El conflicto mapuche
Resulta nefasto que, con la inoperancia de las autoridades, grupos vandálicos atropellen la Constitución y pretendan crear un Estado dentro del Estado
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LA NACION
El conflicto con algunas comunidades mapuches continúa en la Patagonia. Sigue intacta la toma de tierras en Villa Mascardi, donde varias propiedades privadas han sido incendiadas y sus dueños agredidos o amedrentados. También se han usurpado predios contiguos al Parque Nacional Nahuel Huapi. Quienes llevan a cabo estas acciones son personas dominadas por impulsos mesiánicos que pretenden reconstruir la “nación mapuche”, como oposición a un único enemigo: el Estado argentino. Las denuncias de los ciudadanos han cobrado insignificancia, se volatilizaron. Nuestras autoridades permanecen indiferentes para no cumplir con el deber de desalojar a los intrusos del territorio que deberían amparar, con el pretexto de enmarañados problemas de competencia, derrumbando así todo sentido de razonabilidad y justicia. En otras palabras, convalidando el delito. Han perdido la costumbre de enfrentar los desafíos de ejercer el poder cuando hacerlo conlleva el riesgo de perder una porción de votos en un país que está permanentemente en campaña política.
Urge que la Justicia retome la senda de la que nunca debió haberse apartado, que castigue a los usurpadores, responsabilice a los funcionarios que no cumplen sus deberes como corresponde y, al mismo tiempo, restaure los derechos de todos los ciudadanos argentinos
Las ministras nacionales de Seguridad y de Justicia, Sabina Frederic y Marcela Losardo, respectivamente, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, han visitado el lugar. Han ensayado una “mesa de diálogo” olvidando que desconocer los derechos amparados por nuestra Constitución no resulta negociable. Incluso una fotografía reciente muestra a Frederic junto a los usurpadores que desconocen la soberanía argentina, en una mesa de diálogo cubierta por la bandera de la violenta Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que recientemente incendió nuestro símbolo nacional.
Semanas atrás, las fuerzas de seguridad han realizado un vistoso desfile de tanques de guerra por la ruta 40, que no ha sido sino un paseo para ratificar lo que ya era evidente: hay varios terrenos usurpados por personas que llevan sus caras tapadas y agreden con piedras y armas a quienes intentan acercarse a ese lugar.
La “cuestión mapuche” ha ganado notoriedad debido a la escalada de un conflicto que lleva años y que ha incrementado la violencia no solo en Río Negro, sino también en Chubut y Neuquén. Algo similar a lo que está ocurriendo en Chile. Sin embargo, es importante señalar que en nuestro país hay más de 200 comunidades mapuches y mapuches-tehuelches formalmente identificadas, la mayoría de las cuales reclaman sus derechos de manera pacífica, de modo que sería equivocado identificar con ellas el proceder violento y fuera de la ley de grupos que no se encuentran formalmente registrados ni resultan representativos ni del pueblo mapuche ni de las demás comunidades originarias en el país.
Necesitamos una Justicia que impida, en definitiva, acciones incompatibles con las más elementales normas de la civilización en una democracia
Paradójicamente, el accionar de los grupos violentos ha sido tolerado y a menudo ayudado por el Estado nacional y provincial, ignorando así que las usurpaciones representan un menoscabo a la soberanía y causan múltiples quebrantos económicos. Solamente las tomas de tierras y la destrucción de inmuebles en Mascardi en los últimos tres años han provocado pérdidas estructurales por varios millones de dólares. Se registraron daños en el complejo recreativo Ruca Lauquen, en el Colegio San José; en el predio Hueche Ruca, del Obispado de San Isidro; en el conjunto de cabañas de Gas del Estado, en las cabañas La Cristalina, La Escondida y en Los Radales. Todos fueron saqueados e incendiados. Lo mismo ocurrió en el ex Hotel Instituto Obra Social (IOS), que iba a convertirse en la Escuela de Guardaparques y fue desmantelado por completo para usar sus maderas o las chapas de los techos. Incluso, se comenzó a vender leña perteneciente al Parque Nacional Nahuel Huapi a los turistas que pasan el día en el camping del lago Mascardi. A lo que deberían sumarse los gastos de viajes de funcionarios, las “mesas de diálogo” y el tiempo invertido, entre otras cosas. Es cierto que ello no contempla las pérdidas en turismo para las personas que han desistido de visitar un área paradisíaca –que en verano concentraba visitantes como pocas otras– por temor a robos o daños que se producen en los ya conocidos cortes de ruta con cubiertas encendidas, gomeras, piedras y palos.
