Cuando el parentesco se convierte en condena política
La negativa presidencial a ascender a jueza a una candidata debido a sus vínculos familiares nos retrotrae a épocas que debemos superar definitivamente
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La decisión del Poder Ejecutivo de retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata constituye un hecho tan lamentable como peligroso, pues pretende convertir un lazo familiar en condena política.
No se trata solamente del caso de una candidata, sino del criterio que subyace detrás de una decisión que el Gobierno nunca explicó de manera convincente y que, precisamente por esa ausencia de fundamentaciones, alimentó sospechas que nadie se ocupó de disipar. La doctora Michelli es cuñada del periodista de investigación de LA NACION Hugo Alconada Mon, autor de numerosas investigaciones a lo largo de su prolongada carrera. Algunas de las últimas tienen como foco al propio Poder Ejecutivo o a miembros del Gabinete como, por ejemplo, el caso $Libra o el patrimonio de Manuel Adorni, entre muchas otras.
No parece existir otra razón que no sea la abyecta “culpabilidad por consanguinidad”, el inadmisible castigo “por portación de parentesco”, así como en otras oportunidades lo fue por “portación de apellido”. Una nefasta práctica muy en boga durante el kirchnerismo que pareciera querer imponer el juzgamiento “por sangre” y no por méritos; la validación, ya no por currículum, sino por pertenencia a determinado árbol genealógico.
Michelli atravesó exitosamente todas las instancias previstas para ser postulada como candidata a jueza. Su pliego había sido remitido por el propio Poder Ejecutivo al Senado y contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se negó a presentarlo. Más tarde, el propio Gobierno solicitó formalmente el retiro del pliego.
El escándalo quedó aún más expuesto cuando la jefa del bloque oficialista, la senadora Patricia Bullrich, anunció públicamente que había comunicado al presidente Javier Milei su decisión de no acompañar el retiro de la candidatura invocando que hará uso de la objeción de conciencia. Que la propia titular de la bancada se desmarque de una decisión de esta naturaleza refleja la magnitud del error político cometido.
La sola posibilidad de que alguien sea apartado de una candidatura por razones de parentesco representa un grave retroceso institucional
No solo nunca se ofreció una razón sustantiva que invalidara la capacidad profesional de la candidata, sino que no se advirtieron irregularidades en el concurso del que participó ni hubo observaciones respecto de sus antecedentes profesionales ni cuestionamientos a su largo y buen desempeño.
La sola posibilidad de que alguien sea apartado de una candidatura por razones de parentesco representa un grave retroceso institucional. Las personas responden por sus propios actos, no por los de sus familiares, amigos o allegados. Castigar a alguien por su apellido o por sus vínculos personales implica abandonar el principio básico de responsabilidad individual y de igualdad ante la ley.
Lamentablemente, en nuestro país no son nuevas estas prácticas. Durante los años del kirchnerismo, numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas vieron bloqueados sus ascensos por “portación de apellido” debido a vínculos familiares con militares que habrían actuado durante la década del 70. Aquellas decisiones fueron justificadas con argumentos rayanos en lo ridículo. “Es por motivos personales que estamos propiciando el rechazo [de los pliegos]. No estamos haciendo ninguna otra cosa que cumplir con la Constitución, que dice que es el Senado el que da o no el acuerdo”, sostuvo allá por 2022 el entonces senador Oscar Parrilli a la hora de fundamentar la postura de su bancada para tronchar la carrera de aquellos militares. Es verdad que la decisión política le corresponde a la Cámara alta, pero fundarla en venganzas es deplorable. Con el tiempo, varios de esos casos fueron revisados y reparados.
De la misma forma actuó el kirchnerismo respecto del doctor Ignacio Rodríguez Varela. Se postuló en 36 oportunidades y ganó más de 30 concursos, pero su acceso a determinados cargos en la Justicia fue sistemáticamente bloqueado durante años por razones que nunca tuvieron relación con sus méritos profesionales. ¿La razón? Ser hijo de Alberto Rodríguez Varela, quien se desempeñó como ministro de Justicia durante el último gobierno de facto.
Otro caso paradigmático de esa mala praxis ocurrió durante el actual gobierno, cuando el presidente Milei le pidió la renuncia a Osvaldo Giordano, quien se desempeñaba al frente de la Anses. La razón fue el voto negativo de su esposa, la diputada nacional Alejandra Torres, a la ley ómnibus, en febrero de 2024.
La salida de Sonia Cavallo de la representación argentina ante la OEA volvió a reavivar ese debate. Su desplazamiento ocurrió después de que su padre, el exministro Domingo Cavallo, formulara críticas al rumbo económico del Gobierno.
El caso Michelli, además, se inscribe en una dinámica más amplia. Desde el comienzo de la actual administración, numerosos funcionarios dejaron sus cargos en medio de diferencias políticas, conflictos internos o desacuerdos con el jefe del Estado; con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o con otros sectores influyentes del oficialismo.
Cada gestión tiene derecho a elegir a sus colaboradores y reemplazarlos cuando pierde confianza en ellos, pero una cosa es remover funcionarios políticos y otra muy distinta es condicionar la carrera de una candidata a un cargo en la Justicia, cuya trayectoria profesional no ha sido objetada.
Milei llegó al poder prometiendo terminar con las viles prácticas de la casta política. Entre ellas, el amiguismo, las persecuciones, los favoritismos y los vetos basados en afinidades ideológicas antes que en deméritos objetivos y comprobables.
Si la Argentina pretende asentarse sobre instituciones sólidas, debe abandonar definitivamente la lógica de premiar o castigar personas por sus relaciones familiares, sus amistades o las opiniones de terceros. Los concursos, los antecedentes y la idoneidad deben ser los únicos criterios relevantes. Todo lo demás pertenece a una cultura política que ya nos ha hecho demasiado daño.
Tipo de trabajo:
opinión
