Debates presidenciales: un buen paso adelante

Por primera vez en la historia argentina, pasado mañana se realizará el primero de dos debates entre todos los candidatos que se postulan para la primera vuelta de una elección presidencial.

Ese encuentro se producirá como consecuencia de la aplicación de la ley sancionada en 2016, que dispone la obligatoriedad de dos debates presidenciales antes de los comicios generales y otro más en caso de que se requiera dirimir la presidencia entre los dos postulantes más votados en un eventual ballottage. Lamentablemente, no prevé la obligatoriedad de que se enfrenten los candidatos a la vicepresidencia de la Nación.

Debe lamentarse asimismo que la provincia de Buenos Aires tampoco pueda ofrecer a su ciudadanía un debate voluntario entre sus postulantes a la gobernación.

En 2015, cuando los debates aún no eran obligatorios, la experiencia dejó sabor a poco en el primero de ellos, por cuanto Daniel Scioli, el candidato que había sido el más votado durante las PASO, se negó a participar, quedando su atril vacío. Es muy común que quienes van liderando las encuestas de opinión o que ganaron una elección poco tiempo antes consideren que nada les suma arriesgarse a un fuerte intercambio de ideas, del que podrían salir perdidosos. Scioli se presentó a debatir antes del ballottage. La ciudadanía tuvo así la oportunidad de ver frente a frente a los dos dirigentes con más oportunidades de acceder a la presidencia y, desde ya, a sumar argumentos para la que sería su definición electoral.

No se trata de considerar los debates como una instancia determinante en el resultado de una elección -sí resulta relevante para la promoción del voto informado-, sino de permitir a los ciudadanos contar con la posibilidad de que los candidatos expliciten sus propuestas, relaten cómo es que piensan llevarlas adelante, mediante qué planes e instrumentos, y cuáles son los caminos y los tiempos que estiman les demandará arribar a las soluciones que requiere cada caso.

En este último punto, el debate resulta muy superador a la presentación de plataformas políticas que, en general, son compendios de generalidades y de buenas intenciones de las que poco o nada se dice respecto de cómo llevarlas a la práctica.

Por lo demás, en un debate se puede apreciar no solo la formación y la capacitación del candidato, sino también su grado de responsabilidad para con lo que promete, su nivel de tolerancia frente a las críticas, su aptitud para responder preguntas inesperadas, su capacidad para el diálogo, su modelo de liderazgo, carácter y determinación en los gestos. En otros términos, sus habilidades técnicas, pero también sus valores, algo que es imposible detectar a partir de la letra muerta de un escrito de campaña.

Pasado mañana y el domingo 20, tendrán lugar los dos debates, que enfrentarán a los seis candidatos que quedaron en condiciones de competir tras las PASO. Son Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert.

A lo largo de ambos debates, los postulantes presidenciales deberán expedirse sobre qué haría un eventual gobierno suyo en materia de política económica e internacional, salud, educación, diversidad de género y derechos humanos, seguridad, empleo y producción, rol del Estado, desarrollo social, ambiente y vivienda.

Como dispone la ley, ya han sido confirmados quiénes serán los moderadores y los tiempos de intervención de los candidatos, en un ajustadísimo cronograma del que cabe lamentar que no haya preguntas directas. Encorsetar la discusión puede transformarse en una protección mayor para los postulantes antes que para los intereses de los ciudadanos, cuyas dudas corresponde atender y evacuar.

Previamente a la ley, en nuestro país, los debates entre dirigentes -no solo entre candidatos a cargos electivos- han sido escasísimos. Hubo una discusión pública entre Juan Manuel Casella y Antonio Cafiero, como candidatos a la gobernación bonaerense en 1987; otra entre Domingo Cavallo y Aníbal Ibarra, quienes disputaban la Jefatura de Gobierno porteña en 2001, y la más recordada entre Dante Caputo y Vicente Saadi con motivo del diferendo limítrofe con Chile por el canal de Beagle, en 1984.

En democracias como la norteamericana, los debates de ese tipo son una práctica constante, que tuvo como punto de partida el histórico enfrentamiento ante las cámaras de televisión entre el candidato republicano Richard Nixon y el demócrata John F. Kennedy, hace ya 59 años.

Países de nuestra región, como Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y Colombia también se someten periódicamente a ese sano ejercicio. Es más, en los países que están acostumbrados a estas prácticas, la decisión de un candidato de negarse a debatir puede generarle un costo electoral negativo, un riesgo altísimo.

No es escondiéndose del elector como debe plantearse una candidatura. Si tanto hay para escatimar es porque o no se quiere decir lo que se piensa hacer o no se está capacitado para enfrentar las opiniones contrarias o, lo más preocupante aún, no se sabe qué decir.

Mientras se gestionaba la organización del encuentro de pasado mañana, hubo algún candidato que puso en tela de juicio su participación en él por considerar que este tipo de presentaciones podría ser contraproducente ante mercados tan sensibles como los de hoy. Todo lo contrario. Si los ciudadanos merecen saber qué piensan hacer los candidatos en caso de ganar las elecciones, los mercados también están ávidos de conocer esas propuestas. No son parte ajena de nuestra sociedad. Si algo necesitan los inversores es certidumbre.

Es válido destacar como contrapunto que el Consejo Asesor convocado por la Cámara Nacional Electoral e integrado por referentes de la sociedad civil y académicos, así como de los propios equipos de los candidatos, construyó los aspectos fundamentales del reglamento, que fue acordado en un contexto de absoluta colaboración y en el tiempo necesario para permitir la organización de ambos encuentros.

Cuando pasado mañana se enciendan las cámaras en la sede de la Universidad del Litoral, en Santa Fe, los argentinos tendremos una gran oportunidad para conocer más y mejor a las seis personas que quedaron habilitadas para conducir los destinos del país entre 2019 y 2023.

Es de esperar que seamos muchos los que dediquemos parte de nuestro tiempo a este encuentro, una práctica valiosa que se inscribe nada más y nada menos que en la ruta de nuestro futuro como país.