El agónico gobierno español
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Un contundente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Española señaló al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exchofer Koldo García y al exsecretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Santos Cerdán como protagonistas de una trama que cobraba coimas para adjudicar obras públicas en distintas regiones de España. La sede central del PSOE y el Ministerio de Transporte fueron allanados. El reporte es demoledor, describiendo una corrupción sistematizada de la que el presidente Pedro Sánchez, líder del partido, no puede desentenderse: fue él quien colocó a Ábalos al mando del aparato socialista y del ministerio con más dinero para repartir y fue él quien después entregó el partido a Cerdán y lo ratificó en noviembre pasado, cuando las sospechas ya lo cercaban.
Su pedido de disculpas a los ciudadanos, en una comparecencia insólita en la sede de su partido, no pareció suficiente. Sánchez no puede presentarse como un líder decepcionado por lo actuado por dos de sus más íntimos colaboradores. De comenzar victimizándose, pasó al ataque y basó todo su discurso en que la corrupción del Partido Popular (PP) es peor.
El presidente tiene a su mujer investigada, a su hermano procesado y a su fiscal general al borde del banquillo y, a pesar de las concluyentes evidencias sobre los actos de corrupción que revelaron las grabaciones de la UCO, Sánchez se ha mantenido firme en su postura: no adelantará las elecciones ni dimitirá.
El masivo escándalo de corrupción que sacude al gobierno español sigue así sumando capítulos. La investigación de la Guardia Civil destapó una red de sobornos y de uso de servicios de acompañantes para agasajar a contratistas, incluyendo explícitas referencias a fiestas, intercambio de mujeres y reuniones con señoritas, supuestas prostitutas, pagadas con fondos del erario.
El escándalo que deja contra las cuerdas al gobierno genera repulsión dentro del partido, más aún si se tiene en cuenta que el PSOE promueve una futura ley para abolir la prostitución, por lo que este caso revela una profunda incoherencia interna.
El presidente no puede declararse ajeno a la corrupción que practicaron con impunidad sus dos secretarios de organización.
España no puede permitirse tener un presidente sometido a revelaciones periódicas sobre actos de corrupción. Partidos de oposición como el PP y Vox, y recientemente la Conferencia Episcopal Española (CEE), exigen elecciones anticipadas, califican al gobierno de corrupto y acusan a Sánchez de haber perdido la confianza ciudadana. Su continuidad al frente del gobierno español parece insostenible.
