Defensores de acuerdos truchos y no de la niñez
El proceso de selección de la nueva defensora ha estado viciado de irregularidades y de falta de transparencia
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Un concurso simulado y plagado de opacos manejos; la selección espuria y por acomodo de una persona sin nivel profesional ni conocimiento de la temática; acuerdos por debajo de la mesa y una abierta burla a la sociedad civil convocada a participar. Lo que termina de ocurrir en una de las instancias de selección de la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes constituye una penosa estafa a la ciudadanía y a los más elementales principios de transparencia y participación genuina.
Se realizó un concurso que luego no fue respetado en su esencia, y se dejaron de lado elementales principios de idoneidad para ocupar tan importante tarea, preseleccionándose a una candidata sin ningún tipo de cualidades para conducir un lugar clave para las políticas sociales. Por tal motivo, el plenario del Congreso de la Nación no debería convalidar dicha decisión tomada a través de opacos procedimientos, so riesgo de que el tema se judicialice por sus más que notables vicios.
Se trata de una cuestión de inusual gravedad. Proteger los derechos de los menores debería ser una prioridad, pero el cargo de Defensor de los de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creado en septiembre de 2005, estuvo bochornosa e inexplicablemente vacante durante 14 años. Solo en 2020, seleccionada por la comisión bicameral y aprobada por ambas Cámaras del Congreso, la doctora Marisa Graham, especialista en derecho de familia surgida de un concurso, pasó a ocupar el cargo. En febrero pasado, una modificación al reglamento condujo a que Graham autoprorrogara su mandato ya vencido, pero en mayo fue finalmente desplazada, llevando a una acefalía que trajo infinidad de complicaciones.
Tras iniciarse un nuevo concurso público de antecedentes y oposición en junio pasado, correspondía que se asegurara la plena participación de la sociedad civil para que el proceso fuera transparente e independiente, en concordancia con la relevancia del cargo. Las organizaciones de la sociedad civil participaron del concurso; si bien no integraron el jurado de evaluación, dieron su opinión respecto al perfil que debía tener quien ocupara el cargo, lo que constituye una forma de participación, aun cuando acotada.
La nómina de 69 postulantes rebosaba de perfiles sumamente profesionales y experimentados en el campo de los derechos de niños y adolescentes. Todos ellos, luego de aprobar un examen escrito, habían participado semanas atrás de audiencias públicas.
Nuestra clase política pretende imponer sus intereses por sobre los de los ciudadanos. Lo más deseable sería que ambas cámaras legislativas rechazaran dar su aval a una postulación nacida de cuestionables procedimientos y se llamara a un nuevo concurso
El 22 de septiembre último, en una tensa sesión, luego de votar el orden de mérito final y la valoración de cada postulante que fija el reglamento, la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes arribó a la elección de un candidato y dos adjuntos.
La Comisión Bicameral propuso ternas de forma discrecional, sin tener en cuenta el orden de mérito previamente establecido. Los votos se computaron de manera individual, pero encasillaron a los postulantes dentro de una terna cerrada, lo que distorsionó el resultado del concurso.
Para agregarle una irregularidad de mayor alcance, tampoco se publicaron las notas desagregadas por etapas, ni se comunicó a cada postulante su calificación individual, omisión que afecta gravemente la transparencia y el derecho a la información en un concurso público.
El diputado Nicolás Mayoraz (LLA) marcó estos elementos frente a la presidenta de la comisión, Natalia Sarapura (UCR), cuestionando el procedimiento de calificación de los candidatos por diferencias en las puntuaciones por etapas. “¿Se estableció un promedio de acuerdo a las ponderaciones de los diez miembros que componemos la bicameral o se aplicó la mayoría simple sobre la diferencia?”, preguntó el legislador santafesino. El senador Daniel Bensusán (Frente de Todos) señaló que, como no hubo unanimidad, se realizó un promedio a partir de la puntuación de cada integrante de la comisión y que se requería una mayoría simple para su aprobación.
Tampoco se atendieron los cuestionamientos ante la designación de dos adjuntos para el cargo, contraviniendo la ley, que establece que tal decisión corresponderá al Defensor elegido en función de su plan de trabajo. Fueron necesarias cinco votaciones para cosechar una aprobación de la cuestionada terna con siete de los diez votos. Además de Mayoraz, se opusieron también las senadoras Vilma Bedia (LLA) y Andrea Cristina (Pro).
La jugosa caja de la Defensoría y una estructura que servirá de guarida para los amigos marcaron el ritmo de una selección tan dudosa como maloliente
La candidata propuesta a considerar ahora por ambas cámaras del Congreso resultó la abogada María Paz Bertero, cercana al gobierno bonaerense, a quien se presentó como “especialista en cuestiones de género y abuso sexual infantil”, pese a que no califica como “especialista”, ya que para ser considerada como tal se requieren títulos académicos y experiencia técnica que no posee, tal cual se desprende de su pobre curriculum. Sí surge que se ha desempeñado desde 2019 como secretaria general de la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, escenario de supuestos latrocinios e irregularidades resonantes con su personal, que actualmente están siendo investigados por la justicia penal. Completan la terna elevada por la comisión Eduardo Matías Robledo, como defensor adjunto, y Héctor Iván Vito, como segundo defensor adjunto.
“Un proceso difícil en los consensos”, resumió María Sotolano (Pro), para justificar su apoyo a la nominación, mientras se hablaba de un acuerdo previo consolidado entre legisladores radicales y del peronismo. De nuevo, priorizando oscuras negociaciones por encima del escrutinio ciudadano, contraviniendo el requisito de idoneidad que fija la Constitución Nacional para el ejercicio de los cargos públicos.
“Aquí faltó transparencia y hubo irregularidades”, denunció Mayoraz, quien no cesó en sus justificados cuestionamientos al procedimiento y a los exámenes: “No manoseen a la gente que participó… la resolución es claramente política”, sostuvo, y denunció que todo terminó siendo un “circo”. Incluso Martín Menem fue criticado por no evitar que el peronismo lograra imponer su candidata, dando lugar a hipótesis sobre acuerdos con la oposición para conservar la presidencia de la Cámara de Diputados.
Una vez más, nuestra clase política pretende imponer sus intereses por sobre los de los ciudadanos. Lo más deseable sería que ambas cámaras legislativas rechazaran dar su aval a una postulación nacida de cuestionables procedimientos y se llamara a un nuevo concurso, como fija la ley. La jugosa caja de la Defensoría y una estructura que servirá de guarida para los amigos marcaron el ritmo de una selección tan dudosa como maloliente, que dejó fuera a excelentes candidatos.
Nuestros niños no merecen estas trapisondas. El cargo demanda una persona no solo profesionalmente idónea, sino también íntegra, capacitada y comprometida en la defensa de todos los derechos de la infancia; renuente a convertirse en moneda de cambio de espurias componendas.
Tipo de trabajo:
opinión
