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Doble discurso en la industria del juego
Promover desde el Estado los juegos de azar y, al mismo tiempo, propiciar medidas para combatir la ludopatía resulta un contrasentido
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LA NACION
El desmedido crecimiento de la industria del juego a lo largo y ancho del territorio nacional ha provocado una voluminosa y variada oferta para los jugadores. Para ampliarla, en 2018 la Legislatura porteña aprobó el juego La Grande de la Ciudad, que destina como mínimo el 60% de la recaudación bruta para atender el programa de premios, y autorizó los juegos de azar online.
Este convulsionado escenario revela la gran dimensión económica que acompaña a los juegos de azar, y los consiguientes intereses políticos y económicos que se generan en torno a una fuente importante de recaudación fiscal que, en definitiva, ha sido uno de los factores determinantes para la aprobación de estas nuevas modalidades de juego por parte de la Legislatura.
Paradójicamente, desde el mismo cuerpo legislativo que aprobó los juegos de azar, y por iniciativa de la legisladora de Vamos Juntos Cecilia Ferrero y otros legisladores de la Coalición Cívica, se ha propuesto un programa de prevención y asistencia de la ludopatía que, entre otros aspectos, prohíbe la publicidad y las promociones de estos juegos en medios de comunicación audiovisuales, gráficos y radiales, además de obligar a la salas de juego, agencias de apuestas y sitios web a exhibir una leyenda que advierta sobre la ludopatía y difunda los canales de atención de esta grave problemática.
También se propone que los hospitales públicos cuenten con un espacio destinado a atender a personas que padecen esta patología, capacitaciones para el personal que atiende en las salas de juego, así como la creación de un registro de autoexclusión para que quienes sufren la ludopatía puedan tomar distancia de apuestas y evitar el acceso a salas.
Está comprobado que el juego compulsivo promueve vicios que alejan a las personas de la responsabilidad del esfuerzo, de la cultura del trabajo y del estudio. Es una costumbre perniciosa que los gobiernos deben combatir, en lugar de valerse de ella para recaudar dinero, a menudo de los más necesitados y desprotegidos. No en vano se dice que el juego es un negocio que florece con fuerza en los barrios de menores recursos.
Promover por un lado el juego y por el otro propiciar medidas para combatir la ludopatía resulta un verdadero contrasentido que oculta una dosis no menor de hipocresía. Muchos y gigantescos serían los costos en recursos sanitarios y en rehabilitación, como también en publicidad, que, entre otros, podrían evitarse si no existiera una oferta tan amplia y variada de juegos de azar. Sería deseable que las autoridades porteñas, las provinciales y las nacionales canalizaran los recursos necesarios para educar a la población y disuadirla de participar en este tipo de esparcimiento, advirtiendo sobre los riesgos de adicción y el desorden a los que lleva inexorablemente la ilusión quimérica del dinero fácil. Lamentablemente, el eslogan de la provincia, en su afán por prevenir esta adicción, llega tarde: "Cuando el juego se vuelve una necesidad, podemos ayudarte". La mejor intención se da de bruces con la dificultad que plantea rescatar a alguien de esta enfermedad social; claramente la eficacia de la prevención se sostiene, en primer término, en la reducción de mensajes y espacios que incitan al juego.
Cabe preguntarse, entonces, si con el estímulo oficial a la industria del juego por el mero afán recaudatorio se está transitando por el camino correcto. O si, por el contrario, el mejor y más eficaz remedio para combatir las graves consecuencias de la ludopatía es reducir a su mínima expresión la enorme oferta que presenta la industria del juego en nuestro país.
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