El deporte y la política: pasar del dicho al hecho

(Parte II y última)

Nadie discute la importancia del deporte y sus múltiples virtudes, menos aún los dirigentes políticos, muchos de los cuales han surgido incluso de esos ámbitos. Contenido habitual de sus exposiciones o declaraciones, disfrutan de fotografiarse con deportistas que alcanzan diversos logros. Es que el deporte es siempre un tema popular, que suma adeptos y despierta interés, que vuelve simpático al más almidonado de los políticos y que, en definitiva, suma votos.

Pero la realidad es que al deporte se le otorga muy poca relevancia en la estructura administrativa del Estado, tanto nacional, provincial como municipal. Las áreas de deporte carecen generalmente de presupuesto propio y representan apenas un mero apéndice de otros sectores más grandes como desarrollo social, cultura o educación, o suelen formar parte de secretarías que se ocupan de muchos otros temas ligados con el deporte, como podría ser adultos mayores o turismo, o directamente ajenos a la actividad deportiva. En países más avanzados en gestión deportiva como Brasil la estructura del Estado contempla un Ministerio de Deportes.

Por otra parte, pero en el mismo espíritu, el presupuesto destinado a la práctica deportiva en nuestro país es ínfimo comparado con el asignado a otras áreas. Lo mismo ocurre en materia de infraestructura, donde también hay muchas falencias. La mayoría de los municipios bonaerenses carece de una pista de atletismo, símbolo del deporte ícono de los Juegos Olímpicos. Incluso el fútbol, la máxima expresión deportiva respecto de adhesión popular y recursos, no cuenta con estadios relativamente modernos: la gran mayoría tiene más de 40 años.

El deporte carece también de desarrollo en materia legislativa. Las leyes son pocas, muy antiguas y esperan durante años una reglamentación que muchas veces no llega e impide su efectiva aplicación. En la esfera municipal, casi no hay ordenanzas que lo impulsen seria y eficazmente y figuras valiosas como el patrocinio deportivo, las tutorías o el mecenazgo están a la espera de una también demorada decisión política. Muchas empresas que pueden y quieren colaborar con el desarrollo del deporte no encuentran la vía ni el sustento legal para justificar sus erogaciones, y los deportistas deben penar para conseguir equipamiento, indumentaria o pasajes, por mencionar solo algunas necesidades habituales.

Otra falencia grave de la dirigencia política se observa en lo relativo a las estadísticas deportivas. El organismo oficial, Indec, no aborda estas temáticas. Desde los Estados tampoco se realizan encuestas cuantitativas ni cualitativas, por lo cual los datos duros en esta materia son prácticamente inexistentes en nuestro país.

Como en cualquier otra área, sin información precisa, seria y confiable, no es posible delinear políticas públicas deportivas que permitan dar un correcto destino a los recursos de todos. Así, las asignaciones dependerán siempre de la subjetividad, la conveniencia o el capricho y nunca del necesario profesionalismo. Otros países de la región como Uruguay han avanzado notoriamente, y ni qué decir de España, que cada año publica un Anuario de Estadísticas Deportivas, con información clave para conocer la situación del deporte, observar su evolución y planificar el futuro.

Tampoco tiene desarrollo lo relativo a la enseñanza del deporte. Miles de clubes, pequeños y medianos, y de entidades deportivas de todo el país no encuentran contención en programas que los ayuden a poner en regla sus papeles, a administrarse, a canalizar la ayuda de privados, a optimizar sus recursos o a generar nuevas fuentes de financiamiento.

No hay carreras de grado con eje en el deporte, sino simplemente algunos cursos y seminarios sobre management deportivo o derecho deportivo, por ejemplo, que son fruto del esfuerzo de actores privados.

En un tema clave como la seguridad en los estadios, aunque se percibe una mejora en los últimos años, resta mucho por hacer para desmantelar la estructura delictiva armada alrededor de los barrabravas, que siguen contando con poderosos y extensos brazos y ramificaciones. Se requieren mayor firmeza y voluntad política para orquestar la tarea conjunta de todos los vinculados con esa situación: la Justicia, las fuerzas de seguridad y los propios dirigentes deportivos. Estos últimos, más allá de sus encendidos discursos contra los violentos, son muchas veces cómplices del descalabro, por inacción u omisión. No los combaten con el rigor que deberían y quien se jugó el pellejo para derrotarlos, como el expresidente del Club Independiente de Avellaneda, Javier Cantero, terminó expulsado por el propio sistema que los protege y apaña. No encontró en sus colegas las expresiones de solidaridad que la situación exigía. Incluso, los jugadores de fútbol deberían ser más enérgicos en el rechazo, sin prestarse a fotos y malos entendidos, condenando a estos violentos de manera inequívoca.

Sin perjuicio de celebrar hechos destacables como la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) o la organización de los recientes Juegos Olímpicos de la Juventud, resta por recorrer un largo camino para que el deporte refleje la importancia que la dirigencia política dice atribuirle. Es tiempo entonces de pasar del dicho al hecho.