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Diez años sin defensor del pueblo
No se trata de llenar un cargo en una plantilla estatal, sino de designar a una persona independiente, idónea y éticamente intachable
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LA NACION
La última vez que la Argentina tuvo defensor del pueblo de la Nación fue hace diez años, cuando el entonces titular de esa dependencia, Eduardo Mondino, renunció al cargo.
La demora en reemplazarlo resulta incomprensible teniendo en cuenta la importancia que otorgaron a esa figura los convencionales reformadores de la Constitución de 1994, quienes determinaron que el ombudsman nacional fuera el defensor y protector de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por la Ley Fundamental y por el resto de la normativa, ante hechos, actos u omisiones de la administración pública. Sin duda, una figura clave.
A lo largo de toda esa década se sucedieron intentos aislados por ocupar el puesto que dejó vacante Mondino. Ciertamente, se barajaron algunos nombres de posibles candidatos, muchos de ellos para el olvido, ya que fueron propuestos por sucesivos gobiernos con la evidente intención de cooptar a esos funcionarios para que no se constituyesen en una piedra en los zapatos del poder de turno requiriendo explicaciones, reclamando cumplimientos o exigiendo cambios. Una actitud mezquina de parte de una dirigencia política que no admite que nada ni nadie la controle, aunque hacia afuera hable de institucionalidad, transparencia, rendición de cuentas, república y democracia.
La elección del defensor del pueblo debe realizarla el Congreso. Requiere de los votos de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras, una mayoría especial que reafirma cuán trascendente resulta esa figura para el país.
Si los intentos de nominarlo fueron aislados, hay que decir que los consensos resultaron nulos. Y esa desidia habla muy mal de las prioridades de quienes tienen a su cargo la delicada labor de sancionar las leyes de la Nación.
Hace un par de semanas, apenas transcurridos los comicios generales que dieron ganador al Frente de Todos para la presidencia de la Nación, la cuestión volvió a estar en agenda pero, lamentablemente, por muy poco tiempo. Una burda jugada política, más que un interés genuino por enmendar una prolongada y grosera omisión constitucional, hizo volver el tema nuevamente a foja cero. Y nada indica que vaya a ser tratado este año, cuando resta menos de un mes para que concluya el actual período ordinario de sesiones.
La demora en esa designación, de por sí grave, tiene un condimento que la torna todavía más inaceptable: hace tres años, cuando habían pasado siete sin un funcionario a cargo de la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhortaron al Congreso a poner punto final a tamaño incumplimiento constitucional.
El máximo tribunal se expidió al respecto en un fallo sobre el aumento de los precios de las tarifas de gas, criticando la tardanza parlamentaria. La Cámara, por su parte, ordenó a los legisladores designar al ombudsman, como parte de una acción de amparo que había presentado un grupo de prestigiosas instituciones, como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Sur.
Fueron dos órdenes claras emanadas de uno de los poderes del Estado, incumplidas por otro. Un sinsentido que, desgraciadamente, no es nuevo en el país: en 1995, en Santa Cruz, por ejemplo, el entonces gobernador Néstor Kirchner se negó a cumplir los fallos de la Corte nacional que lo obligaban a reponer en su puesto al entonces procurador general de Justicia provincial, Eduardo Sosa, desplazado de su cargo por el mismísimo Kirchner.
La Corte Suprema ordenó restituirlo en varias oportunidades. Kirchner adujo en su momento que no tenía cómo reincorporarlo porque ese cargo ya no existía. Y no existía por obra del propio gobernador, que hizo desaparecer ese puesto en violación de la Constitución del distrito y, obviamente, de la ética y el sentido republicano.
La ausencia del ombudsman nacional se vio expuesta de manera cruel cuando ocurrió la tragedia ferroviaria en Once; también, durante las sucesivas discusiones y audiencias por la suba de los precios de las tarifas de servicios, y cuando el kirchnerismo ordenó ilegalmente la suspensión del registro de asociaciones de defensa de los consumidores.
En sentido contrario, su presencia resultó determinante en el avance de causas como la del saneamiento del Riachuelo y, definitoria, en casos como el amparo presentado por integrantes de una comunidad indígena chaqueña.
Es de esperar que el Congreso abandone su morosidad y avance en la designación de quien debe asumir tan importante labor en defensa de los derechos de los ciudadanos. Y que lo haga mediante acuerdos y cumpliendo con todas las etapas de consultas que se requieren.
Hemos esperado mucho tiempo para cubrir esa vacante. No se trata de llenar un cargo más en una plantilla estatal, sino de cumplir con un mandato constitucional largamente vulnerado, designando a una persona idónea, técnicamente preparada, políticamente independiente, y ética y moralmente intachable.
LA NACION
