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Cultivar en banquinas, aumentar la producción
Es de esperar que se derogue la resolución kirchnerista que solo buscó perjudicar al campo, privándolo de la explotación de parcelas adicionales
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LA NACION
En noviembre de 2008, una arbitraria resolución de la Dirección Nacional de Vialidad dispuso dar por finalizados todos los convenios para el uso de tierras en banquinas a la vera de rutas y caminos dedicados a la siembra. Esta caprichosa prohibición, inspirada en un espíritu revanchista, nació como respuesta a la confrontación entre el gobierno de Cristina Kirchner y el campo, a la luz de la recordada resolución 125, referida a las retenciones móviles.
La red vial de la Argentina se extiende a lo largo de cientos de miles de kilómetros, un 83% corresponde a redes viales de provincia y un 17% a la nacional. Esta área, delimitada por la cinta asfáltica y los alambrados, que se extiende luego del talud y la cuneta de desagüe, encuentra razón de ser como escape de emergencia o detención de vehículos, incluso en caso de despistes, para lo cual debe cumplir determinadas condiciones. Incluimos aquí el adecuado mantenimiento de este valioso espacio de maniobras, sin abruptos desniveles, pronunciadas ondulaciones o poceados peligrosos, ni malezas que entorpezcan la visibilidad de señalizaciones o de vehículos en tránsito.
Muchas veces, las empresas contratistas de concesionarios móviles concentran las obras en la nueva carpeta asfáltica, pero descuidan las condiciones de las banquinas. ¿Quién no ha transitado por rutas con verdaderos paredones de yuyos y malezas capaces de alcanzar peligrosas alturas que en algunos casos llegan a los dos metros y que dificultan gravemente la visión?
Como en muchos otros terrenos, el de las banquinas no es la excepción y, desoyendo la normativa vigente, la siembra en ellas es una sana práctica habitual en muchas rutas, tanto provinciales como nacionales. Incluso, hubo municipios habilitados para otorgar permisos a propietarios linderos o a terceros (generalmente pequeños productores) y a renovarlos. La convención establece que los cultivos no deben superar los 60 cm de alto, tal el caso de la soja, el trigo, la avena, la alfalfa o el lino, quedando fuera, por ejemplo, el maíz o el girasol.
Cada mil metros lineales de banquinas se calcula una superficie de una hectárea adicional disponible para su cultivo. Imaginemos el beneficio que incrementar la superficie reportaría a la producción. Mucho más si sumamos también los costados de las vías férreas donde ya no corren más trenes.
Dicho todo esto, entendemos que debiera revisarse aquella norma dictada por Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, hoy detenido como parte de la denominada causa de los cuadernos, que investiga sobornos en la obra pública. En el dictado de la cuestionada resolución, lejos de primar la sensatez, solo se buscó perjudicar al campo; en este caso, a quien deseara cultivar las banquinas, privándolo de la explotación de parcelas adicionales contiguas a los alambrados a la vera de las rutas y caminos.
Muchos han tenido la posibilidad de viajar y observar con admiración cómo en países europeos, por ejemplo, se saca partido de cada metro de tierra disponible para sembrar. Con el aprovechamiento desperdiciado de nuestras banquinas, los europeos sacarían prácticamente otra cosecha.
Cuando no sean los propietarios de los campos linderos a las rutas los interesados en tramitar el respectivo permiso, se ha de abrir la posibilidad a terceros, incluyendo a vecinos y a organizaciones de la sociedad civil (OSC). Bajo un paraguas normativo claro y preciso que aúne las condiciones de explotación posibles de las banquinas tanto de rutas nacionales como provinciales, estableciendo claramente los límites para que no se termine arbitrariamente prohibiendo todo, como ocurre hoy.
En provincias como Santa Fe, además, algunas banquinas se utilizan para incentivar la producción apícola, con la creación de corredores ambientales donde se plantan las especies específicas para que las abejas de la zona tomen el polen y luego generen miel en los llamados espacios apícolas protegidos. Por su parte, reconocidos investigadores de la talla de Eduardo Rapoport llevan adelante en banquinas, baldíos y terrenos abandonados de la Patagonia el cultivo de "malezas" probadamente comestibles, dando cuenta de un registro de más de 13.000, que han servido de alimento a la humanidad desde tiempos inmemoriales.
Al argumentar razones de seguridad para mantener libres de obstáculos las superficies de banquinas, se cercena la posibilidad de otorgar permisos para su aprovechamiento en aquellas donde, por sus características y dimensiones, pudieran sembrarse alfalfa, cereales y oleaginosas sin aquel perjuicio.
Las condiciones de seguridad y circulación han de priorizarse, por cierto, también a la hora de rechazar peligrosos cócteles de abandono y desidia por parte de dependencias nacionales, provinciales y municipales, concesionarios y privados involucrados en la obligación de mantenimiento de banquinas. Los equipos técnicos del INTA y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca o de Ambiente, entre otros, pueden también aportar sus conocimientos sobre la materia para despejar eventuales cuestionamientos por los efectos que la siembra pueda acarrear en términos de erosión y problemas de escurrimiento.
El pago de un canon por la explotación significará un ingreso para el municipio, esto sin tener en cuenta que son muchísimas las toneladas de lo que puede producirse si se incorporan cientos de miles de hectáreas que hoy el país no aprovecha para generar ingresos. Paradójicamente, fueron muchos pequeños productores quienes más se vieron perjudicados por la resolución que aquí cuestionamos. Es de esperar que el Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, acelere la derogación de la cuestionada resolución. Forjar acuerdos inteligentes de mutuo beneficio es una forma de cosechar mejores resultados.
LA NACION
