Cruzada contra las redes sociales
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“Nuestros hijos están expuestos a un espacio que nunca se pretendió que navegaran solos; espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia. Ya no lo aceptaremos más” afirmó en inglés Pedro Sánchez, el cuestionado presidente del gobierno español, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos reunida en Dubai días atrás.
Su anuncio sobre la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años –hasta ahora era de 14 años- comparte el espíritu de la medida aplicada en Australia en diciembre pasado sobre la que ya nos ocupamos en este espacio editorial. Allí, ya no son los padres o las escuelas los encargados de limitar el uso de plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X, Reddit y Twitch por parte de jóvenes, sino el propio Estado. Un estudio de la Universidad de Navarra (España) reveló que los menores de entre 12 a 17 años usan un promedio de 5,8 redes sociales por mes.
Las empresas tecnológicas serán fuertemente multadas si se detectan cuentas de menores de 16 años en una tendencia que parece imponerse con debates similares en Francia, Portugal y Grecia, así como también entre nosotros.
Transitando el séptimo año de gestión, manchado por graves indicios de corrupción en su entorno cercano y en su partido que se investigan, Sánchez eligió el ámbito internacional para defender el valor de un entorno digital seguro. Carente de las necesarias mayorías parlamentarias y jaqueado por las críticas y los pedidos de anticipación de elecciones no se sabe si sus propuestas en este terreno llegarán a buen puerto. Un proyecto de ley que obliga a las plataformas a contar con sistemas efectivos de verificación de edad ya tramita en el Congreso español.
El gobierno de ese país planea también introducir los cambios necesarios a las leyes para que “los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web”, incluyendo la manipulación de los algoritmos, la amplificación y la no eliminación de contenidos ilegales. Se propicia tolerancia cero a la hora de investigar y penar los delitos digitales. Se estudiarán las vías para investigar posibles infracciones legales de Grok (la IA de X), TikTok e Instagram y se crearán sistemas de rastreo, cuantificación y trazabilidad de las llamadas “huellas de odio y polarización” en redes.
Las tecnológicas han declarado la guerra al debilitado mandatario español luego de sus anuncios. Elon Musk -denunciado en Bélgica y en Francia -se refirió a él como el “tirano y traidor dirty Sánchez” al tiempo que Pável Dúrov, dueño de Telegram y sobre quien ya pesan varias imputaciones en Francia, alertó a los españoles sobre la pérdida de libertad de expresión. Desgraciadamente, los riesgos digitales para los más chicos no se limitan a las redes sociales. Basta pensar en las apuestas online o el acceso a contenidos pornográficos, entre muchos otros. “Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos” advertía Sánchez, dando cátedra desde un atril más seguro que cualquiera de los de su país. Frente a lo que definió como el “salvaje oeste digital”, proteger a los hijos obliga a los padres a recuperar el control. La polémica está instalada. Las distintas miradas proponen soluciones diversas. Lo cierto es que algo hay que hacer. La indiferencia ante este grave problema ha dejado de ser una alternativa.
Tipo de trabajo:
opinión
