Corrupción: la punta de uno de tantos icebergs

Ha sacudido a la sociedad argentina un nuevo escándalo de corrupción kirchnerista que revela aspectos hasta ahora desconocidos de una vasta red de corrupción asociada a contratos de obra pública y lavado de dinero sucio que operó con absoluta impunidad y que involucraría al empresario santacruceño Lázaro Báez, varias veces sindicado por la diputada Elisa Carrió como testaferro del ex presidente Néstor Kirchner.

La operación desnudaría una de las más sospechosas falencias que caracterizaron los diez años del régimen kirchnerista: la de la inexistente lucha contra el lavado de dinero, al tiempo que confirmaría que organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) no sólo no cumplen su obligación de combatir ese delito mientras se dedican a perseguir a opositores o críticos del Gobierno, sino que además suelen mirar al costado cuando los sospechosos son allegados a la Casa Rosada.

Mediante cámaras ocultas y entrevistas, el programa Periodismo para todos , que conduce Jorge Lanata, reveló el domingo cómo un colaborador de Báez, Leonardo Fariña, junto con el financista Federico Elaskar, habría enviado a bancos suizos aproximadamente 55 millones de euros que pertenecerían a Báez. Elaskar, a su vez, acusó al entorno de ese empresario de haberlo amenazado para que vendiera su financiera SGI, que habría sido el instrumento empleado para efectuar las transferencias al exterior. Fariña sostuvo que Néstor Kirchner se encontraba al tanto de las operaciones y que era socio de Báez "en todo".

Fariña habría sido quien informaba a Elaskar de las sumas de dinero que era preciso transferir al exterior, y Elaskar se encargaba de la ingeniería necesaria, para lo cual habría intermediado junto con Fabián Rossi para la constitución de unas 40 empresas panameñas offshore que ocultan la identidad de sus verdaderos propietarios. Luego, esas firmas abrían cuentas en bancos suizos y allí confluían los fondos.

Los euros en billetes de 500 llegaban en bolsas y bolsos desde Río Gallegos hasta el aeropuerto de San Fernando en un avión privado, presuntamente de Báez, según se informó en el citado programa periodístico.

Ayer, Fariña quiso desdecirse y afirmó: "Todo lo que dije" ante las cámaras ocultas "fue ficción". Representantes de la oposición y abogados han presentado ya cinco denuncias ante la Justicia, y será ésta la que deberá investigar la veracidad de los dichos de ambos jóvenes, la documentación exhibida en el transcurso del programa y las eventuales responsabilidades penales que puedan caberles a los diversos protagonistas.

Sin embargo, los tribunales federales de Comodoro Py emitieron una pésima señal cuando anoche, dos días después de conocerse este caso, los jueces federales Sebastián Casanello y Rodolfo Canicoba Corral no se ponían de acuerdo acerca de quién debía instruir el sumario. La falta de acuerdo obligará a la Cámara Federal a decidir.

El juez federal Julián Ercolini tiene desde 2008 una denuncia de la diputada Elisa Carrió para investigar una presunta asociación ilícita que, encabezada por Kirchner, habrían integrado el ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, y, entre otros, los empresarios Báez y Cristóbal López. Pero el juez entendió que los hechos conocidos en las últimas horas debían formar parte de una nueva investigación y envió la nueva denuncia efectuada por Carrió a la Cámara Federal.

El análisis del caso Báez es inseparable del triste y casi cómplice panorama que presenta esta Justicia despistada y temerosa a la hora de abordar escándalos de corrupción del kirchnerismo. El caso también involucra la complicidad de la UIF, que, al mando de José Sbattella, una vez más, ha demostrado que no combate el lavado de dinero.

De probarse, estos hechos desnudan a un régimen embarcado casi desde sus comienzos en una carrera de corrupción que, aparentemente, sería la continuación en el nivel nacional de una red santacruceña aceitada durante la gobernación de Néstor Kirchner.

A esa red pertenecería Báez, quien, bajo el amparo de Kirchner, pasó de cadete del Banco de Santa Cruz a floreciente empresario -siempre a costa del Estado- en los rubros de la construcción, los medios de comunicación, la explotación petrolera y la compra, en 2007, de una docena de estancias santacruceñas que pagó en efectivo por un total de 28 millones de dólares. Para este último negocio, Báez contaba con información privilegiada, pues, como se supo después, la provincia expropiaría terrenos de algunas de esas estancias para construir represas hidroeléctricas, con la consiguiente compensación al nuevo propietario. Por supuesto, un firme candidato a construir esas represas es la propia empresa constructora de Báez.

Más de una vez sostuvimos en esta columna que la flagrante inutilidad de la UIF -salvo cuando se trata de hostigar a los críticos del kirchnerismo- no era casualidad, sino una política tendiente a proteger el blanqueo de dinero.

De confirmarse lo revelado en Periodismo p ara todos, se verificaría también que el lavado habría adquirido estatus de política cuasi oficial. Pero lo que más urge ahora es que la Justicia se sacuda el miedo y se anime a investigar no sólo estas presuntas transferencias de dinero al exterior, sino además el origen de esos fondos.