Cuando el poder abre la puerta al crimen
Mucha de la sangre derramada en Rosario fue consecuencia directa de la extendida complicidad de algunos funcionarios judiciales con los delincuentes
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Durante siete años, un fiscal de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario decidió qué cuentas judiciales podían vaciarse y firmó los oficios necesarios para hacerlo. Mariano Ríos Artacho, según la acusación, desvió 425 millones de pesos depositados en concepto de fianzas, cauciones y fondos secuestrados en distintas investigaciones. El dinero que el Estado le había confiado para custodiar terminó en casinos y en inversiones bursátiles con las que alimentaba su adicción al juego. Lo hizo a través de una estructura de prestanombres que retiraban el efectivo, y con un abogado que reponía temporalmente los saldos cuando una causa se acercaba a un juicio abreviado o a una probation y alguien podía advertirlo. Él mismo lo resumió ante el juez: administraba esos fondos como si fueran su billetera.
El caso es escandaloso, pero lo más grave es lo que revela. Ríos Artacho no era un funcionario sin antecedentes. En 2024, la entonces auditora general del MPA y hoy fiscal general, María Cecilia Vranicich, lo investigó y advirtió que su conducta ameritaba una sanción más severa que la que finalmente aplicó la Legislatura: 60 días de suspensión sin goce de sueldo. El motivo había sido la entrega irregular de un Mercedes-Benz secuestrado en una causa por estafas, que terminó en manos de un comisario amigo del fiscal. Antes, un Chevrolet Cruze a su nombre había sido detectado en uso de Juan José Raffo, un exsuboficial condenado como colaborador de Los Monos, cuando la Procuraduría de Narcocriminalidad lo seguía en una investigación sobre esa banda.
Los investigadores federales sospechan que fue el exjefe local de la Agencia Federal de Inteligencia, Iván Jokanovich, quien le avisó al fiscal que su auto aparecía en una causa reservada. Jokanovich se encuentra hoy con prisión preventiva, acusado de haber usado su cargo para entregar información privilegiada a un sector de Los Monos y ayudar a Raffo a eludir la captura.
Una semana después de reincorporarse, Ríos Artacho dimitió. La renuncia clausuró el sumario. Nadie revisó entonces las cuentas que manejaba. El desfalco se descubrió más de dos años después, por una anomalía que detectó la propia Unidad de Delitos Económicos.
No se trata de un caso aislado. Desde que el MPA se puso en marcha, en 2014, diez fiscales o exfiscales fueron denunciados, imputados o condenados; cuatro están presos. El propio informe de gestión 2025 de la Fiscalía General admite investigaciones penales contra fiscales, renuncias en medio de causas, remociones de funcionarios luego condenados y suspensiones legislativas. El caso más resonante es el del exfiscal regional Patricio Serjal, el jefe de todos los fiscales de Rosario, condenado a nueve años de prisión por integrar la estructura que protegía el juego clandestino del empresario Leonardo Peiti, en la misma trama en la que cayó el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad. Quien debía decidir qué se investigaba en la ciudad más violenta del país cobraba por no investigar.
En el fuero federal, el que tiene competencia sobre el narcotráfico, el cuadro es aún más inquietante. El siniestro exjuez Marcelo Bailaque, que renunció antes de ser destituido, hoy con prisión preventiva, está imputado en tres causas por corrupción, entre ellas por haber favorecido al narcotraficante Esteban Alvarado. La Cámara Federal de Rosario ordenó auditar los juzgados federales N° 3 y N° 4 ante la sospecha de que unas 2000 causas permanecen paralizadas, algunas con hasta seis años de demora. El N° 4 era el de Bailaque.
A ese juzgado se suma el N° 1, hoy acéfalo. Su nefasto titular, Gastón Salmain, está suspendido y enfrenta un jury en el que los acusadores ya pidieron su destitución. Está procesado por cohecho pasivo agravado y prevaricato, acusado de haber cobrado una coima de 200.000 dólares para habilitar la salida al exterior de 10 millones de dólares de un fideicomiso. Al concursar para el cargo, ocultó que había sido apartado del Poder Judicial en 2002. Ante el jurado, su respuesta fue que no lo recordaba. Mientras tanto, en una de las jurisdicciones más castigadas por el narcotráfico y el lavado, un juzgado clave funciona sin titular y otros dos acumulan miles de expedientes dormidos.
Cada expediente paralizado, cada favor a un narcotraficante, cada dato filtrado a una banda, cada fiscal que vendía impunidad fue un permiso para delinquir
Es imposible separar este cuadro de la violencia que padeció Rosario. Durante más de una década, la ciudad encabezó los índices de homicidios del país. Se suele explicar ese fenómeno por la disputa territorial entre bandas, el poder desde las cárceles o la debilidad policial. Todo eso es cierto, pero incompleto. El narcotráfico no se expande en el vacío: prospera allí donde encuentra protección, información anticipada, causas que no avanzan y sanciones que no llegan. Cada expediente paralizado, cada favor a un narcotraficante, cada dato filtrado a una banda, cada fiscal que vendía impunidad fue un permiso para delinquir. La sangre derramada en los barrios rosarinos tiene, también, firmas en despachos judiciales.
Que hoy haya un exfiscal regional condenado, un exfiscal preso, un exjuez federal con prisión preventiva y otro al borde de la destitución puede leerse como señal de que algunos mecanismos de control comenzaron a funcionar. Sería un error, sin embargo, celebrar demasiado pronto. Ninguno de estos casos se descubrió a tiempo. Llegaron por arrepentidos, por empresarios que decidieron hablar, por fiscales de otras jurisdicciones que no se resignaron o por agujeros contables demasiado grandes para seguir ocultos. La pregunta que debe hacerse la dirigencia santafesina no es cuántos cayeron, sino cuántos siguen en funciones.
La respuesta exige decisiones concretas: concursos transparentes que verifiquen en serio los antecedentes de jueces y fiscales; auditorías que no se extingan con una renuncia; controles efectivos sobre las cuentas judiciales; una Legislatura y un Consejo de la Magistratura que no esperen el escándalo para actuar. La ética de un funcionario judicial no puede depender de la posibilidad de ser descubierto. Una ciudad que pagó con miles de vidas la complicidad de quienes debían protegerla merece, al menos, una justicia que deje de ser parte del problema.
