bien dice la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, estas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, incluido no verse sometidas a discriminación fundada en la edad.
LA NACION
