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Economía del conocimiento: un potencial demorado
La inexplicable suspensión de una norma alcanzada con amplios consensos nos ha privado de ver aumentados puestos de trabajo y exportaciones
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LA NACION
Como advertimos oportunamente a principios de año, la inexplicable decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la ley de economía del conocimiento, que debía entrar en vigor el 1° de enero último, ha causado un enorme perjuicio a uno de los sectores más dinámicos de la economía y con mayor potencialidad de generación de divisas y de empleo de alto valor agregado.
Lo que era difícil de comprender cinco meses atrás resulta hoy absolutamente injustificable, si tenemos en cuenta el protagonismo que ha tenido la economía del conocimiento en la transformación de nuestras vidas como consecuencia del Covid-19, en materia de teletrabajo, telemedicina y educación online, pero sobre todo por el papel fundamental que podría y debería tener en la recuperación económica de nuestro país.
Vale la pena recordar que la economía del conocimiento exporta alrededor de 6000 millones de dólares anuales, lo cual la convierte en la segunda exportación de nuestro país y da trabajo en blanco a más de 420.000 personas a lo largo y ancho del territorio. También debe consignarse que en los últimos años el sector creció aquí a una velocidad mucho más lenta que en el resto de los países comparables del mundo y de la región, por ausencia de un marco de promoción adecuado, generando una pérdida de oportunidad de más de 100.000 empleos y 4000 millones de dólares de exportaciones anuales.
Eso es justamente lo que venía a solucionar la ley de economía del conocimiento, con el objetivo de recuperar el terreno perdido, aprovechar las oportunidades y generar al menos 250.000 nuevos puestos de trabajo directos y alcanzar los 15.000 millones de dólares de exportaciones anuales.
A ello se suma el impacto enorme que la economía del conocimiento puede tener sobre la transformación productiva del resto de los sectores económicos, mediante la digitalización, la robótica, internet de las cosas, la biotecnología o inteligencia artificial. Es una gran ventaja para los sectores productivos tradicionales tener una disponibilidad tan grande de talento y oferta tecnológica, repartida además en el territorio federal.
Si estos objetivos (generación de divisas, generación de empleo de calidad y transformación digital de los sectores tradicionales) eran deseables e importantes antes del coronavirus, ahora se han vuelto imprescindibles. Por un lado, por el impacto de la cuarentena en el agravamiento de la crisis económica que atraviesa nuestro país (caída de empleo, consumo y exportaciones, freno de inversiones, cierre de empresas, cadena de pagos rota), que hace cobrar más relevancia aún a aquellos sectores que puedan tener indicadores positivos y compensar, en parte, la baja en generación de recursos y empleos de los demás.
Por otro lado, porque la pandemia ha acelerado de manera significativa, casi brutal, los procesos de digitalización de la economía que venían avanzando, y sobre los cuales tanto se ha debatido en estos últimos años en cuanto foro internacional existe (G-20, Davos, OCDE), advirtiendo la necesidad de implementar políticas de transformación digital para los sectores productivos tradicionales, especialmente las pymes, así como programas de formación en habilidades digitales para sus empleados, con el objetivo de que todos tengan la oportunidad de aprovechar la revolución digital.
Lo que en algunos casos podría parecer un ejercicio más bien teórico, o de futurología, está pasando ahora. Con lo bueno y con lo malo. Por eso sería un grave error quedarse únicamente con la crisis económica y olvidarse de la transformación profunda que esta pandemia está gestando en la dinámica de la economía de cara al futuro.
Es por ello que cuesta tanto entender que en este contexto no tengamos aún operativa la ley de economía del conocimiento, que podría haber estado generando impacto desde enero, y mientras tanto se implementan programas de asistencia a empresas para sostener el empleo o evitar que quiebren, o se instrumentan medidas tan heterodoxas (y de dudosa legalidad) para obtener divisas, como las adoptadas recientemente con relación al agro.
Mientras tanto el sector sigue con el freno de mano puesto. En momentos en que las empresas están haciendo enormes esfuerzos para no despedir, con ayuda estatal, hay empresas que podrían estar contratando. A modo de ejemplo, el CEO de una consultora internacional comentó en estos días que los planes de expansión de 400 a 3000 personas están congelados por la situación mencionada con respecto a la postergada ley.
Peor aún es la situación de algunas pymes del sector, ya que venían aplicando el régimen de la ley de promoción del software y planificando un empalme de al menos seis meses con ley de economía del conocimiento, hasta que pudieran inscribirse en esta. Sobre la base de esas reglas de juego y previsibilidad, costearon sus proyectos (que suelen ser a dos o tres años). Hoy están luchando por sobrevivir.
Todo lo contrario de lo que están haciendo los demás países, que saben que el sector de la economía del conocimiento, y en particular los emprendedores tecnológicos, serán una de las claves de la recuperación, y por ello están implementando potentes programas de apoyo e incentivo al sector, adicionales a los que ya tenían.
La mayoría de los argumentos para la suspensión de la implementación de esta ley resultaban poco atendibles o mas bien prefabricados, quizás tratando de disimular el verdadero objetivo: darle a la norma un contenido ideológico que no tenía originalmente y reservarle al Poder Ejecutivo mayor discrecionalidad para definir quién podía gozar o no de los beneficios del régimen de promoción. Una pena y, lamentablemente, una historia repetida. La grieta se mete en todo.
Un supuestamente elevado costo fiscal, la necesidad de diferenciar más entre pymes y empresas grandes, la idea de distinguir entre los distintos grados de economía del conocimiento de los distintos subsectores mediante un comité estatal y la presunta necesidad de clarificar más los parámetros de ingreso, entre otros, son todos argumentos que no justificaban frenar la ley, y en cualquier caso podrían haberse discutido en una reforma posterior.
Esta manera de hacer las cosas se llevó puesto en unos días un trabajo de consensos de más de dos años con el sector privado y público que se plasmó en una aprobación por unanimidad en el Congreso de la Nación, incluyendo a la fuerza política del actual gobierno.
Si bien es cierto que el Gobierno ha mantenido reuniones con el sector privado para intentar lograr la aceptación del proyecto de reforma de la ley una forma un poco distinta de "consensuar", y que ha habido algunos avances, se corre el enorme riesgo de que los consensos lleguen tarde. Ello porque si la reforma fuese aprobada en los próximos días, en muchos casos los requisitos no podrán ser cumplidos por las empresas sino hasta el año que viene, en el mejor de los casos. Por lo tanto, el impacto económico favorable, que podría ser inmediato, se verá demorado en varios meses más. Algo incomprensible.
Deben instrumentarse mecanismos de acreditación de los requisitos que se adapten a la nueva realidad laboral, que también afecta a las empresas de este sector, al menos por unos meses, mientras dure la cuarentena. En particular, lo referido a las certificaciones de calidad o a las de inversión en capacitación, ambos procedimientos cuya modalidad ha sido afectada por las restricciones de la cuarentena, lo cual debería estar contemplado en la normativa.
No hay lugar para prejuicios ideológicos. Así lo entendieron muchos otros países. Necesitamos sentido común y pragmatismo, que permitan rápidamente liberar el potencial de la economía del conocimiento en la Argentina. Porque si esta actividad crece, crecemos todos.
LA NACION
