El control de los partidos políticos

La decisión del presidente Eduardo Duhalde de vetar parcialmente la ley de financiamiento de los partidos políticos, que asignaba funciones de control en esa materia a la Auditoría General de la Nación (AGN), debe ser bienvenida. El jefe del Estado ha considerado, con toda razón, que ese control debe quedar en manos de la Justicia Electoral.

Por lo demás, sería conveniente que se tuviera en cuenta la posibilidad de que representantes de las organizaciones no gubernamentales pudieran colaborar también en el control de la transparencia de las normas relativas al funcionamiento de los partidos políticos y a la aplicación de las leyes electorales.

Correspondería prestar atención, en ese sentido, a una iniciativa que ha presentado el Foro Social para la Transparencia, que prevé la creación de una agencia federal electoral integrada por miembros de las ONG, de los colegios profesionales, de los sectores académicos y de otras instituciones de carácter privado. La función de ese organismo consistiría en ayudar a crear mecanismos de participación ciudadana y a garantizar la limpieza de los procedimientos democráticos.

La propuesta incluye, asimismo, una reorganización de la Justicia Electoral, tendiente a lograr su fortalecimiento y a mejorar su especialidad de fuero. Así, entre otras medidas institucionales, se postula el otorgamiento de plena autonomía a la Cámara y su autarquía económico-financiera, así como la creación del cargo de fiscal de Cámara y de un fuero específico que se corresponda con las características de autonomía que hoy se le reconoce al derecho electoral.

La ley 25.600 incurrió en algunos errores, como haberle dado a la AGN, un organismo de composición política, un papel protagónico en la supervisión de los gastos de los partidos, competencia que hasta el presente siempre había sido ejercida por la Justicia en forma exclusiva. Es difícil también comprender otros deslices en los que incurrieron los legisladores, como el haber expresado el límite de los aportes partidarios en pesos, que por efecto de la inflación pronto quedaría desactualizado y dejaría de aplicarse, en perjuicio de la vigencia de la norma.

Del mismo modo, también es confusa la determinación del tope de los gastos que puede hacer cada agrupación durante la campaña electoral. El Presidente, al haber observado varios de los artículos de la ley, vino a solucionar el primero de esos problemas y dejó en claro que seguirá siendo el Poder Judicial el principal responsable de controlar el origen y la utilización de los fondos partidarios. Pero esto no significa que la Justicia deba prescindir de la colaboración de aquellos actores que pueden contribuir a transparentar el financiamiento partidario.

En efecto, la formación del patrimonio de los partidos y el manejo de esos millonarios recursos es una de las cuestiones más delicadas en la democracia. Los aportes a los partidos son muchas veces la vía que utilizan los intereses económicos para influir en la toma de decisiones políticas.

No cabe duda de que la sociedad reclama un cambio. Llegó el momento de que se instrumenten todos los recaudos para volver a darles a los partidos políticos la función para la que originariamente fueron concebidos. Para conseguir esos objetivos, la Justicia no debería prescindir de los aportes que puedan realizar otros actores de primer nivel. Las ONG, por ejemplo, ya demostraron su eficacia para calcular el gasto que hicieron los partidos en publicidad de campaña, a la vez que son un cauce adecuado para canalizar el deseo que tienen miles de habitantes de participar en los asuntos públicos.

Además, la ya mencionada propuesta del Foro Social para la Transparencia toma en cuenta otras experiencias del derecho electoral latinoamericano comparado, que con base en la constitución costarricense ha posibilitado un avance significativo en la gestión de asuntos de fundamental importancia para toda democracia consolidada.