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Desigualdades del sistema de salud
Organizaciones internacionales han hallado desequilibrios e inequidades en nuestros servicios sanitarios
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La Argentina invirtió más en salud que otros países de la región, pero no ha alcanzado a dotar de equidad al sistema, según acaba de revelar un informe realizado conjuntamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según ese estudio, la cobertura de salud en el país está fragmentada, con enormes brechas entre las provincias, lo cual genera una marcada inequidad social, fundamentalmente en cuanto al acceso a ella.
Tal como sostuvo durante la presentación del informe la directora de la OPS, Mirta Roses, el sistema de salud argentino ha tenido muchos quiebres porque debió atravesar "rupturas políticas permanentes, producto de una historia institucional quebrada". Ante esa realidad, la OPS recomendó una reforma integral del sistema y una rejerarquización del papel del gobierno nacional para compensar las inequidades que hacen, por ejemplo, que una persona que sólo puede recurrir al hospital público tenga más desventajas que las que acceden a obras sociales y prepagas.
Sostiene el estudio que diferentes intentos de reforma pretendieron dotar al sector de la salud de mayores niveles de articulación y coordinación, pero sin mucho éxito. Menciona, por caso, el ejemplo del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), de 1974, y dos leyes de 1989 que propusieron la creación del seguro nacional de salud. Y acota que, también durante 1990, se realizaron reformas sectoriales con resultados insatisfactorios en términos de acceso y solidaridad.
Más tarde, las políticas surgidas tras la crisis de 2001-2002 se centraron en atender la emergencia sanitaria con programas como el Remediar, al que siguieron la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico y el Plan Nacer, entre otros.
Pero lo cierto es que desde que la salud quedó descentralizada, es decir, desde que las provincias se hicieron cargo de su prestación, esa misma fragmentación territorial conspiró para unificar políticas. Así, el Ministerio de Salud de la Nación se relaciona con los 24 distritos del país por medio de programas que no superan hoy el 7 por ciento del presupuesto provincial en la materia, según detalló, durante la presentación del informe, el viceministro de Salud de la Nación, Máximo Diosque.
Si bien la expectativa de vida ha ido creciendo significativamente en los últimos años en la Argentina, el estudio de la OPS pone el acento en uno de los puntos críticos que deben ser tenidos en consideración de las autoridades: se refiere al hecho de que todavía prevalezcan riesgos sanitarios comunes de los países en desarrollo, como el dengue y el hantavirus, vinculados ambos con el deterioro del ambiente, y el síndrome urémico hemolítico o la triquinosis, ocasionados por malos hábitos alimentarios.
Ese escenario es el que lleva a concluir a los expertos internacionales que será necesario hacer frente a una serie de desafíos tendientes a superar tres tipos de fragmentación que obstaculizan la construcción de un sistema de salud equitativo: la de los derechos, la regulatoria y la territorial. Es allí donde plantean la rejerarquización del rol del gobierno nacional en la compensación de las inequidades mediante acuerdos entre la Nación y las provincias para potenciar los recursos disponibles a través de incentivos en el financiamiento y reforzando la coordinación y regulación de las prestaciones con vistas a lograr la necesaria equidad.
El sistema de salud argentino es reconocido por ciudadanos de muchos países, especialmente limítrofes, que vienen aquí en busca de la atención que muchas veces no encuentran en sus naciones de origen. Pero esa demanda -en algunos casos, sobredemanda, como sucede en la ciudad de Buenos Aires, en la que más del 50 por ciento de los pacientes que se atienden en sus 33 hospitales provienen de otros distritos y del exterior- podría afectar las prestaciones si se acentuara la falta de coordinación entre los principales actores políticos.
Es que sólo con recursos no alcanza. Hace falta saber cómo emplearlos y cómo se reparten las responsabilidades, de modo de garantizar el contralor y la equidad.
