Dos escándalos frenados por la Justicia

La Corte Suprema de Justicia cerró el año resolviendo varias causas de trascendencia institucional que tomaron estado público por la relevancia de su contenido, como la inconstitucionalidad de la ley sobre la integración del Consejo de la Magistratura, sumadas a otras de menor difusión, pero cuya doctrina es también por demás relevante. Intervino, por ejemplo, en dos casos similares, originados en la crisis bancaria de 1980, impidiendo que se consumaran defraudaciones por sumas millonarias contra el Estado nacional.

Durante la dictadura militar, contando con simpatías militares, varios grupos económicos crecieron a partir de controlar bancos que desviaban fondos para financiar empresas vinculadas. Así se expandieron el Banco de los Andes, del grupo Greco, y el Banco Latinoamericano, de los hermanos Eduardo y Miguel Saiegh, entre otros casos tristemente célebres.

El grupo Greco llegó a controlar el 30% del PBI de Mendoza, razón por la cual fue apoyado por el entonces gobernador de la provincia, el brigadier Jorge Sixto Fernández, y por la Fuerza Aérea. A su vez, integraban el directorio del Banco Latinoamericano los generales retirados Jorge A. Shaw y Oscar M. Chescotta, además del coronel Carlos A. Muzzio, exjefe de la Policía Federal de Juan Carlos Onganía, a cargo de la seguridad. Como facilitar la apertura de puertas siempre es clave, la política no podía estar ausente, por lo cual Bernardo Grinspun, exministro de Economía de Raúl Alfonsín, y el dirigente peronista Eduardo Setti aparecían también como miembros del directorio.

La Justicia impidió que, en dos casos similares originados en la crisis bancaria de 1980, se consumaran defraudaciones millonarias contra el Estado nacional

Ambos bancos fueron liquidados al verificarse que habían sido vaciados con autopréstamos a empresas vinculadas y las medidas quedaron ratificadas en tiempos de democracia. Los dos grupos lograron hábilmente “negociar” con la Procuración del Tesoro acuerdos indemnizatorios por los cierres. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, a partir de 2004, con el “apoyo” del nuevo procurador, Osvaldo Guglielmino, esos acuerdos fueron elevados para su firma al Ministerio de Economía.

Tanto Greco como Saiegh dependían de la complicidad de ese ministerio para cobrar con nuevas emisiones de bonos. Sin ambages, la ministra Felisa Miceli dictó la resolución 824/06 para abonarle al grupo Greco bajo el rubro “Pago a Proveedores” dentro del presupuesto anual, ocultando debidamente el verdadero destino de la partida. En 2007, cuando el proyecto de ley llegó al Congreso Nacional, con la firma de Néstor Kirchner y de su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales advirtieron la tentativa de defraudación y la denunciaron públicamente. Ambas propuestas fueron así rechazadas. Increíblemente, ante evidencias tan incontrastables, Miceli dictó una nueva resolución, la 33/07, para revocar todo lo actuado por ella misma y ordenando una investigación interna, como si hubiera sido totalmente ajena a los hechos. Debió ella renunciar a su cargo en 2007 luego de que se encontrara una bolsa con el equivalente a unos 60 mil dólares de entonces (100 mil pesos y 31 mil dólares) en el baño de su despacho del Palacio de Hacienda.

Desde 1984, Eduardo Saiegh mantiene un juicio contra el Banco Central por el cobro de 140 millones de dólares ante el Juzgado Comercial Nº 3, a cargo de Jorge Sicoli, que se encuentra en suspenso a resultas de su querella penal. Sobre la base de ese reclamo y apañado por Guglielmino, Saiegh también había logrado un acuerdo indemnizatorio. Al igual que en el caso Greco, solicitó al Ministerio de Economía el pago de la suma acordada. Pero el sucesor de Miceli, Carlos Fernández, con tamaño antecedente, rechazó el pedido mediante una resolución de 2008, ratificada por un decreto de 2010 de la expresidenta Cristina Kirchner. Esto le costó a Fernández ser denunciado por Saiegh como “antisemita”, aunque no se atrevió a decir lo mismo de la actual vicepresidenta.

Tanto el Banco de los Andes como el Banco Latinoamericano fueron liquidados al verificarse que habían sido vaciados con autopréstamos a empresas vinculadas. Pero los dos bancos lograron “negociar” espurios acuerdos indemnizatorios

Saiegh continuó su reclamo, a diferencia de Greco, pero debió cambiar la base legal en busca de alguna sentencia que lo habilitase a cobrar. Y así, en 2009 recurrió a la figura de lesa humanidad, alegando torturas de una “banda policial” que lo habría secuestrado en 1980 para “forzarlo a entregar su banco” al propio Banco Central: un absurdo, pues el BCRA lo liquidó al año siguiente. Y justificó su amnesia de tres décadas en el miedo a violar un “pacto de silencio” con aquellos policías, “los mismos que asesinaron a Osvaldo Sivak”, aunque ello ocurrió cinco años más tarde y en la causa Sivak jamás siquiera se mencionó a Saiegh.

En otra tan injustificable como vergonzosa maniobra que contribuyó a sostener una defraudación al Estado con apoyo del Estado, el fallecido Eduardo Luis Duhalde, como secretario de Derechos Humanos, avaló los dichos de Saiegh y le dio pleno y explícito apoyo, convirtiendo al organismo en coquerellante de la denuncia. Con este padrinazgo, todos los organismos del Estado habían recibido la orden de apoyar el reclamo, alentado también por valiosos pilares de la agrupación Justicia Legítima en los tribunales.

En diciembre último, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia unánime revocatoria de un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma) que favorecían a Saiegh, pues había anulado, sin fundamento alguno y por segunda vez, dos sentencias previas de la Cámara Federal desestimando la querella de Saiegh por la obviedad de su falso relato.

Tanto el Banco de los Andes como el Banco Latinoamericano fueron liquidados al verificarse que habían sido vaciados con autopréstamos a empresas vinculadas. Pero los dos bancos lograron “negociar” espurios acuerdos indemnizatorios

En ambos casos, las instituciones de la República evitaron que se vaciasen las arcas públicas con el apoyo de organismos de derechos humanos y la connivencia de funcionarios corruptos que respaldaron otro inverosímil reclamo.

Una vez más, como en muchos otros casos sostenidos en falsos relatos, se apeló a la figura de lesa humanidad, prostituyéndola y malversándola en perjuicio de las arcas del Estado para pretender justificar beneficios económicos que jamás se habrían conseguido de otra forma.