Corrupción, silencio e impunidad
Frente a los escándalos que azotan al Gobierno, éste debería dar explicaciones y responder con hechos
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El silencio muchas veces es saludable. Pero frente al escándalo de corrupción que azota en las últimas semanas al gobierno nacional, parece ser el peor remedio.
Es comprensible que los funcionarios no quieran expresarse sobre el caudal de información tan poco edificante que ha emanado de las computadoras de Manuel Vázquez, el asesor del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y de los documentos de la diplomacia estadounidense ventilados por WikiLeaks. Hay que suponer, con toda lógica, que la administración Kirchner calla porque carece de explicaciones serias y sustentables.
Sin embargo, ese silencio es más estridente porque proviene de un Gobierno que no da un paso sin convocar a la cadena nacional de radio y televisión. Ante semejante sobreexposición mediática, la gravedad de los datos que han salido a luz justificaría por lo menos una conferencia de prensa de la Presidenta.
También es difícil de aceptar que una parte muy extendida de la oposición no haya abierto la boca. La Argentina ha quedado expuesta ante la escena internacional con las peores sombras. La información producida por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, que ahora salió a luz, no hizo sino confirmar lo que tantas veces fue denunciado desde esta página editorial. Nuestro país ha ido degradando de manera alarmante la vigilancia sobre delitos gravísimos, con frecuencia vinculados al terrorismo, como son el narcotráfico y el lavado de dinero. Ese deterioro no se produjo tanto por falta de normas adecuadas cuanto por falta de vocación política para ejercer los controles dispuestos en las leyes.
De los documentos diplomáticos que se han ido exhumando surge que el matrimonio Kirchner podría haber realizado operaciones financieras sospechosas en algunos paraísos fiscales europeos. Estas presunciones hacen juego con otras hipótesis escandalosas mencionadas en los informes, ya conocidas: el llamativo progreso patrimonial de la pareja; la vinculación del actual esquema de poder con la industria del juego y el énfasis con que la Casa Rosada promovió una perniciosa ley para permitir el blanqueo de dinero.
Esas noticias tan poco alentadoras se suman a las que fueron revelando los correos electrónicos del insólito asesor Vázquez. Sus mensajes confirmaron lo que ya el patrimonio atribuido al ex secretario Jaime permitía sospechar: que el área de Transportes ha sido durante buena parte de la etapa del gobierno kirchnerista un antro de malas prácticas, exacciones indebidas, retornos clandestinos y un festival de enriquecimiento de los propios funcionarios.
El anecdotario no debería distraernos de los males estructurales que subyacen a estos episodios. El nivel de corrupción que desnudan los relatos es una consecuencia inevitable de las intervenciones del Gobierno sobre amplísimos sectores de la economía. Esas intervenciones se han venido realizando con una falta absoluta de transparencia. La neutralidad que debería caracterizar a las acciones del Estado fue sustituida por el favoritismo faccioso. Con la excusa de que había que alimentar a una burguesía nacional, supuesto factor de progreso, se asignaron y se quitaron porciones de mercado con criterios de índole política o, peor aún, privada. Una de las expresiones más elocuentes de esa falta absoluta de control ha sido la conducta del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien a menudo se ha ufanado de jamás poner una orden por escrito.
Esta confusión de lo público con lo privado, esta contaminación del Estado con el Gobierno y del Gobierno con el caudillo, es la raíz de la corrupción que nos aqueja. Al amparo de estas deformaciones se alimentan grandes fortunas empresariales, como va revelando al detalle el caso Jaime. La contemplación de esas desviaciones tiene un pésimo efecto sobre la cultura pública argentina, ya que convalida el prejuicio de que toda riqueza proviene de un origen tenebroso y debe, por lo tanto, ser penalizada.
Más preocupante es la ausencia de controles. Los sistemas administrativos, los dispositivos de auditoría, el ritual judicial, han sido creados sobre la hipótesis de que el hombre es corruptible. Esta es la razón por la cual no es tan grave que se cometa una irregularidad como que no haya alarma alguna que permita detectarla y sancionarla. De los informes de la embajada norteamericana surge que organismos cruciales para el monitoreo del movimiento de dinero negro se resisten a proveer información. En el caso Jaime-Vázquez, hay indicios de lo mismo: una versión divulgada por fuentes muy confiables del propio Gobierno asegura que los mails salieron a la luz por la acción de un funcionario judicial que quiso evitar que el juez declarara la nulidad de las pruebas para cerrar, después, la investigación.
El kirchnerismo ha convertido el silencio en una estrategia cada vez que su inconducta se hizo pública. El cargamento de drogas transportado por la compañía subsidiada Southern Winds, la valija repleta de dólares del venezolano Guido Antonini Wilson, las concesiones a los casinos de empresarios que frecuentan Olivos, los sobreprecios de innumerables obras públicas, son algunas de las incógnitas que requerirían una palabra oficial. Y las denuncias sobre falta de voluntad para enfrentar el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas requieren de acciones oficiales que las desmientan. El mutismo sólo contribuye a profundizar las sospechas, a minar la credibilidad y a olvidar cualquier expectativa de un cambio de conducta.
