Cristina Kirchner y el precio de una reivindicación
Nada le impide a la condenada expresidenta contratar costosos abogados y consultores extranjeros, pero es imperioso que explique cómo se solventan
5 minutos de lectura'
La expresidenta Cristina Kirchner parece decidida a prolongar en el escenario internacional una batalla que perdió ante los tribunales argentinos. Condenada por corrupción mediante una sentencia firme, ha recurrido a instancias internacionales y a profesionales extranjeros para cuestionar las decisiones judiciales que determinaron su responsabilidad y la inhabilitaron para ejercer cargos públicos.
Ahora se conoce que una consultora británica de comunicación ha realizado gestiones en los Estados Unidos para promover su posición ante organismos oficiales y medios periodísticos. La defensa jurídica se complementa, así, con una campaña internacional de relaciones públicas destinada a recomponer su deteriorada imagen.
La situación encierra una ironía difícil de pasar por alto. Quien durante años denunció la influencia de intereses extranjeros sobre la política argentina recurre ahora a consultores británicos y profesionales estadounidenses para procurar su reivindicación internacional. Nada hay de objetable en contratar servicios profesionales en el exterior. Lo que resulta llamativo es la facilidad con que ciertos principios, proclamados con vehemencia cuando sirven para cuestionar a los adversarios, parecen perder importancia cuando se trata de defender intereses propios.
No sería la primera contradicción en la vida de Cristina Kirchner. La expresidenta explicó alguna vez el origen de su patrimonio invocando su condición de “exitosa abogada”. Sin embargo, las investigaciones periodísticas sobre los comienzos profesionales del matrimonio Kirchner en Río Gallegos describieron su intervención en actividades de cobranza y ejecución de créditos durante los años de la célebre circular 1050, así como la adquisición de numerosas propiedades en un contexto de dificultades económicas para sus deudores. La propia interesada ha rechazado que esos inmuebles fueran adquiridos mediante remates judiciales. Pero la controversia histórica subsiste: resulta difícil conciliar la posterior condena política de aquel modelo económico con los beneficios que, según esas investigaciones, el matrimonio obtuvo de las oportunidades inmobiliarias que produjo su crisis.
La contratación de abogados o especialistas en comunicación extranjeros plantea algunas preguntas. La primera es tan sencilla como incómoda: ¿quién paga? Los servicios de estudios jurídicos internacionales y consultoras de relaciones públicas no suelen ser económicos. ¿Son solventados con el patrimonio personal de la expresidenta? ¿Los financian sus partidarios? ¿Existen terceros que aportan fondos para sostener esta campaña? Y, en tal caso, ¿quiénes son y qué intereses los impulsan?
Hay otra circunstancia que vuelve particularmente pertinentes esas preguntas. La condena de la expresidenta ha dado lugar a medidas patrimoniales destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del proceso. Si es ella quien financia estos costosos servicios internacionales, cabe preguntarse de qué fondos dispone, dónde se encuentran y si están comprendidos entre los bienes alcanzados por aquellas medidas.
Llama también la atención que, existiendo en la Argentina profesionales de reconocida competencia en derecho internacional y derechos humanos, se haya optado por contratar especialistas y consultores radicados en el exterior. La elección es perfectamente legítima, pero agrega otra pregunta: ¿cómo se financian esas contrataciones? ¿Mediante transferencias desde la Argentina, con fondos disponibles en el extranjero o con aportes de terceros? Ninguna de esas posibilidades demuestra por sí misma una irregularidad. Pero resulta difícil de justificar que una campaña destinada a reclamar reconocimiento y transparencia institucional deje sin respuesta interrogantes tan elementales.
La transparencia patrimonial debería ser una exigencia particularmente rigurosa para quien ha recibido una condena firme por corrupción y pretende, al mismo tiempo, presentarse ante el mundo como víctima de una injusticia.
Existe, además, una diferencia fundamental entre procurar la revisión de una sentencia y organizar una campaña destinada a desacreditar a las instituciones que la dictaron. La primera actividad pertenece al legítimo ejercicio del derecho de defensa. La segunda, aunque pueda estar amparada por las libertades individuales, merece un escrutinio político y moral mucho más exigente.
La Justicia argentina ha recorrido un largo camino hasta llegar a una condena firme. Ese resultado no puede ser presentado, sin fundamentos suficientes, como una mera manifestación de persecución política.
Resulta difícil no advertir, detrás de estos esfuerzos, la resistencia de una dirigente a aceptar que su protagonismo político pertenece cada vez más al pasado. La búsqueda de reconocimiento internacional parece prolongar una disputa por la centralidad política que las circunstancias nacionales y las decisiones judiciales han modificado sustancialmente.
La historia no se reescribe mediante campañas publicitarias. Tampoco las sentencias se convierten en injustas porque sus destinatarios consigan difundir esa interpretación en medios extranjeros.
La expresidenta tiene derecho a defenderse. Sus abogados tienen derecho a percibir honorarios y las consultoras de comunicación, a prestar sus servicios. Lo que resulta legítimo exigir es que una operación de esta naturaleza no quede rodeada de interrogantes sobre sus fuentes de financiamiento.
La transparencia que se reclama a los gobernantes no debería desaparecer cuando abandonan sus cargos, especialmente si pretenden seguir ejerciendo influencia sobre la vida política del país.
La reivindicación pública puede intentarse de muchas maneras. Pero cuando se procura mediante costosas campañas internacionales, corresponde explicar en primer término quién paga la cuenta.
