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DNU y ley ómnibus: más consensos, menos barricadas
Es hora de avanzar teniendo como objetivo primordial las desregulaciones y reformas profundas que terminen con décadas de retroceso y decadencia
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LA NACION
Era esperable que tanto el decreto de necesidad y urgencia (DNU) como el proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei encontraran fuerte resistencia en otras fuerzas políticas, tanto aliadas como opositoras al oficialismo. Ello ocurre por razones ideológicas, en algunos casos o, en otros, por mera acción destructiva en la lucha por el poder. Tanto es así que muchos de quienes se esmeraron por cimentar una herencia calamitosa, horadando la institucionalidad de todas las maneras posibles, hoy pretenden mostrarse como defensores del republicanismo que denostaron sistemáticamente cuando fueron gobierno. También resultaron inevitables las reacciones corporativas en defensa de intereses que se verán afectados por desregulaciones y reformas profundas, aunque apunten a un beneficio general. El funcionamiento de las instituciones de la democracia a través de la división de poderes ha puesto al Congreso y a la Justicia en la canalización de estas oposiciones.
La homologación parlamentaria de los DNU fue inspirada por el kirchnerismo en el poder cuando hizo uso y abuso de la delegación de facultades al Ejecutivo, acaso en la creencia de que esa facción gobernaría para siempre
La homologación parlamentaria del DNU requiere un tratamiento establecido por ley, en 2006, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. La Comisión Bicameral Permanente debe pronunciarse por la “validez o invalidez” de ese instrumento elevando un dictamen a cada Cámara para su tratamiento dentro de los diez días hábiles de haberlo recibido. Solo se requiere la aprobación de una sola de las cámaras, que no puede introducirle modificaciones. Mientras no se expidan, el DNU cobra plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Se trata de un mecanismo muy condescendiente con el Poder Ejecutivo, que fue sancionado precisamente a instancias del kirchnerismo en el gobierno. Hoy, está siendo bien aprovechado por el Presidente: como aún no se ha logrado poner en marcha este mecanismo, el DNU continúa vigente. Solo podría ser viable la alternativa de la Justicia.
Fue precisamente lo que ocurrió con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hizo lugar al pedido de una medida cautelar presentada por la CGT suspendiendo la aplicabilidad del Título IV del DNU en materia laboral hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre el planteo de inconstitucionalidad.
El DNU es un mecanismo muy condescendiente para con los presidentes, pero pareciera que el uso legal de ese instrumento solo es bien visto cuando recae en ciertas manos
La presentación sindical responde claramente a los intereses de esa dirigencia y no a los de los trabajadores que dice representar. Con la reforma, los trabajadores ganarían autonomía y tendrían mayores posibilidades de mejores salarios. Debe decirse, además, que las disposiciones del Título IV no incluyen un cambio que hubiera reducido aún más el poder de la dirigencia sindical. De hecho, no propone ninguna modificación en el privilegio de las convenciones colectivas sectoriales por sobre los acuerdos laborales a nivel de empresa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá dar la última palabra; mientras tanto un componente importante de la reforma ha quedado cercenado. Si quedare firme esta exclusión, impactaría negativamente sobre la productividad y el riesgo laboral. Esto, a su vez, perjudicaría el nivel de inversiones, la creación de trabajo privado, la competitividad, las exportaciones, el riesgo país y la tasa de interés. Golpearía por lo tanto en una de las columnas principales de la transformación propuesta.
La ley ómnibus, por su lado, ha logrado la aprobación general en Diputados tras varias ablaciones al texto original. Por caso, ayer, al comenzar el debate en particular en la Cámara baja, a instancias de los bloques dialoguistas –apoyados por el kirchnerismo– los libertarios y sus aliados de Pro habían perdido la posibilidad de manejar de manera discrecional los fondos fiduciarios y aspectos vinculados con las áreas energética y de seguridad, pero conseguido aprobar la declaración de emergencia pública en seis materias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de ser prorrogada.
Quienes recurren a judicializar lo que no se animan a debatir es porque están privilegiando la defensa de intereses corporativos
De esta manera, se redujo a la mitad la cantidad de emergencias previstas por Javier Milei cuando envió la iniciativa al Congreso. También a instancias de los bloques dialoguistas Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal se había establecido que el Ejecutivo informara mensualmente en forma detallada al Congreso sobre la aplicación de la delegación de facultades. Todo eso antes de que se decidiera reenviar la ley a un plenario de comisiones volviéndola a fojas cero.
La poda más importante hasta el momento fue la caída del paquete fiscal para su eventual tratamiento posterior. A la resistencia de la oposición de Unión por la Patria y de la izquierda se sumó en este caso la de los gobernadores de Juntos por el Cambio y del peronismo moderado. Queda nuevamente en evidencia que el régimen de coparticipación federal de impuestos abroquela a todas las provincias cuando el gobierno nacional intenta reducir algún gravamen o elevar el que no sea coparticipable. Lamentablemente, el programa de reformas no ha encarado la sustitución de la coparticipación por la devolución de potestades tributarias a las provincias.
Respecto del retiro del paquete fiscal, quedaron afuera el blanqueo y la moratoria, así como las modificaciones en los impuestos a las ganancias y a los bienes personales. También quedó en suspenso la medida más resistida por los gobernadores: la extensión de los derechos de exportación o retenciones alcanzando productos industriales y regionales. Se estima que el impacto fiscal será equivalente a 9000 millones de dólares anuales, o sea, el 1,8% del producto bruto interno. De no llegarse a un acuerdo posterior, se estaría imposibilitando el cumplimiento del objetivo de llevar a cero el déficit primario.
También afectará las cuentas públicas, aunque en un plazo más prolongado, la reducción de la lista de empresas estatales a privatizar. De las 41 originales quedaron 27 y, de estas, hay tres, por ejemplo, el Banco Nación, en las que solo se autoriza una venta parcial. La exclusión más relevante ha sido la de YPF, sobre la que existen millonarios reclamos judiciales derivados de la nefasta mala praxis de su estatización por obra del kirchnerismo en el poder.
La negociación para lograr la posterior aprobación en general de la ley ómnibus en Diputados llevó también a postergar el debate sobre los necesarios cambios en materia electoral y de partidos políticos, los que deberían ser debatidos, sin más demoras, a partir del 1º de marzo próximo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del corriente año.
Esta semana resultará clave en el Congreso. En lugar de insistir con discursos de barricada que solo distraen la atención de la solución de los verdaderos problemas de fondo y de traicionar acuerdos preexistentes, los diputados deberán demostrar que son capaces de acordar propuestas para el beneficio general del país y no para militancia o defensas corporativas. El tiempo apremia y restará aún que el Senado haga su parte.
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