Cuando el Estado se desentiende de investigar la corrupción

La decisión de la Oficina Anticorrupción (OA) de no acusar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el juicio conocido como la causa Vialidad, en el que la funcionaria se encuentra sospechada de haber direccionado obras públicas en la provincia de Santa Cruz para beneficiar al pseudoempresario Lázaro Báez, es otra muestra contundente del cerco de protección con que se la pretende favorecer en busca de garantizarle impunidad.

En rigor, no es un hecho nuevo el apartamiento de la OA de todo lo vinculado con causas judiciales en las que se encuentran comprometidos funcionarios y exfuncionarios. Pocos meses después de que Félix Crous asumió como titular de esa dependencia, anunció que el organismo encargado de investigar posibles delitos de funcionarios y controlar sus declaraciones juradas desistía de ser querellante en expedientes penales para dedicar sus recursos a las políticas de prevención y seguridad. Es más: en aquel momento se aseguró oficialmente y sin medias tintas que la OA había destinado mucho tiempo y personal durante el gobierno anterior a querellar en casos de corrupción y que ello no corresponde porque para eso estaban los jueces y los fiscales.

Esa determinación derivó en un nefasto antecedente de enorme peso político y judicial: a mediados de 2020, la OA ya había dejado de ser también querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en las que se investigaron delitos como el lavado de activos en el alquiler de propiedades y plazas hoteleras de la familia Kirchner, por medio de obras y contrataciones públicas que habrían favorecido a determinados empresarios durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Si bien la vicepresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, fueron sobreseídos en ese expediente, el mes último el fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar reclamó anular esa decisión y pidió que se realice el juicio oral y público, que abarca, además, al propio Báez y a Cristóbal López. Villar sostuvo que el único norte que tenían los jueces Daniel Obligado y Adrián Grümberg al sobreseer a Cristina Kirchner era cerrar la causa.

En lo que respecta a Vialidad, la vicepresidenta se enfrenta a la posibilidad de que la fiscalía le pida una condena de entre 5 y 16 años de prisión –según el cálculo por concurso penal de los delitos que se le imputan–, por estar sospechada de haber sido la jefa de una asociación ilícita que cometió fraude contra el Estado. En el mismo expediente figuran como acusados Julio De Vido y José López, entre otros a los que les corresponderían penas menores en caso de hallárselos culpables. Los alegatos del juicio comenzarán el 11 de julio. Otra dependencia estatal, la Unidad de Información Financiera (UIF), sigue siendo querellante en ese expediente.

Que la OA haya desistido de presentarse como tal en todas estas causas por corrupción implica que ya no será parte de los procesos y que, por lo tanto, desiste de tener acceso a los expedientes, pedir medidas de prueba e indagatorias, e incluso detenciones, además de aportar documentación. Desde ya que son los jueces quienes determinan si aceptan o rechazan la presentación de querellantes, pero en estos casos no tendrán ni que analizar la participación de la OA, pues ha sido la propia dependencia del Estado la que ha dejado en claro que no le interesa, que no le importa participar en los procesos para ayudar a dilucidar si funcionarios y exfuncionarios deben ser condenados.

Constituye una inadmisible excusa la referencia a sugerencias de organismos internacionales para concentrar los esfuerzos humanos y materiales en la prevención y sostener que para investigar y condenar está la Justicia. Todo lo que un organismo del Estado pueda aportar para esclarecer delitos gravísimos como el lavado de activos y el fraude a las arcas públicas, entre otros, debería estar entre sus funciones prioritarias. Y suena a injustificable pretexto, más aún cuando la propia OA se presenta en su página web diciendo que trabaja para “fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”.

Frente a esas defecciones no sorprende entonces que nuestro país siga cayendo en los rankings internacionales. Lo atestigua dolorosamente el último Índice de Percepción de la Corrupción de 2021, que elabora Transparencia Internacional (TI), en el que la Argentina descendió 18 posiciones respecto del año anterior. Quedó ubicada en el puesto 96 entre 180 naciones. En 2020, ya había perdido 12 lugares en el ranking mundial, lo cual significó una importante recaída luego de que había mejorado sensiblemente su performance durante los años previos.

La presidenta de TI, Delia Ferreira Rubio, fue tan clara como terminante al referirse al retroceso argentino en el referido índice: “La indiferencia de los ciudadanos –dijo– es el mejor caldo de cultivo para que prospere la corrupción”.

Nos hacemos eco de esa declaración, convencidos de que el control sobre la transparencia de los actos de los funcionarios públicos debe ser un tema de todos los argentinos, quienes, sin más demoras y en apoyo de la tarea de los organismos pertinentes, deberíamos reclamar a nuestros gobernantes que rindan debida cuenta de sus actos y se sometan a la Justicia sin ningún tipo de privilegios.