Deficientes servicios de AySA
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Para una parte importante de la población, la llegada del verano representa un trastorno mayúsculo porque algunos servicios públicos esenciales entran en crisis. Las altas temperaturas no sólo han dado lugar a cortes en el suministro eléctrico en amplias zonas, sino también a la caída de la presión en el servicio de agua por el aumento de la demanda. Esto último es cuanto ocurre en Tigre, Quilmes y Bernal, dentro del Gran Buenos Aires; en los barrios porteños densamente poblados, como Caballito, y en las zonas donde se multiplican las grandes construcciones de viviendas, desde donde partieron los reclamos de los usuarios.
Es necesario y urgente que las autoridades de la reestatizada empresa prestadora del servicio, AySA, encaren los problemas con la mayor premura, y se realicen las inversiones necesarias para garantizar un mejor servicio que evite los cuellos de botella en el suministro por un crecimiento de la demanda.
Esas protestas fueron presentadas por asociaciones de consumidores, que reconocieron haber encontrado buena recepción y voluntad de resolver obstáculos en la empresa. En ese sentido, la comisión de usuarios, formada por representantes de 16 organizaciones, ha convenido con las autoridades de AySA en asumir un papel más efectivo con el fin de anticiparse a las dificultades.
El presidente de la compañía (ex Aguas Argentinas), Carlos Ben, señaló que a partir de la gestión estatal iniciada en marzo del año último la producción de agua creció un 4 por ciento, pero en el mismo período la demanda alcanzó a un 6 por ciento. Por lo tanto, el margen de insuficiencia del servicio creció un poco más. La manera de resolver a fondo las limitaciones actuales es mediante mayor inversión en obras, reconoció Ben.
Un punto crítico de las protestas es la falta de presión con que llega el agua a las viviendas. Durante la administración de Aguas Argentinas, la empresa estaba obligada a mantener una presión mínima equivalente a una columna de 10 metros de altura para asegurarlo. En la actualidad, en cambio, la normativa que rige a AySA establece solamente que debe "procurar" aquel nivel. El incumplimiento de la anterior obligación formalmente fijada fue una de las razones invocadas para rescindir el contrato con la concesionaria, de manera que la presente flexibilidad no se justifica si se trata de dar a los vecinos un buen servicio.
Uno de los instrumentos centrales para velar por el cumplimiento de las obligaciones de las compañías prestadoras de servicios públicos es el adecuado funcionamiento e independencia de los organismos de control. Pero la ley impulsada por el Gobierno para dotar de un nuevo marco regulatorio para AySA va en la dirección opuesta respecto de la independencia del ente responsable de la fiscalización.
En efecto, en las sesiones extraordinarias del mes próximo, para las que fue convocado el Congreso de la Nación, la cuestión del marco regulatorio de AySA será uno de los temas principales. El tratamiento de esa iniciativa fracasó a fines de diciembre último, cuando el oficialismo no consiguió reunir el número suficiente de legisladores para aprobarla en momentos en que el Congreso comenzaba a quedar vacío ante la inminencia de las fiestas de fin de año.
El proyecto de ley, con dictamen favorable en comisión, propone disolver el actual organismo regulador (Etoss, Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios) y crear en su lugar el Ente Regulador de Agua y Saneamiento, integrado por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y dependiente directamente de la cartera de Planificación. De ese modo, se corre el riesgo de controles laxos, ya que tanto la gestión de la empresa como la administración de los fondos destinados a la inversión en obras y la fiscalización dependerán del mismo organismo público.
Son evidentes los problemas del servicio de AySA, que deben ser solucionados en forma prioritaria. La empresa estatal a cargo de la concesión tiene que dar muestras de su responsabilidad y capacidad técnica para dispensar la calidad del servicio que la población reclama y el gobierno nacional, no cometer el error de debilitar los controles que, en definitiva, garantizan mejores prestaciones.
