Cristina Kirchner debe entender que cesó su impunidad
La ley es igual para todos y quienes han traicionado la confianza ciudadana robando al Estado tienen que pagar por los delitos cometidos
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Resulta un reiterado agravio a las instituciones la pretensión de la expresidenta Cristina Kirchner de acudir a tribunales internacionales con el propósito de que se evalúen las condiciones de su detención domiciliaria por la condena que cumple a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos en el Estado en la causa de la obra pública, conocida como “Vialidad”.
Esa decisión de la exmandataria es otro capítulo de los innumerables planteos a los que siempre recurre y que no hacen más que confirmar el desprecio que le provocan las decisiones de la Justicia, a la que ha intentado doblegar, colonizar y, al fracasar en esos intentos, deslegitimar como parte de un inexistente complot basado en una absurda persecución política contra su persona.
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de mantenerle las restricciones a su prisión domiciliaria -que bastantes concesiones ha logrado- constituye otro firme mensaje institucional frente a sus intentos de recurrir a instancias internacionales para evadir el estricto cumplimiento de su condena por corrupción.
Con el voto de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña quedó ratificado que debe cumplir con las condiciones del encierro que le fueron impuestas: tobillera electrónica, régimen de visitas acotado, uso restringido de espacios comunes y no alterar la paz del vecindario. Es lo mínimo que se le debe exigir a una persona condenada a seis años de cárcel por delitos de la gravedad de los cometidos por Cristina Kirchner.
No estamos ante una perseguida política, sino ante una dirigente probadamente corrupta, sentenciada en un debido proceso con todas las garantías, cuya culpabilidad fue confirmada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lejos de acatar el fallo, Cristina Kirchner busca flexibilizar su condena obteniendo privilegios que no alcanzan a ningún otro reo en su mismo derrotero judicial. Su intención de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) configura otro intento por internacionalizar su situación y presionar por un trato diferencial, a todas luces improcedente.
Acudir a instancias internacionales, concebidas para proteger a ciudadanos indefensos frente a abusos de poder o frente al accionar de regímenes autoritarios, constituye una afrenta para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Pretender equiparar el juzgamiento de delitos de corrupción estructural, cometidos y orquestados desde las más altas esferas del poder del Estado, con una supuesta persecución política, es una falacia que la mayoría de los ciudadanos ya ha advertido sobradamente.
Durante sus procesos judiciales, la exmandataria gozó de todas las garantías constitucionales; ha echado mano de un sinfín de recursos procesales, tuvo defensas técnicas de privilegio y transitó por todas las instancias recursivas que garantiza el Estado de Derecho.
Su condena no es el resultado de un tan absurdo como inventado lawfare; es la consecuencia probada, documentada y ratificada en tribunales de un brutal esquema de defraudación al Estado.
Como bien detalla el voto del juez Hornos, la prisión domiciliaria ya constituye en sí misma una modalidad excepcional y morigerada del cumplimiento de una pena privativa de libertad. Exigir además la remoción de la tobillera, la ampliación de visitas o el uso irrestricto de áreas comunes son otros despropósitos que desnaturalizan por completo el sentido de una condena.
La estrategia de victimización y apelación a organismos externos que planea desplegar la expresidenta representa otro intento por justificar lo injustificable y una subestimación a la inteligencia ciudadana.
Ni la CIDH ni la Corte Interamericana son una “cuarta instancia” para revisar sentencias firmes de tribunales nacionales. Mucho menos aún para cuestionar penas por delitos de corrupción, en las que está en juego la credibilidad de todo el sistema republicano.
Cristina Kirchner debe comprender que su tiempo de impunidad terminó. La ley es igual para todos y quienes han traicionado la confianza ciudadana robando al Estado deben pagar por sus delitos.