Varios agricultores han sido desalojados de sus tierras y no pocos propietarios o empresas han incurrido en voluminosos gastos para evitar las tomas o erradicar a los delincuentes. Ello sin mencionar los ya conocidos perjuicios ocasionados a las empresas explotadoras del yacimiento Vaca Muerta, donde las comunidades utilizan argumentos territoriales, ambientales e incluso espirituales con el fin de entablar espacios de negociación con las empresas para luego solicitar la transferencia directa de dinero en el marco de “acuerdos de convivencia”. Es conocida la denuncia realizada por YPF en 2017, cuando fueron suspendidas 14 perforaciones a raíz del conflicto con comunidades mapuches en Neuquén: le habrían exigido a la empresa una compensación de unos 3 millones de pesos por cada pozo perforado. Se trata de prácticas extorsivas donde se impone la contratación de personas, de determinadas empresas de transporte o simplemente el pago de peajes para ingresar equipos de perforación. Estas “regalías culturales” se destinan a empresas creadas con ese fin por miembros de las comunidades que se han instalado en sitios estratégicos, donde pasan gasoductos o donde se encuentra agua, calificados unilateralmente como sagrados sobre la base de inspiraciones o sueños.
Estamos frente a una tragedia si como sociedad no conprendemos una evidencia irrefutable: todas las usurpaciones comparten una única motivación: crear en territorio argentino la “nación mapuche”
Resulta obvio que estos grupos mantienen estrechas relaciones con dirigentes políticos que, por acción u omisión, contribuyen a la supuesta “recuperación del territorio mapuche” o acuden en ayuda de los violentos por el tabú de hacer lo que entienden como políticamente correcto o simplemente por conformar el mercado clandestino de la política. Es la única manera de justificar que un conjunto de encapuchados tenga el derecho de apropiarse del territorio de un parque nacional y a devorarle ese espacio a la ciudadanía.
La demora permanente en la solución de múltiples causas y denuncias judiciales tampoco es ajena a la política y la propia complejidad de su abordaje no hace sino retrasar la resolución de los expedientes y, por lo tanto, colaborar con la delincuencia. Ocurre que la Justicia Federal interviene en las ocupaciones a los predios de parques nacionales y la Justicia provincial lo hace cuando las usurpaciones y los daños ocurren en propiedades privadas, aun cuando la división entre ambos terrenos sea un simple alambrado.
Solamente las tomas de tierras y la destrucción de inmuebles en Mascardi en los últimos tres años han provocado pérdidas estructurales por varios millones de dólares
Todo eso lleva al núcleo de la cuestión: las autoridades de Parques Nacionales, que curiosamente ven con simpatía la presencia de comunidades en el Nahuel Huapi, no impulsan la causa, ya que su progreso implicaría arribar a la instancia donde se ordena el desalojo. La mala noticia es que el éxito de los reclamos de los propietarios privados en la Justicia provincial no evitaría que, a centímetros de su propiedad, vecina del parque nacional, continuaran libremente sus propios usurpadores. En suma, estamos frente a la tragedia de una Justicia que no ha comprendido una evidencia irrefutable: todas las usurpaciones comparten una única motivación: crear en territorio argentino la “nación mapuche”. Es cierto, pueden ser hechos diferentes, sucesivos o simultáneos, pero inescindibles entre sí, y que tienen un mismo objetivo final: crear una nación independiente dentro del territorio argentino. Y este hecho incontrastable constituye suficiente fundamento para que todo el sistema de justicia afronte de manera lúcida y coordinada la problemática y no permanezca atontada por tecnicismos que multiplican las investigaciones –al tratar cada una de modo independiente– y prolongan las causas, debilitando así la defensa de quienes han sido usurpados. Es cierto que crear una nación dentro de la Argentina no ocurrirá, pero es posible que los hechos continúen generando más violencia, daños e injusticias en la medida en que sean serviles a una política que, con el objetivo de domesticar a la sociedad o conquistar un puñado de votos, desprecia la soberanía del país.
Ojalá la Justicia sea, nuevamente, la que castigue a los usurpadores responsables, responsabilice a los funcionarios que no cumplen con su tarea y, al mismo tiempo, restaure los derechos de todos los ciudadanos argentinos. En síntesis, que tenga la habilidad de impedir que acciones incompatibles con las más elementales normas de la civilización sean admisibles en una democracia.
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