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El cine y la bandera nacional
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Un principio elemental de racionalidad y de buen juicio nos ha llevado siempre a sostener que las manifestaciones culturales y artísticas de una sociedad o de una nación no pueden ser determinadas o modificadas compulsivamente por una ley o por un decreto. Una obra cultural -literaria, visual, sonora, teatral o cinematográfica- debe ser, necesariamente, el fruto de la libre y espontánea decisión de sus creadores, no el resultado de exigencias antojadizas, impuestas en nombre de supuestas razones de orden público o de un hipotético "interés nacional".
En un país republicano, respetuoso de su diversidad cultural y de las libertades de pensamiento, de conciencia y de expresión, la única norma sensata y razonable es la que consagra el respeto irrestricto hacia la libre inspiración de cada artista, de cada creador.
Por tales razones, ha causado verdadero asombro cierta iniciativa legal presentada por la senadora kirchnerista Silvia Giusti, de Chubut. Nos referimos al proyecto por el cual se pretende establecer la obligación de que toda producción cinematográfica argentina realizada con apoyo oficial -se trate de créditos, incentivos o subsidios- incluya imágenes de la bandera nacional. Sorprende que a esta altura de los tiempos se impulsen propuestas concebidas en función de un nacionalismo tan artificioso y trasnochado, propio de las mentalidades que alumbraron los peores autoritarismos nacionalistas del siglo XX.
De las muchas formas de censura -franca o encubierta- que padeció el cine a lo largo de su historia, no fue la menos nefasta la que se impuso, en diferentes épocas y en distintos países, con pretextos que invocaban la defensa de un supuesto interés nacional o patriótico. Vuelven a la memoria los excesos en que incurrió más de una vez la industria fílmica en los tiempos en que la guerra imponía toda clase de distorsiones y llevaba a algunos países a exigir a los productores de películas la incorporación de elementos propagantísticos que daban una imagen beatífica o idealizada de los combatientes del ejército propio y, en cambio, describían con rasgos invariablemente perversos o ridículos a quienes vestían el uniforme enemigo.
La inspiración patriótica y el sentimiento nacional no pueden ser la consecuencia de una disposición legal ni mucho menos de una obligación impuesta como contrapartida por el apoyo que el Estado ha considerado necesario brindar a una producción cinematográfica en el contexto de una determinada estrategia de promoción industrial. Poco favor le haría a nuestra bandera -o a nuestros otros símbolos nacionales- una ley que ordenara su inclusión forzosa en el metraje de una película sin tomar en cuenta si tal exhibición es funcional o no a las necesidades expresivas del film o de sus diferentes secuencias. Una película no es una sucesión caprichosa de datos o imágenes. Todo film tiene un desarrollo discursivo racional que no se puede quebrar por injerencias ajenas a la unidad de clima, de tema o de estilo que el realizador ha considerado necesario configurar o mantener en cada caso.
La sola lectura de los fundamentos de la iniciativa permite apreciar su inconsistencia. Dice la autora del proyecto que "la industria cinematográfica argentina es avasallada por las películas extranjeras, especialmente por las estadounidenses, donde es constante la presencia de elementos culturales de esa región". Manifiesta también la legisladora que a menudo los jóvenes y los niños de nuestro país "entienden más de cultura extranjera que de cultura argentina".
La debilidad de esta clase de argumentaciones salta a la vista. Es obvio que el fortalecimiento de la industria fílmica nacional no habrá de provenir mágicamente de la exhibición aislada y forzada de una bandera sino de la creciente calidad de nuestra cinematografía, basada en la seriedad y en la creatividad de sus artistas, así como en su posibilidad de acceder a una libertad de expresión que no padezca infundadas restricciones.
