Delincuente y precandidato
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LA NACION
En diciembre de 2017 se viralizaron y provocaron indignación las imágenes de Sebastián Romero, un militante de izquierda que, durante una violenta manifestación frente al Congreso contra un proyecto de reforma previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri, utilizó un mortero casero para atacar a efectivos policiales. Tras haber sido denunciado penalmente, estuvo dos años prófugo, hasta su captura en Uruguay y su extradición a la Argentina. Hoy se encuentra procesado y detenido, aunque goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Aun así, será precandidato a senador nacional por Santa Fe por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU).
Romero, conocido en su momento como “el gordo del mortero” y cuya imagen empuñando esa arma casera dio la vuelta al mundo, no será el único precandidato de la citada agrupación que se halla procesado por hechos de violencia. Daniel Ruiz también se postulará para ocupar una banca en el Senado en representación de la provincia de Chubut. Al igual que a Romero, se le imputa el delito de “intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí”.
Aunque la legislación vigente no impide que un procesado pueda postularse a un cargo electivo mientras no exista una condena firme, las citadas candidaturas constituyen un hecho lamentable y vergonzoso.
Pese a las evidencias de su accionar delictivo, Romero dice considerarse un “preso político” y un “perseguido”, al tiempo que no solo no se manifiesta arrepentido de su violenta actitud en la comentada movilización, sino que se jacta de ella.
Lejos de ser un “preso político”, Romero ha atentado contra las instituciones de la república y ha intentado fugarse, razón que justifica plenamente su detención hasta que la Justicia lo ponga donde debe estar: en la cárcel.
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