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El corte de ruta, un recurso intolerable
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Las personas que anteayer intentaron ingresar en la ciudad de Buenos Aires desde la zona sur tropezaron con una barrera insalvable. Más de siete mil piqueteros habían cortado las rutas de acceso en cinco puntos estratégicos y habían clausurado el tránsito, mientras reclamaban de las autoridades la creación inmediata de 50.000 puestos de trabajo.
La zona se convirtió en una verdadera pesadilla para los ocupantes de los automóviles que intentaban avanzar hacia la Capital Federal. Familias enteras que regresaban de sus vacaciones debieron soportar esperas intolerablemente prolongadas.
Distribuidos en los puentes Pueyrredón, Avellaneda, Alsina y la Noria y en la Autopista a La Plata, los activistas se habían adueñado prepotentemente, como en tantas otras oportunidades, del espacio público. El corte se extendió también al Acceso Oeste y a otras vías de llegada a la Capital Federal, con lo cual el problema se agravó significativamente.
Resulta inconcebible que se siga vulnerando con tanta impunidad el derecho constitucional de los habitantes de la Nación de transitar libremente por las rutas de la República. Que un grupo de agitadores -por atendibles que sean sus argumentos y sus reclamos- se arrogue la facultad de privar a otras personas de un derecho que la ley suprema les reconoce de manera expresa resulta una aberración y conforma un inaceptable atropello.
¿Cómo es posible que en nombre de una reivindicación social se ocupe tumultuosamente una ruta y se ocasione un desorden descomunal en la vida de una comunidad? ¿Cómo es posible que se siga incurriendo en el abuso de hacer recaer las consecuencias de un conflicto sectorial sobre ciudadanos completamente ajenos a él?
Al eludir su responsabilidad de preservar el orden público y de garantizar el ejercicio de los derechos individuales, las autoridades cometen una gravísima falta. Su deber es impedir estas usurpaciones arbitrarias de los espacios de uso común, que tanto conspiran contra la convivencia social y la seguridad general.
No debe olvidarse que en un tumulto de esta clase se produjo recientemente un hecho trágico: el conductor de un automóvil al que se le impedía circular disparó un arma de fuego y un piquetero quedó herido de muerte. Como lo dijimos en esta misma columna editorial a raíz de ese desdichado episodio, en los tumultos y en los forcejeos que se generan cuando un grupo de activistas corta una ruta está contenida la probabilidad de un estallido de violencia por el que tal vez haya que pagar un alto precio.
Es hora de que los cortes de ruta sean erradicados de la vida argentina, no sólo por el perjuicio que ocasionan a quienes se ven privados de un derecho esencial, como es el de transitar por el territorio nacional, sino también porque constituyen una deprimente señal del desorden social en que vivimos y del desprecio que algunos sectores suelen tener por los derechos ajenos.
Impedir que el espacio público sea utilizado desaprensivamente como prenda de negociación será la mejor manera de contribuir a restablecer el respeto hacia la ley y hacia las instituciones, que tan grave nivel de deterioro exhibe en estos tiempos.
La Argentina tiene que dejar de ser el país en el que encuentran ocasión de manifestarse todas las variantes imaginables de la prepotencia y el desorden. Cuando la libertad de expresión y el derecho de peticionar a las autoridades se ejerzan sin violencias y sin vulnerar la Constitución y sin causar perjuicio a otros ciudadanos, los argentinos habremos dado un paso fundamental hacia el pleno restablecimiento del orden institucional hoy vulnerado.
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